Las autoridades de Bahréin deben permitir el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, ha manifestado Amnistía Internacional tras anunciar el director de los servicios de Seguridad Pública del país la prohibición de una concentración organizada por un grupo de oposición para el jueves.Se ha denegado a la Sociedad Nacional Islámica Al Wefaq el permiso para celebrar una concentración, bajo el lema "Nuestras demandas son legítimas", en la localidad septentrional de Yablat Hibshi esta noche.En las últimas semanas, el gobierno de Bahréin ha prohibido todas las demás concentraciones y mítines organizados por los grupos de oposición.En previos mítines organizados por grupos de oposición y no autorizados por el gobierno, las fuerzas de seguridad han hecho uso excesivo de la fuerza contra los asistentes."A pesar de las recientes promesas de reforma y garantía de los derechos humanos básicos, las autoridades continúan violando el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión y han anunciado públicamente que toda concentración que se celebre hoy será ilegal", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte del África.Hablando de la prohibición de hoy, el director de los servicios de Seguridad Pública, general Tariq al Hassan, ha dicho que la Sociedad Nacional Islámica Al Wefaq había presentado una solicitud a la Dirección de la Policía de la Gobernación Septentrional para celebrar el jueves un mitin en Yablat Hibshi el jueves.Ha explicado que, tras examinar los planes de seguridad y la legislación sobre reuniones públicas, la Dirección decidió no conceder el permiso.Ha añadido que, dado el lugar y el momento previstos para su celebración, el mitin obstaculizaba el tráfico y entrañaba riesgos para la población, si bien no ha especificado cuáles.El director de los servicios de Seguridad Pública ha explicado también que era ilegal asistir al mitin, por lo que se entablarían acciones judiciales contra quienes lo hicieran."En vez de seguir negando arbitrariamente el derecho de reunión pacífica alegando que podría interrumpirse el tráfico, las autoridades deben ofrecer alternativas para permitir a las asociaciones políticas y a la población en general ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión", ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui.El 22 de junio se celebró una concentración organizada por los cinco principales grupos políticos de oposición, pese a que el gobierno la había prohibido. Las fuerzas de seguridad agredieron a los participantes, por lo que resultaron heridas varias personas, entre ellas el secretario general de Al Wefaq y otros miembros del partido.En esa misma concentración, un joven, Ali al Mowali, fue alcanzado en la cabeza por un bote de gas lacrimógeno y sufrió lesiones graves. Lo llevaron de inmediato a la unidad de cuidados intensivos, donde continúa aún. Según la información disponible, el 9 de julio se sometió a una operación.Otros grupos de derechos humanos bahreiníes han informado de decenas de detenciones de manifestantes en junio. Algunas de las personas detenidas han sido acusadas de participar en una concentración ilegal. La información proporcionada indica que decenas de personas más han resultado heridas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones celebradas en las últimas semanas."El hecho de que no se haya concedido permiso oficial a una manifestación pacífica no justifica la detención arbitraria ni el uso innecesario de fuerza desproporcionada contra los participantes por parte de la policía", ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui. "Las autoridades bahreiníes deben tomar de inmediato medidas para garantizar que no ocurre esto y que la legislación relativa a las concentraciones se ajusta al derecho internacional."Durante el examen de Bahréin en el 13º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, celebrado en mayo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, se presentaron al país 25 recomendaciones de reforma de la legislación nacional, incluida la Ley 32 de 2006 sobre asociaciones y reuniones, para ajustarla a las normas internacionales. Varios Estados formularon recomendaciones en las que se pedía al gobierno bahreiní que permitiera el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión.