El terrible asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado, líder de la Comunidad Nativa Santa Rosillo de Yanayacu en la Región San Martín, el día 29 de noviembre del 2023, suma una nueva víctima de la violencia desatada en la amazonía peruana. El Apu Quinto dedicó su vida a la protección de su territorio y del bosque Amazónico, para salvaguardar el futuro de su pueblo. Fue asesinado mientras regresaba de un encuentro de defensores ambientales, donde volvió a presentar la situación actual de amenazas a su comunidad de parte de los actores de siempre: traficantes de tierras, narcotraficantes y  taladores ilegales.

Durante los últimos dos años, al menos 14 personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente fueron asesinadas en Perú, y ante el crecimiento de actividades como la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras, numerosos defensores enfrentan cada vez más amenazas y ataques.  

“Defender la tierra, territorio y medioambiente no puede seguir costando vidas en Perú. La situación de violencia que enfrentan las personas defensoras en el país, quienes vienen ejerciendo su importante rol de cuidado del planeta solas, sin medidas de protección gubernamentales efectivas, y en un clima de creciente hostilidad e impunidad, es inaceptable”, ha declarado hoy Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Tierra. 

Como parte de nuestra campaña “Marca los derechos humanos”, que busca colocar en agenda pública y política temas estratégicos de derechos humanos en el contexto electoral, hemos organizado la serie de programas “Conversaciones KN95”, un espacio de diálogo virtual que reúne las voces, pensamientos y utopías de un panel interdisciplinar.

En los últimos años más de 5,4 millones de personas ha huido de Venezuela, producto de la grave crisis política, socioeconómica y de derechos humanos que atraviesa ese país. Más de un millón de estas personas llegó a Perú, y casi la mitad solicitó la condición de refugiado, convirtiendo a este país en el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos. 

En Perú, comunidades de los Andes y la Amazonía se han unido para defender la salud de las familias y personas afectadas por la contaminación de metales tóxicos. Para lograrlo, han conformado la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, iniciativa que acaba de ser reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Mujeres indígenas, rurales y urbanas son particularmente afectadas en esta lucha diaria y ahora están decididas a ponerle fin a la contaminación de sus cuerpos, tierras y ríos. Exigen a las autoridades estatales determinar responsabilidades y brindar soluciones inmediatas.

Por Laith Abu Zeyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Israel y Palestina El 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, el director ejecutivo de TripAdvisor Stephen Kaufer publicó un artículo de opinión en el que instaba a las empresas a ayudar para abordar la crisis mundial de refugiados y se comprometía a donar millones de dólares a organizaciones humanitarias “para apoyar y ayudar a las personas refugiadas a rehacer su vida y recuperar su futuro”. Esta sería, por supuesto, una iniciativa encomiable, de no ser porque es contraria al espíritu de otras prácticas de la empresa. Aunque TripAdvisor ha decidido ayudar a las personas refugiadas en ciertos lugares del mundo, en otros —en concreto los Territorios Palestinos Ocupados— está contribuyendo al sufrimiento de la población local, que es fuente de una de las mayores comunidades mundiales de personas refugiadas. Durante las siete últimas décadas, las implacables políticas israelíes de confiscación de tierras, asentamiento ilegal y desposesión, sumadas a la discriminación generalizada, han infligido una miseria inmensa a la población palestina y la han despojado de sus derechos fundamentales. TripAdvisor también ha contribuido a este abuso continuo.

Las mujeres defensoras de derechos humanos en Perú están expuestas a diferentes peligros que colocan en riesgo sus vidas. Si bien el Estado no cuenta con un registro oficial de ataques o incidentes en su contra, son cada vez más evidentes y preocupantes los patrones de violencia y el ambiente hostil que enfrentan al defender los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente, los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, los derechos LGTBI, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

