“La incertidumbre que sigue rodeando el brexit plantea serios problemas de derechos humanos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Aunque Amnistía no toma postura sobre el resultado del referéndum ni sobre si Reino Unido sale de la UE con acuerdo o sin él, la organización de derechos humanos ha señalado algunos problemas graves en materia de derechos humanos. Entre ellos están la posibilidad de que se reduzca el acceso a alimentos y medicinas, así como cuestiones sobre el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de la UE en Reino Unido, el derecho de inmigración y asilo, y el futuro del Acuerdo del Viernes Santo en Irlanda del Norte. Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido, ha manifestado: “Las garantías del gobierno hasta la fecha no han sido lo bastante buenas. Con acuerdo o sin él, el brexit plantea serios problemas de derechos humanos para quienes residen en Reino Unido."

Desde 2018, el gobierno estadounidense lleva a cabo una campaña, ilegítima y discriminatoria, de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera de EE. UU.-México, dice Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

El patrocinio comunitario une a personas de todo el mundo. En esencia, se basa en una idea sencilla pero radical: gente corriente que ayuda a las personas refugiadas a llegar a un nuevo país y asentarse en él. Con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, las personas que hacen patrocinio comunitario también contribuyen a cambiar la conversación sobre quienes buscan asilo, incluso en el más hostil de los entornos. Desde Reino Unido hasta Argentina, las personas patrocinadoras y las refugiadas cuentan sus historias: John Barker (centro), 71 años, de Londres (Reino Unido) Tras retirarme de la enseñanza hace cinco años, tenía ganas de encontrar algo a lo que dedicarme. Me encantaba trabajar con gente y sabía que quería hacer algo para ayudar a las personas refugiadas. Quizá se deba en parte a que mi padre fue un niño evacuado desde Bretaña a Nueva Zelanda durante la II Guerra Mundial Junto con mis amistades de la parroquia de Hampstead, decidí que el patrocinio comunitario era el camino. Formamos un grupo de patrocinio junto con iglesias de otras confesiones. Tardamos casi un año en traer a Reino Unido a Rahaf, Monther, a su hija Aseel y a su hijo Mohammad. Vivían en un campo de personas refugiadas de Jordania tras huir de Siria. He aprendido muchas cosas del patrocinio comunitario. Soy una persona retraída, pero patrocinar a Rahaf y a Monther me ha enseñado a luchar por otras personas, a pensar en cómo convencer a la gente para que se una a este programa y a elaborar estrategias para hacer las cosas. Me han enseñado mucho desde que llegaron. He aprendido sobre cultura musulmana y he visto que pueden ser amigas personas de todas las religiones. Veo mucho a la familia y estoy con ellos, sea porque necesitan ir a la oficina de empleo, usar el sistema de transportes de Londres o aprender inglés. Veo a Monther cada tanto para enseñarle inglés ¡y ha progresado mucho! También tomamos el metro juntos. Pensé en llevarlo a algún sitio pintoresco, así que fuimos a Charing Cross. Cuando vio el río, me agarró del brazo y dijo: “¡John, John!”, emocionado por cruzar el río, y empezó a hacer videollamadas a sus amigos en Jordania y Líbano, animándome a saludar. Es genial ver lo lejos que ha llegado la familia en ocho meses. Me emociona que los niños estén yendo a la escuela. Estamos aprendiendo mutuamente todos los días y es una maravilla. Incluso después de un día realmente horrible de trámites y papeleo, volveremos a su apartamento y harán la comida más deliciosa. Es muy importante apoyar a las personas que se han visto obligadas a huir de sus países. La gente vive en condiciones terribles; Reino Unido es un país rico y debemos hacer mucho más para ayudar. Hablando con otros patrocinadores, está claro que recibes del programa mucho más que lo que das.  

Hace unos años que las oficinas de Amnistía Internacional de cuatro continentes trabajan para apoyar a las personas refugiadas de un modo y en una escala sin precedentes. ¿La meta? Aumentar el número de personas que pueden comenzar su vida en un país seguro. ¿El método? El patrocinio comunitario. En esencia, el patrocinio comunitario se basa en la idea sencilla pero radical de que la gente corriente como tú puede desempeñar un papel clave ayudando a las personas refugiadas a llegar a un nuevo país y asentarse en él. Esto no sólo te permite trabajar a favor de un cambio positivo en el ámbito local, sino que, además, te incorpora a una comunidad global que está contribuyendo a cambiar la conversación sobre las personas que buscan asilo, incluso en el más hostil de los entornos.

Por Anna Shea, investigadora de Amnistía Internacional sobre Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes Al trabajar sobre los derechos de las personas refugiadas, he tenido el privilegio de conocer a solicitantes de asilo en muchos países del mundo. Una y otra vez me han impactado la generosidad y la hospitalidad que, invariablemente, muestran unas personas que han tenido que renunciar a todo lo que conocen en busca de una vida más segura. En muchas ocasiones me han ofrecido comida y bebida cuando a duras penas podían permitirse compartirla. En Turquía, una familia preparó pan plano relleno de perejil y espolvoreado de sal para mí y mi colega. En Melbourne me uní a un multitudinario banquete para celebrar que un hombre se había reunido por fin con su familia. Personas que vivían en tiendas en Turquía siempre se aseguraban de darme un vaso de zumo o de agua. Y los sirios y sirias —cuya insensibilización a la cafeína es fuente inagotable de fascinación para mí— me han hecho innumerables tazas de fragante café de cardamomo.

