Haití: Grave crisis exige soluciones duraderas y no impunidad
Haití lleva décadas inmerso en crisis políticas, económicas, humanitarias, de seguridad y de derechos humanos, que se profundizaron tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021 y se arraigan en los legados del colonialismo y la esclavitud en el país. La inestabilidad política ha agudizado el debilitamiento de las estructuras estatales y profundizado los déficits de servicios básicos, como el agua y el saneamiento y el acceso a alimentos y medicinas. También, durante este periodo, se han fortalecido varias bandas armadas que han llegado a controlar partes significativas del territorio e infraestructura estratégica, como puertos y aeropuertos, sumiendo en la violencia y el caos a la población.
15 mayo 2024
NUEVE MEDIDAS URGENTES PARA QUE HAYA JUSTICIA Y PROTECCIÓN EFECTIVA PARA SUS DEFENSORES EN PERÚ
El terrible asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado, líder de la Comunidad Nativa Santa Rosillo de Yanayacu en la Región San Martín, el día 29 de noviembre del 2023, suma una nueva víctima de la violencia desatada en la amazonía peruana. El Apu Quinto dedicó su vida a la protección de su territorio y del bosque Amazónico, para salvaguardar el futuro de su pueblo. Fue asesinado mientras regresaba de un encuentro de defensores ambientales, donde volvió a presentar la situación actual de amenazas a su comunidad de parte de los actores de siempre: traficantes de tierras, narcotraficantes y taladores ilegales.
04 diciembre 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Martes 18 de mayo, a las 4 p.m.: lanzamiento del informe “Estado de Salud Fallido”
Desde hace años, las comunidades indígenas de Espinar, en el Sur del país, han denunciado la presencia de enfermedades, contaminación ambiental y metales y sustancias tóxicas en su población ante la ausencia de monitorización ambiental adecuada, agua limpia y segura, y atención médica especializada. Sin embargo, hasta el momento las autoridades peruanas han dado una respuesta tardía e insuficiente a esta crisis.
12 mayo 2021
“Quisiera que estemos todos en armonía”: La Madre Indígena luchando por su río.
Desesperada por la contaminación del río Marañón, que cambió la vida en Cuninico, su comunidad en la Amazonía peruana, Flor de María Paraná tomó una botella de gaseosa de medio litro, la llenó de agua con petróleo y la llevó a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Chile.
23 abril 2020
Nicaragua: Amnistía Internacional lanza campaña a un año y medio del inicio de la crisis y exige al gobierno que detenga la represión
El gobierno nicaragüense debe poner fin a su estrategia represiva, la que mantiene desde el 18 de abril de 2018, y que en la actualidad incluye la implementación de medidas para cerrar, allanar o silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, dijo Amnistía Internacional hoy, al lanzar la campaña “Lo que dejamos atrás: huyendo de la represión en Nicaragua”.
18 octubre 2019
Amnistía Internacional promueve inconstitucionalidad de resoluciones discriminatorias contra personas LGBTI
El día de hoy, Amnistía Internacional, junto al equipo Diversxs Alto Paraná, y con el apoyo de la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (REPADIS) e It Gets Better Paraguay, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una Acción de Inconstitucionalidad contra dos resoluciones de la Junta e Intendencia Municipal de la Ciudad de Hernandarias que vulneran los derechos humanos de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI).
14 octubre 2019
Nicaragua: Operativo policial apunta a que la represión letal continúa
En la madrugada del 17 de julio, Bryan Murillo López murió a consecuencia de los disparos efectuados por elementos de la policía nacional nicaragüense. Dos familiares de la víctima, su hermano Kener Murillo López y su cuñado Javier Cortez, resultaron también gravemente heridos.
Según un comunicado de la policía, los oficiales habrían disparado en defensa propia; sin embargo, la información analizada hasta el momento indicaría que la policía estaba realizando un operativo ilegal durante el cual hizo uso de armamento militar. De acuerdo a información recibida por Amnistía Internacional, las víctimas, que se encontraban desarmadas en el momento de los hechos, pertenecen a una familia abiertamente opositora al gobierno de Daniel Ortega en un contexto de sostenida violencia política contra quienes disienten del gobierno.
18 julio 2019
Mostrar compasión hacia las personas refugiadas no debe ser delito
De Kumi Naidoo
Les ofreció comida, agua y un lugar donde quedarse. Pero, según la fiscalía estatal de Arizona, la acción compasiva del voluntario Scott Warren de proporcionar ayuda humanitaria básica a dos migrantes de Honduras, fue delictiva, hasta el extremo de que se abrió un controvertido proceso contra él que pudo acarrearle 20 años de cárcel.
Aunque el sonado proceso ha terminado en juicio nulo este mes, el gobierno no ha retirado los cargos y persiste la amenaza de un nuevo juicio.
Esta táctica cada vez más utilizada por los gobiernos de perseguir a quienes han mostrado compasión hacia personas refugiadas y migrantes no sólo es contraria a los valores humanos fundamentales de la bondad y la decencia, sino que además representa una preocupante escalada de la represión de los derechos de las personas en movimiento.
