Las autoridades peruanas deben realizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos contra manifestantes y asegurar que las fuerzas policiales empleen armas de fuego únicamente para proteger la vida, dijo hoy Amnistía Internacional."El creciente nivel de conflictividad social en relación a la explotación de recursos naturales en Perú es sumamente preocupante," dijo Nuria García, investigadora sobre Perú de Amnistía Internacional. "Y aun más preocupante ha sido la respuesta de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones que hasta ahora han dejado un saldo de 16 muertes presuntamente por miembros de la policía.""Las autoridades tienen la obligación de mantener el orden público, pero siempre deben desempeñar esta responsabilidad en línea con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, incluyendo el respeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.""Del mismo modo, es de vital importancia que las autoridades garanticen el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación."El 20 de Septiembre de 2012, Nemesio Poma Ascate de 55 años de edad, murió tras recibir un disparo efectuado presuntamente por agentes de la policía durante una protesta contra una empresa minera en Huaraz, en el sur del país. Durante la protesta, al menos otros 10 manifestantes y 8 policías resultaron heridos.Nemesio Poma Ascate sería la decimosexta persona que pierde la vida durante protestas desde que asumió la presidencia Ollanta Humala.Miembros de la comunidad de Mareniyoc en Huaraz habrían bloqueado la carretera de acceso a la minera Barrick Misquichilca S.A. en protesta por la falta de cumplimiento de su compromiso de dotarles de agua potable.