Las autoridades francesas han acosado, intimidado e incluso agredido violentamente a personas que ofrecen ayuda humanitaria y otro tipo de apoyo a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en el norte de Francia, en un intento deliberado de restringir los actos de solidaridad. Así lo ha concluido un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. Targeting solidarity: Criminalization and harassment of people defending migrant and refugee rights in northern France revela cómo la policía y el sistema judicial atacan a quienes ayudan a personas refugiadas y migrantes en Calais y Grand-Synthe. “Proporcionar comida a quienes tienen hambre y ofrecer calor a quienes carecen de hogar se ha convertido en una actividad cada vez más arriesgada en el norte de Francia, pues las autoridades atacan de forma habitual a quienes brindan ayuda a las personas migrantes y refugiadas”, ha manifestado Lisa Maracani, investigadora de Amnistía Internacional sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.

Por Francisco Bencosme Como persona queer de color que soy, me conmocionó saber que Brunéi ha adoptado un Código Penal que permite la muerte por lapidación para castigar las relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Como ser humano, me preocupó que una legislación tan cruel entrara en vigor, permitiendo a las autoridades de Brunéi restringir las libertades de expresión, religión y creencia. Como alguien que trabaja en la región, pensé: ¿podrían asesinarme en la calle por ser quien soy si viajo a Brunéi? Y lo más importante, pensé en los incontables activistas LGBTQ+ de Brunéi que estarán temiendo una ofensiva reaccionaria. Pensé en su temor por su vida y por la vida de sus familiares y de su comunidad, y en si tienen posibilidades de buscar seguridad y solicitar asilo en otros países. La evolución observada en Brunéi debe verse como una señal de alarma. Tenemos que salir y alzar la voz, no sólo en favor de Brunéi, sino también de todas las personas que forman la comunidad mundial LGBTQ+. Si alzamos la voz en defensa de los derechos humanos en Brunéi, debemos hacer lo mismo en otros lugares. La situación de las personas LGBTQ+ en todo el mundo nos recuerda las sabias palabras de Martin Luther King: “La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, ligados en el tejido único del destino”.

Amnistía Internacional y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes envían una delegación de su alta dirección para que observe el impacto de la política estadounidense sobre las personas solicitantes de asilo y migrantes que viajan hasta la frontera de Estados Unidos con México. La delegación, que estará allí del 27 al 31 de enero, se entrevistará con autoridades mexicanas y estadounidenses.

Una delegación de Amnistía Internacional viajará al estado de Chiapas, en el sur de México, del 23 al 26 de octubre, para documentar la situación de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que viajan en la caravana procedente de Honduras y observar la respuesta de las autoridades mexicanas.

Las autoridades estadounidenses deben poner fin de inmediato tanto a la separación de niños y niñas de sus familias como a la detención de las familias cuando llegan a la frontera de Estados Unidos con México para solicitar asilo, y al mismo tiempo deben reunificar sin demora a las miles de familias que continúan separadas como consecuencia de las políticas ilegítimas y lesivas del gobierno de Trump; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación al día mundial de acción contra estas prácticas previsto para el 30 de junio.

El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a la práctica de separar a padres y madres solicitantes de asilo de sus hijos e hijas y privarlos de acceso a los procedimientos de asilo mediante la detención prolongada; así lo ha afirmado Amnistía Internacional ante los informes sobre la adopción de una draconiana política de separación familiar por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense que se aplicará a todo el que se presente en la frontera de Estados Unidos con México. Hoy, el fiscal general Jeff Sessions ha aludido también a esa política en sus comentarios.  

“Las autoridades estadounidenses y mexicanas deben dejar de demonizar a las personas que integran la caravana centroamericana y respetar su derecho fundamental a pedir asilo”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, ante la llegada de la caravana a la frontera entre ambos países prevista esta semana.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

La política israelí de expulsar a solicitantes de asilo africanos a dos países africanos sin especificar supone renunciar a sus obligaciones para con las personas refugiadas y es un ejemplo de las despiadadas medidas políticas que fomentan la “crisis global de refugiados”; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, mientras el Tribunal Supremo de Israel examina nuevas pruebas sobre la legalidad de esta política.

Emilia* cuenta que llevó a su familia a México después de que su hermano y dos de sus hijos fueran asesinados en El Salvador, su país natal. De los miles de personas que huyen de América Central a México, ella fue una de las afortunadas. Después de solicitar asilo, México le dio protección y residencia. La gran mayoría no corre con la misma suerte.

  Ha pasado un año desde que se frustró el plan del gobierno keniano de cerrar el campo de refugiados de Dadaab. El Tribunal Superior declaró inconstitucional la decisión y ordenó al gobierno que continuara dando asilo a las personas refugiadas. Pero, si alguien creyó que la histórica sentencia anunciaba el fin de años de sufrimiento para los refugiados somalíes, a estas alturas ya debe sentir una amarga decepción.