Ante las medidas implementadas por los gobiernos de Chile y Perú de militarizar sus fronteras, y el estado de emergencia declarado ayer por el gobierno de la presidenta Boluarte en Perú en respuesta a la llegada de personas migrantes, principalmente provenientes de Venezuela y Haití, Amnistía Internacional recuerda a los gobiernos que se trata de una crisis de personas en necesidad de protección internacional, quienes requieren una atención integral que ponga los derechos humanos en el centro de la respuesta de ambos gobiernos.

En el contexto del incremento de la militarización de las fronteras peruanas con la pretendida intención de resguardar las mismas y limitar el flujo migratorio hacia el país, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo hoy:  “El uso de personal militar para labores de control migratorio supone un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, debido a que carecen de la formación y de las herramientas adecuadas para tal función. Prueba de ello es el evento reciente ocurrido en Tumbes, en la frontera con Ecuador, en el que personal del Ejército peruano disparó armas de fuego al aire para dispersar personas indefensas, entre ellas niños y niñas.” “Esto no solo contraviene la normativa internacional y peruana sobre empleo de la fuerza y armas de fuego, sino que siembra el pésimo precedente de usar armas de este tipo para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional. Las autoridades peruanas deben investigar y juzgar este tipo de hechos para que no se repitan. Asimismo, deben limitar el uso de las fuerzas armadas en actividades de gestión migratoria con el fin de evitar una tragedia, y actuar conforme a los estándares internacionales, brindando protección a quienes la necesitan.”

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”.   Cuando el gobierno del presidente Donald Trump está a punto de cumplir 100 días, Amnistía Internacional haelaborado una lista de 100 maneras en que el gobierno de Trump ha tratado de amenazar los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo, en ocasiones con éxito y en ocasiones encontrándose con el bloqueo de un poderoso y creciente movimiento de resistencia. “Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Cuando nos sentamos para documentar los primeros 100 días, no tardamos mucho en identificar 100 maneras en las que este gobierno ha amenazado los derechos humanos de la gente. Lo increíble no son todas las formas con las que el gobierno de Trump ha intentado negar a las personas libertad, justicia e igualdad, sino todas las maneras en las que la ciudadanía ha respondido y se ha negado a permitir que eso ocurra”. Entre las amenazas para los derechos humanos de los primeros 100 días, Amnistía Internacional enumera las siguientes: Prácticas abusivas en la aplicación de la ley en la frontera de Estados Unidos con México en las que se trata como a delincuentes a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de asilo procedentes de situaciones de terrible violencia. Restricciones extremas al acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva en Estados Unidos y en el mundo. Derogación de protecciones para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero. Concesión de permiso para que el oleoducto Dakota Access perfore bajo el lecho del río Misuri, al norte de Standing Rock, amenazando la fuente de agua de la tribu sioux y otras tribus de Standing Rock. La lista incluye también ejemplos de intentos por parte del gobierno de promulgar políticas que violan los derechos humanos y que han sido bloqueados en parte gracias a la masiva oposición política y de la ciudadanía, como los siguientes: Múltiples intentos de prohibir la entrada en Estados Unidos a numerosas personas procedentes de países de mayoría musulmana, y el cierre de la admisión de personas refugiadas. El intento de restablecer la tortura sistemática y nuevas detenciones en Guantánamo mediante un proyecto de orden ejecutiva. Un intento de arrebatar la cobertura médica a millones de estadounidenses. “Ya sea cerrando nuestras fronteras, volviendo la espalda a las personas refugiadas, tratando de impedir la entrada de musulmanes y musulmanas en Estados Unidos o envalentonando a quienes cometen abusos contra los derechos humanos en el mundo, el presidente Trump parece decidido a avivar las llamas del conflicto fuera de las fronteras de Estados Unidos al mismo tiempo que cierra la puerta a quienes huyen de la violencia”, ha afirmado Huang. “Hemos aprendido que, cuando nos unimos y contraatacamos, podemos hacer que las cosas cambien. Las amenazas del gobierno de Trump a los derechos humanos continúan, pero también la determinación de derrotarlas”.

Nosotros pediremos que el Congreso proteja a quienes piden asilo, incluidas las personas que huyen de la violencia en Latinoamérica.

Es fundamental que la comunidad internacional haga más por ayudar al creciente número de refugiados que cruzan en masa las fronteras para huir de la violencia.