La decisión del consejo militar que gobierna Egipto de atribuirse, antes de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, un poder sin límites pone al país en la vía de nuevas violaciones de derechos humanos. Así lo ha afirmado Amnistía Internacional. A menos que se limite ese poder, ha advertido la organización, el ejército podrá seguir pisoteando los derechos humanos impunemente.La Declaración Constitucional de Egipto, emitida en marzo del año pasado, otorgó al ejército poder para gobernar hasta que el pueblo egipcio eligiera un presidente y un Parlamento. Sin embargo, el domingo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que gobierna Egipto, modificó la Declaración y se atribuyó el control de todas las cuestiones relativas a las fuerzas armadas. Las reformas eliminan en la práctica la supervisión civil del ejército.Una modificación clave permite al presidente de Egipto pedir al gobierno que combata la "agitación interna". Si esto llegara a suceder, la ley egipcia tendría que especificar la jurisdicción del ejército, su poder para practicar detenciones y privar de libertad, y las condiciones en las que está autorizado a hacer uso de la fuerza."Resulta sumamente inquietante que el ejército haya preparado el camino para poder seguir deteniendo y privando de libertad a civiles, y usando la fuerza contra manifestantes, sin que exista una supervisión efectiva de sus acciones", ha manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional."El ejército egipcio, con su triste historial de derechos humanos, no debe tener, en ninguna circunstancia, poder para detener, privar de libertad e investigar a civiles."Amnistía Internacional ha documentado abusos graves cometidos por el ejército egipcio desde que éste ocupó el poder en febrero de 2011. Entre ellos se encuentran la detención arbitraria, la tortura y los juicios injustos ante tribunales militares de miles de civiles.La organización condenó la decisión, anunciada la semana pasada por el Ministerio de Justicia, de otorgar a la policía militar y a los servicios de inteligencia el mismo poder que a la policía al tratar con civiles sospechosos de delitos relativos a la seguridad nacional y el orden público.Amnistía Internacional ha documentado también una serie de actos de represión letal, por parte del ejército, de las protestas, como por ejemplo el homicidio de 27 manifestantes en torno al edificio de Maspero, en El Cairo, en octubre, de otros 50 en la calle Mohamed Mahmud, cerca del Ministerio del Interior, en El Cairo, en noviembre, y otros 17 en las protestas frente al edificio del Gabinete, también en El Cairo, en diciembre."Dado el historial del ejército de uso de fuerza excesiva contra manifestantes, las fuerzas armadas no deben desplegarse para realizar labores policiales en manifestaciones pacíficas", ha manifestado Philip Luther.Las nuevas disposiciones suscitan serias dudas respecto a si ahora habrá alguna manera de hacer que el ejército rinda cuentas por los abusos contra los derechos humanos.Según las modificaciones, en caso de que el ejército intervenga durante la "agitación", la ley egipcia deberá establecer "detalles de las situaciones que implican ausencia de responsabilidad" por las acciones del ejército. Amnistía Internacional teme que la vaga redacción pueda ser una maniobra del ejército para proteger a sus fuerzas frente a la investigación y el procesamiento por abusos contra los derechos humanos."La maniobra del ejército pone de manifiesto su determinación de continuar por encima de la ley y de hacer caso omiso del Estado de derecho", ha manifestado Philip Luther."Hasta el momento, las supuestas investigaciones militares sobre los abusos del ejército no han logrado hacer que ni un solo miembro de las fuerzas armadas rinda cuentas de sus actos."Las modificaciones a la Declaración otorgan además al ejército poder para formar una nueva asamblea constituyente -órgano que debe redactar la próxima Constitución de Egipto y que representa a los diversos grupos de la sociedad- en caso de que la existente no pueda completar su trabajo. Las modificaciones van aún más allá, al permitir que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se oponga a cualquier artículo propuesto por una asamblea constituyente.Amnistía Internacional teme que esto ofrezca al ejército una vía para rechazar cualquier intento de una asamblea constituyente de limitar el poder militar y someterlo a la supervisión civil, o de hacer que sus fuerzas rindan cuentas por los abusos contra los derechos humanos.La organización ha manifestado que es fundamental que toda asamblea constituyente garantice la igualdad de participación y representación de las mujeres y las minorías.