Amnistía Internacional Perú invita a la ciudadanía a sumarse a la acción Yo Firmo por Escazú, que se realizará el jueves 6 de agosto, subiendo a las redes una foto de su firma (real o adaptada) a favor de que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú. Ese mismo día, la organización entregará de manera simbólica las más de 40 mil firmas recogidas en todo el Perú, de personas que demandan al Poder Legislativo que ratifique el Acuerdo y garantice su derecho a vivir en un medio ambiente sano.

Ante el alarmante deterioro del medio ambiente y el incremento drástico de ataques a personas defensoras de derechos humanos vinculados a asuntos ambientales, Perú inició un decisivo camino hacia la mejora de la protección de sus recursos naturales y la defensa de quienes los protegen. En setiembre de 2018, tras varios años de negociaciones, el Ejecutivo firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y Caribe, conocido como  Acuerdo de Escazú.

A 10 años del conocido ‘Baguazo’, y fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, Amnistía Internacional advierte que en Perú, defender el territorio y el medio ambiente sigue siendo un riesgo para la vida de muchas personas, quienes continúan desprotegidas frente a actos de hostigamiento, estigmatización, criminalización y violencia física.

Amnistía Internacional saluda la reciente aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en Perú, e insta a que este impulse, entre otras iniciativas, una política integral y medidas de obligatorio cumplimiento que efectivamente garanticen que las y los defensores en riesgo puedan continuar con sus labores en un ambiente propicio y seguro. El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia de Perú publicó la Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS que aprueba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta acción del gobierno peruano es un primer paso para garantizar la seguridad y protección de las valientes personas defensoras que se encuentran en riesgo en el país simplemente por su labor de defensa de los derechos humanos. La adopción del Protocolo es también una medida importante para asegurar la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, así como para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Perú en el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Amnistía Internacional lleva años documentando la situación de riesgo de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo, incluido Perú. En el informe Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, la organización expresó su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar particularmente el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente en el país, como son los casos de Oscar Mollohuanca Cruz y otros en Cusco; de 16 personas defensores de derechos humanos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en Cajamarca, que enfrentaron cargos por participar en protestas, o de Máxima Acuña, campesina del norte del Perú, que ha sufrido ataques violentos de la policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive, entre muchos otros casos. Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por ataques y la estigmatización contra mujeres defensoras de derechos humanos en ámbitos como la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI y la libertad de expresión.  

La falta de capacidad y de voluntad política de las autoridades ecuatorianas para garantizar la protección e investigar de manera adecuada y efectiva los ataques y amenazas contra Mujeres Amazónicas defensoras del medio ambiente pone en riesgo sus vidas, y las de otras personas que protegen la Amazonía frente a intereses políticos y económicos vinculados a proyectos extractivos de gran escala en territorios indígenas, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

Margoth Escobar se encontraba en una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Puyo (Amazonas ecuatoriano) el pasado septiembre cuando una vecina llamó para avisar de que su casa estaba en llamas. El fuego destruyó la vivienda de Escobar y artesanías valoradas en más de 50.000 dólares estadounidenses que, junto con otras mujeres, la activista tenía previsto vender durante el periodo navideño. El cuerpo de bomberos de la localidad afirmó que se trataba de un acto de incendio provocado contra Escobar, que es miembro de Mujeres Amazónicas, un colectivo de mujeres principalmente indígenas que se han unido para defender su tierra y el medio ambiente de la extracción petrolera y minera.

Actividad busca generar conciencia sobre la importancia de proteger a las personas que defienden la tierra y el medio ambiente.  Organización llama al Estado peruano a firmar el Acuerdo de Escazú como primer paso para crear una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos.

Mañana, 8 de mayo, la Sala de Apelaciones de Ica decidirá si rectifica la absolución de los defensores ambientales Oscar Mollohuanca Cruz, exalcalde de Espinar, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, expresidente y exvicepresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE). Ellos fueron absueltos en primera instancia en julio de 2017 por el Primer Juzgado Unipersonal de Ica al considerar que la Fiscalía se limitó a realizar la acusación con ausencias para determinar la acreditación de la causa probable de un delito.

Las autoridades de Perú y Paraguay están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar cuestiones de derechos humanos.

La firma del primer acuerdo legalmente vinculante para proteger los derechos de acceso en cuestiones medioambientales en 24 países de Latinoamérica y el Caribe constituye una gran victoria para quienes defienden los derechos humanos relacionados con el medio ambiente en la región. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Amnistía Internacional expresa su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar el trabajo de las personas defensoras del derecho al medio ambiente en Perú. La organización tiene serios indicios para considerar que los líderes comunitarios, Oscar Mollohuanca Cruz, ex – alcalde de Espinar, y Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, ex - presidente y ex - vicepresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), respectivamente, están siendo procesados penalmente por su rol como defensores de derechos humanos y su participación en las protestas de Mayo de 2012 para exigir la modificación de los compromisos asumidos con las comunidades campesinas, derivados de la operación de la mina Tintaya, ampliación Antapaccay.

El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la defensora de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.  Tras casi cinco años de un infundado proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a continuar con el infundado juicio por usurpación contra la defensora. “Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.”  Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.  El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Información Complementaria A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevar el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la estigmatización de Máxima Acuña como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirieron a sus actividades como “invasiones” durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.

La decisión de la Corte Suprema de Perú de aplazar el fallo en el caso contra la defensora de los derechos humanos Máxima Acuña es el más reciente intento por parte de las autoridades de obstruir su trabajo legítimo en defensa del medio ambiente, dijo Amnistía Internacional.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Este hecho es una importante victoria para las víctimas de la negligencia empresarial, han declarado hoy Amnistía Internacional y el Centro para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos y el Desarrollo.

La lucha contra la pobreza, el fin de las violaciones de derechos humanos y el respeto al medio ambiente deben ser una prioridad del Gobierno