El caso particular de Scott Warren ha ocupado titulares en medios de comunicación de todo el mundo y es representativo de la hostilidad declarada del gobierno de Donald Trump hacia las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, hay muchas personas en Estados Unidos que sienten consternación por la tragedia humana que está sucediendo ante su misma puerta. En palabras del propio Scott Warren, "está muriendo gente a las afueras de nuestra ciudad, y eso es lo que me mueve a actuar".
La muerte de personas que habían emprendido arriesgadas travesías por el árido desierto de Sonora (Arizona) no es un trágico accidente, sino la culminación de una política del gobierno federal aplicada desde hace años para disuadir de cruzar la frontera con Estados Unidos que consiste en cerrar las rutas migratorias existentes para obligar a la gente a tomar otras mucho más difíciles y peligrosas. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos han registrado 7.242 muertes en la frontera en los últimos 20 años, y Arizona es una de las zonas más letales, con casi 4 de cada 10 de estas muer
21 junio 2019
Lecciones de hospitalidad: el patrocinio comunitario de personas refugiadas
Por Anna Shea, investigadora de Amnistía Internacional sobre Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes
Al trabajar sobre los derechos de las personas refugiadas, he tenido el privilegio de conocer a solicitantes de asilo en muchos países del mundo. Una y otra vez me han impactado la generosidad y la hospitalidad que, invariablemente, muestran unas personas que han tenido que renunciar a todo lo que conocen en busca de una vida más segura.
En muchas ocasiones me han ofrecido comida y bebida cuando a duras penas podían permitirse compartirla. En Turquía, una familia preparó pan plano relleno de perejil y espolvoreado de sal para mí y mi colega. En Melbourne me uní a un multitudinario banquete para celebrar que un hombre se había reunido por fin con su familia. Personas que vivían en tiendas en Turquía siempre se aseguraban de darme un vaso de zumo o de agua. Y los sirios y sirias —cuya insensibilización a la cafeína es fuente inagotable de fascinación para mí— me han hecho innumerables tazas de fragante café de cardamomo.
19 junio 2019
Después del Baguazo: memoria y amenazas a comunidades indígenas en la Amazonía
Tendría 29 años, sería enfermero, un chico que ayude a su mamá, su suerte sería diferente a la de sus amigos o primos, que se quedaron en la chacra, que no terminaron el colegio. “Pero me lo mataron en el Baguazo”, dice Orfidia Mashingtash. En el 2009, tenía 19 años, era un estudiante awajún de la comunidad nativa de La Curva, Davis Jaucito Mashingtash. Una foto ampliada cuelga en la casa de la madre. Han pasado 10 años, repite ella y parece que fue reciente. ¿Después de una década qué ha cambiado?
08 junio 2019
Perú: A 10 años del baguazo, defender el terriotorio y el ambiente sigue siendo un riesgo
A 10 años del conocido ‘Baguazo’, y fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, Amnistía Internacional advierte que en Perú, defender el territorio y el medio ambiente sigue siendo un riesgo para la vida de muchas personas, quienes continúan desprotegidas frente a actos de hostigamiento, estigmatización, criminalización y violencia física.
05 junio 2019
Perú: Aprobación de Protocolo, primer paso para garantizar protección a personas defensoras
Amnistía Internacional saluda la reciente aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en Perú, e insta a que este impulse, entre otras iniciativas, una política integral y medidas de obligatorio cumplimiento que efectivamente garanticen que las y los defensores en riesgo puedan continuar con sus labores en un ambiente propicio y seguro.
El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia de Perú publicó la Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS que aprueba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta acción del gobierno peruano es un primer paso para garantizar la seguridad y protección de las valientes personas defensoras que se encuentran en riesgo en el país simplemente por su labor de defensa de los derechos humanos. La adopción del Protocolo es también una medida importante para asegurar la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, así como para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Perú en el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional lleva años documentando la situación de riesgo de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo, incluido Perú. En el informe Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, la organización expresó su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar particularmente el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente en el país, como son los casos de Oscar Mollohuanca Cruz y otros en Cusco; de 16 personas defensores de derechos humanos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en Cajamarca, que enfrentaron cargos por participar en protestas, o de Máxima Acuña, campesina del norte del Perú, que ha sufrido ataques violentos de la policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive, entre muchos otros casos. Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por ataques y la estigmatización contra mujeres defensoras de derechos humanos en ámbitos como la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI y la libertad de expresión.
31 mayo 2019
Entregué agua a las personas migrantes que cruzaban el desierto de Arizona. Me acusaron de un delito grave.
En vista de cómo está reprimiendo el gobierno la prestación de ayuda humanitaria, mi caso puede sentar un peligroso precedente.
De Scott Warren
Después de atravesar México en un peligroso viaje y cruzar con dificultad el desierto de Arizona, Jose y Kristian supieron por alguien que encontrarían agua y comida en un lugar de Ajo llamado “the Barn” (el granero). “The Barn” es un punto de encuentro para personal voluntario como yo, y allí ambos jóvenes pudieron comer, descansar y acceder a asistencia médica. La Patrulla Fronteriza los detuvo cuando se disponían a marcharse. Los agentes también me esposaron y arrestaron a mí, por haber proporcionado “comida, agua, ropa limpia y camas” a los dos migrantes, en palabras de la Patrulla.
29 mayo 2019