(Lima, 10 de noviembre de 2021). A un año de las movilizaciones de noviembre de 2020, Amnistía Internacional demanda a las autoridades administrativas y judiciales de Perú, esclarecer, sin más dilaciones, las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales. En ese sentido, insta al Congreso de la República a procesar, sin demoras, la denuncia constitucional contra los exfuncionarios implicados, y así facilitar la investigación judicial.

El 14 de noviembre de 2020, los agentes del orden, haciendo uso desproporcionado de la fuerza, ocasionaron la muerte de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez en Lima, así como graves lesiones a numerosas personas que se manifestaron de manera pacífica entre el 10 y 14 de noviembre.

Diferentes organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, verificaron que durante las manifestaciones, agentes policiales hicieron uso de la fuerza de manera ilegal y contraria a los estándares internacionales, incluyendo disparos de municiones y gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos. Además, se presentaron investigaciones sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante esos días, que determinan la responsabilidad de la fuerza pública. Sin embargo, a casi un año de estos trágicos hechos, aún no hay justicia, verdad y reparación para las víctimas.

Amnistía Internacional exige también al Estado peruano garantías de no repetición y cerrar la puerta al abuso e impunidad policial, derogando de manera inmediata la Ley de Protección Policial (Nº 31012), contraria a los estándares internacionales de uso de la fuerza pública. En esa línea, pide a las autoridades de justicia que mientras esta norma no sea derogada, no se aplique para ningún caso, incluyendo la violencia policial registrada en noviembre de 2020.

Foto de portada: Juan Pablo Azabache

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