“El ejército israelí lanzó proyectiles de artillería que contenían fósforo blanco —un arma incendiaria— en operaciones militares a lo largo de la frontera sur de Líbano entre el 10 y el 16 de octubre de 2023”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. “Debe investigarse como crimen de guerra un ataque contra la localidad de Dhayra el 16 de octubre porque fue un ataque indiscriminado que hirió al menos a nueve civiles y causó daños a bienes de carácter civil, y, por tanto, fue ilegítimo”, dijo la organización.

En respuesta a la crisis que enfrentan personas en necesidad de protección internacional en la frontera entre Chile y Perú, Amnistía Internacional expresa su preocupación en una carta abierta a ambos gobiernos, y los exhorta a actuar en línea con sus obligaciones internacionales en materia de protección internacional y derechos humanos.

Ante las medidas implementadas por los gobiernos de Chile y Perú de militarizar sus fronteras, y el estado de emergencia declarado ayer por el gobierno de la presidenta Boluarte en Perú en respuesta a la llegada de personas migrantes, principalmente provenientes de Venezuela y Haití, Amnistía Internacional recuerda a los gobiernos que se trata de una crisis de personas en necesidad de protección internacional, quienes requieren una atención integral que ponga los derechos humanos en el centro de la respuesta de ambos gobiernos.

Amnistía Internacional rechaza la criminalización de la migración y expresa su preocupación por la reciente expulsión de 32 personas extranjeras (29 mujeres y tres hombres) quienes fueron intervenidas en un operativo ad hoc en Piura y trasladadas a la frontera con Ecuador para su expulsión.

En el contexto del incremento de la militarización de las fronteras peruanas con la pretendida intención de resguardar las mismas y limitar el flujo migratorio hacia el país, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo hoy:  “El uso de personal militar para labores de control migratorio supone un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, debido a que carecen de la formación y de las herramientas adecuadas para tal función. Prueba de ello es el evento reciente ocurrido en Tumbes, en la frontera con Ecuador, en el que personal del Ejército peruano disparó armas de fuego al aire para dispersar personas indefensas, entre ellas niños y niñas.” “Esto no solo contraviene la normativa internacional y peruana sobre empleo de la fuerza y armas de fuego, sino que siembra el pésimo precedente de usar armas de este tipo para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional. Las autoridades peruanas deben investigar y juzgar este tipo de hechos para que no se repitan. Asimismo, deben limitar el uso de las fuerzas armadas en actividades de gestión migratoria con el fin de evitar una tragedia, y actuar conforme a los estándares internacionales, brindando protección a quienes la necesitan.”

Perú está traicionando su tradición de solidaridad con las personas venezolanas que buscan protección, a quienes ahora rechaza deliberadamente en la frontera. Así lo ha revelado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe, Buscando refugio: Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela.

Desde 2018, el gobierno estadounidense lleva a cabo una campaña, ilegítima y discriminatoria, de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera de EE. UU.-México, dice Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

De Kumi Naidoo Les ofreció comida, agua y un lugar donde quedarse. Pero, según la fiscalía estatal de Arizona, la acción compasiva del voluntario Scott Warren de proporcionar ayuda humanitaria básica a dos migrantes de Honduras, fue delictiva, hasta el extremo de que se abrió un controvertido proceso contra él que pudo acarrearle 20 años de cárcel. Aunque el sonado proceso ha terminado en juicio nulo este mes, el gobierno no ha retirado los cargos y persiste la amenaza de un nuevo juicio.  Esta táctica cada vez más utilizada por los gobiernos de perseguir a quienes han mostrado compasión hacia personas refugiadas y migrantes no sólo es contraria a los valores humanos fundamentales de la bondad y la decencia, sino que además representa una preocupante escalada de la represión de los derechos de las personas en movimiento. El caso particular de Scott Warren ha ocupado titulares en medios de comunicación de todo el mundo y es representativo de la hostilidad declarada del gobierno de Donald Trump hacia las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, hay muchas personas en Estados Unidos que sienten consternación por la tragedia humana que está sucediendo ante su misma puerta. En palabras del propio Scott Warren, "está muriendo gente a las afueras de nuestra ciudad, y eso es lo que me mueve a actuar". La muerte de personas que habían emprendido arriesgadas travesías por el árido desierto de Sonora (Arizona) no es un trágico accidente, sino la culminación de una política del gobierno federal aplicada desde hace años para disuadir de cruzar la frontera con Estados Unidos que consiste en cerrar las rutas migratorias existentes para obligar a la gente a tomar otras mucho más difíciles y peligrosas. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos han registrado 7.242 muertes en la frontera en los últimos 20 años, y Arizona es una de las zonas más letales, con casi 4 de cada 10 de estas muer

Amnistía Internacional y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes envían una delegación de su alta dirección para que observe el impacto de la política estadounidense sobre las personas solicitantes de asilo y migrantes que viajan hasta la frontera de Estados Unidos con México. La delegación, que estará allí del 27 al 31 de enero, se entrevistará con autoridades mexicanas y estadounidenses.

El anuncio por parte de las autoridades de migraciones que las personas de nacionalidad venezolana que ingresen al Perú luego del día 31 de octubre de 2018 no podrán acceder al Permiso Temporal de Permanencia (PTP) es un duro golpe para muchas de ellas que son forzadas a migrar debido a la violencia, la inseguridad y la falta de alimentos y medicinas en su país. Esta medida además aumentó la demanda de flujo migratorio en frontera y complicó la atención de solicitudes de refugio en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Tumbes en los últimos días.

Las autoridades estadounidenses deben poner fin de inmediato tanto a la separación de niños y niñas de sus familias como a la detención de las familias cuando llegan a la frontera de Estados Unidos con México para solicitar asilo, y al mismo tiempo deben reunificar sin demora a las miles de familias que continúan separadas como consecuencia de las políticas ilegítimas y lesivas del gobierno de Trump; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación al día mundial de acción contra estas prácticas previsto para el 30 de junio.

El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a la práctica de separar a padres y madres solicitantes de asilo de sus hijos e hijas y privarlos de acceso a los procedimientos de asilo mediante la detención prolongada; así lo ha afirmado Amnistía Internacional ante los informes sobre la adopción de una draconiana política de separación familiar por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense que se aplicará a todo el que se presente en la frontera de Estados Unidos con México. Hoy, el fiscal general Jeff Sessions ha aludido también a esa política en sus comentarios.  

“Las autoridades estadounidenses y mexicanas deben dejar de demonizar a las personas que integran la caravana centroamericana y respetar su derecho fundamental a pedir asilo”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, ante la llegada de la caravana a la frontera entre ambos países prevista esta semana.

e espera que el presidente Trump firme hoy una proclamación para enviar a la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México hasta que se construya un muro. Ayer, el presidente pidió también un nuevo empujón a la restricciones a la inmigración que haría más difícil solicitar protección en Estados Unidos.

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Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.