Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
Israel desobedece sentencia de la Corte Internacional de Justicia que ordena evitar genocidio al no permitir la llegada a Gaza de ayuda humanitaria adecuada
Un mes después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenase la adopción de “medidas inmediatas y efectivas” para proteger a la población palestina en la Franja de Gaza ocupada del riesgo de genocidio asegurando suficiente asistencia humanitaria y permitiendo servicios básicos, Israel ni siquiera ha tomado las medidas mínimas indispensables para cumplir esa orden, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
27 febrero 2024
Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
Israel debe poner fin a su ocupación de Palestina para dejar de alimentar el apartheid y las violaciones sistemáticas de derechos humanos
Israel debe poner fin a la brutal ocupación de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que mantiene desde 1967. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional con ocasión del comienzo de las vistas públicas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para estudiar las consecuencias jurídicas de la ocupación prolongada israelí.
19 febrero 2024
Perú: A un año del inicio de las protestas, las víctimas no son aún el centro de las investigaciones
Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de uno de los episodios más graves de violaciones generalizadas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, afirmó Amnistía Internacional 12 meses después del inicio de la oleada de protestas que estalló en todo el país y dejó un saldo de 49 civiles fallecidos y centenares de heridos ante la represión militar y policial.
06 diciembre 2023
Las autoridades peruanas deben respetar el derecho de las víctimas
En respuesta a la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC), que ordena la liberación del expresidente Alberto Fujimori, Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a garantizar, y no poner en riesgo, el derecho a la verdad, justicia, y reparación de las víctimas y de sus familiares.
05 diciembre 2023
NUEVE MEDIDAS URGENTES PARA QUE HAYA JUSTICIA Y PROTECCIÓN EFECTIVA PARA SUS DEFENSORES EN PERÚ
El terrible asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado, líder de la Comunidad Nativa Santa Rosillo de Yanayacu en la Región San Martín, el día 29 de noviembre del 2023, suma una nueva víctima de la violencia desatada en la amazonía peruana. El Apu Quinto dedicó su vida a la protección de su territorio y del bosque Amazónico, para salvaguardar el futuro de su pueblo. Fue asesinado mientras regresaba de un encuentro de defensores ambientales, donde volvió a presentar la situación actual de amenazas a su comunidad de parte de los actores de siempre: traficantes de tierras, narcotraficantes y taladores ilegales.
04 diciembre 2023
Perú. En riesgo el derecho a justicia de las víctimas de la represión estatal
En respuesta a la denuncia constitucional presentada ayer por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de la presidenta Dina Boluarte y altos ministros, las autoridades deben mantener su responsabilidad de garantizar verdad, justicia y reparación para las 49 personas que murieron en el contexto de la represión estatal que inició hace casi un año en Perú, dijo Amnistía Internacional.
28 noviembre 2023
A tres años de las movilizaciones de noviembre de 2020, persiste la impunidad y víctimas no acceden a justicia
A vísperas de cumplirse tres años de las movilizaciones de noviembre del 2020, en Lima, aún no hay responsables por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo (24) y Bryan Pintado (22), quienes fueron asesinados en el marco de la represión estatal.
14 noviembre 2023
A 20 años de la entrega del Informe Final de la CVR, el camino a la justicia es lento y revictimizante
En el vigésimo aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al Estado peruano, sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Perú, entre los años 1980 y 2000, Amnistía Internacional expresa su preocupación por el lento y parcial cumplimiento de las recomendaciones formuladas, lo cual se expresa en miles de víctimas y familiares que continúan a la espera de justicia y reparación integral efectiva. Esta situación, sumada a que persisten las condiciones en las que se desarrolló el conflicto armado interno, no permite que se generen las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.
28 agosto 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Desprotegidas: Violencia basada en género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú
En Colombia y Perú, los dos principales países receptores de población refugiada venezolana en la región, las mujeres venezolanas enfrentan múltiples formas de violencia en el espacio público, en sus casas y en el trabajo. Sin embargo, no logran acceder a la justicia ni a los servicios de salud, debido a la existencia de estereotipos relacionados con su género, nacionalidad, e identidad de género, entre otras, los cuales también significan enfrentar nuevos episodios de violencia y discriminación cuando intentan presentar una denuncia. Para muchas, la falta de estatus migratorio regular y de información sobre sus derechos agudiza estas dificultades. Este informe expone cómo las autoridades colombianas y peruanas están fallando en garantizar los derechos de las mujeres venezolanas a una vida libre de violencia y discriminación.
12 julio 2022
PERÚ: SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE INDULTO A FUJIMORI VIOLA OBLIGACIONES DE DERECHOS HUMANOS
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la supervisión de cumplimiento de sentencia de los Casos Barrios Altos y La Cantuta, debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que esta sentencia del Tribunal Constitucional de Perú. que restituyó el indulto a Alberto Fujimori, se convierta en un obstáculo para el goce del derecho a la verdad, justicia y reparaciones de las víctimas y sus familiares.
29 marzo 2022
Venezuela: Nueva investigación muestra cómo la represión calculada del gobierno de Maduro podría configurar el crimen de lesa humanidad de persecución
La política de represión en Venezuela se ha sustentado en la coordinación entre los ataques y mensajes estigmatizantes emitidos en medios de comunicación con conexiones al gobierno de Nicolás Maduro y las detenciones arbitrarias por motivos políticos realizadas por las fuerzas de seguridad bajo su mando, con un marcado carácter de discriminación política, concluye una nueva investigación de Amnistía Internacional publicada hoy en conjunto con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
10 febrero 2022