Amnistía Internacional saluda la reciente aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en Perú, e insta a que este impulse, entre otras iniciativas, una política integral y medidas de obligatorio cumplimiento que efectivamente garanticen que las y los defensores en riesgo puedan continuar con sus labores en un ambiente propicio y seguro. El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia de Perú publicó la Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS que aprueba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta acción del gobierno peruano es un primer paso para garantizar la seguridad y protección de las valientes personas defensoras que se encuentran en riesgo en el país simplemente por su labor de defensa de los derechos humanos. La adopción del Protocolo es también una medida importante para asegurar la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, así como para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Perú en el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Amnistía Internacional lleva años documentando la situación de riesgo de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo, incluido Perú. En el informe Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, la organización expresó su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar particularmente el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente en el país, como son los casos de Oscar Mollohuanca Cruz y otros en Cusco; de 16 personas defensores de derechos humanos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en Cajamarca, que enfrentaron cargos por participar en protestas, o de Máxima Acuña, campesina del norte del Perú, que ha sufrido ataques violentos de la policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive, entre muchos otros casos. Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por ataques y la estigmatización contra mujeres defensoras de derechos humanos en ámbitos como la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI y la libertad de expresión.  

“El mes.” “Esos días.” “El periodo.” Mucha gente prefiere no llamar a la menstruación por su nombre. Pero hay partes del mundo donde el estigma en torno a la menstruación va mucho más allá de los eufemismos. Para algunas niñas, menstruar supone estar escondidas en corrales o tener prohibido entrar en sus casas; otras no tienen medios para adquirir tampones y compresas y tienen que arreglárselas con trapos. Algunas mujeres incluso han sido detenidas o interrogadas por desarrollar actividades pacíficas para acabar con este estigma. No obstante, las cosas están empezando a cambiar. Hemos hablado con cinco brillantes activistas de los derechos humanos que están rompiendo los tabúes existentes en torno a la menstruación. Zhanar Sekerbayeva, de 36 años, es activista LBQ y fundadora de Feminita, iniciativa que promueve el feminismo y protege los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer en Kazajistán. En Kazajistán seguimos sin poder llamar a la menstruación por su nombre. La gente utiliza eufemismos como “tía roja”, “esos días” o “ejército rojo”. Mi mamá es pediatra, y cuanto tuve mi primera regla me dio un trozo de tela, sin explicarme para qué era ni cómo utilizarlo. En el colegio, si la regla le cala la ropa a una niña, todas se ríen de ella, y la profesora la manda a casa. Hay personas que entierran fuera las bragas con sangre, mientras que otras utilizan trapos contaminados, que les causan daños reproductivos.

  El 15 de mayo, Día de la Nakba, se conmemora el desplazamiento de más de 700.000 personas palestinas tras la creación del Estado de Israel en 1948. Mas de 70 años después, Israel niega todavía a la población palestina refugiada el derecho a regresar a su tierra. En su web especial sobre la Nakba Amnistía Internacional describe las terribles dificultades a que se enfrenta la población palestina refugiada en Líbano, Jordania y los Territorios Palestinos Ocupados. Al no respetar el derecho al regreso de las familias palestinas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en 1948, Israel comete una violación flagrante del derecho internacional, con la que lleva decenios causando sufrimiento a escala masiva cuando se cumplen 71 años de la Nakba (catástrofe), como llama la población palestina aquellos hechos.

Margoth Escobar se encontraba en una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Puyo (Amazonas ecuatoriano) el pasado septiembre cuando una vecina llamó para avisar de que su casa estaba en llamas. El fuego destruyó la vivienda de Escobar y artesanías valoradas en más de 50.000 dólares estadounidenses que, junto con otras mujeres, la activista tenía previsto vender durante el periodo navideño. El cuerpo de bomberos de la localidad afirmó que se trataba de un acto de incendio provocado contra Escobar, que es miembro de Mujeres Amazónicas, un colectivo de mujeres principalmente indígenas que se han unido para defender su tierra y el medio ambiente de la extracción petrolera y minera.

Actividad busca generar conciencia sobre la importancia de proteger a las personas que defienden la tierra y el medio ambiente.  Organización llama al Estado peruano a firmar el Acuerdo de Escazú como primer paso para crear una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos.

Las autoridades peruanas están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos. El informe “Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” es parte de la campaña global “Valiente” de Amnistía Internacional, que busca generar conciencia sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y la implementación de políticas para su protección.

Las autoridades de Perú y Paraguay están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar cuestiones de derechos humanos.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.