FIRMA LA PETICIÓN
Todas las personan tienen derecho a protestar, a reunirse y a expresar sus opiniones de forma pacífica. A lo largo de la historia, la protesta ha sido un catalizador del cambio y un poderoso medio para decir la verdad al poder. Sin embargo, el derecho a protestar nunca había estado tan amenazado como lo está hoy. El derecho a la protesta está siendo sometido a una amenaza creciente y sin precedentes.
En Perú el derecho a la protesta ha sido atacado muchas veces. No solo se recurre al uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad para reprimir a personas que ejercen su legítimo derecho a protestar, sino que muchas veces los daños ocasionados no son investigados ni se haya a los responsables. Esto inhibe a las personas a seguir ejerciendo este derecho. Uno de los casos más emblemáticos en los últimos años ocurrió entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020, cuando cientos de miles de personas salieron en todo el país a protestar. Amnistía Internacional verificó que agentes policiales hicieron uso ilegal de la fuerza contra manifestantes pacíficos y contraria a estándares internacionales, lo que incluyó el uso de disparos de municiones y gas lacrimógeno. Como consecuencia, el 14 de noviembre del 2020 se produjo la muerte de dos jóvenes (Inti Sotelo, de 24 años; y Bryan Pintado, de 22 años), y decenas de personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.
Lamentablemente las investigaciones fiscales están paralizadas y el Poder Judicial todavía no ha reconocido a la Sala Penal Nacional como instancia competente para resolver la denuncia penal, debido a la complejidad del caso. Asimismo, pese a que las víctimas, han recibido algunos apoyos económicos y atención en salud, este no ha sido suficiente y muchas siguen teniendo que enfrentar costosos tratamientos de salud. Por último, las garantías de no repetición no han sido suficientes y sigue vigente la ley de protección policial, con lo que nada garantiza que no vuelva a ocurrir y que siga habiendo impunidad en posibles futuros casos similares.
- Es indispensable que las autoridades garanticen el derecho a la protesta pacífica y, para este caso en particular, exigimos verdad, justicia y reparaciones para las víctimas. Para ello:El Ministerio Público y Poder Judicial debe reanudar de manera inmediata las investigaciones y poner todos los recursos disponibles para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales y movilizaciones del 10 al 15 de noviembre del 2020, y llevar a los culpables ante la justicia.
- Las autoridades deben establecer garantías de no repetición, como la derogación de la Ley de Protección Policial, contraria a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza pública en casos de manifestaciones sociales, de tal manera que se garanticen los derechos humanos en las protestas pacíficas.
Súmate a las miles de personas en todo el mundo que unen fuerzas para reclamar nuestras libertades y expresa tu compromiso ahora mismo con la protección de la protesta.