28 de mayo: Mi cuerpo, mis derechosAmnistía Internacional quiere exhortar al gobierno peruano con motivo del 20 aniversario de la adopción del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), a revisar los compromisos formulados en él; proteger los derechos sexuales y reproductivos; brindar la educación sexual integral y garantizar los servicios de salud que necesitan las mujeres, jóvenes y niñas para tener una vida segura y saludable y que los compromisos se pongan en práctica.Amnistía Internacional considera que es el momento de actuar para defender los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la política pública sobre derechos humanos que va lograr trazar el Estado peruano como desafío integral.Es urgente y necesario que el Plan Nacional de Derechos Humanos incorpore la necesidad de un protocolo a nivel nacional que garantice en todo el país y para todas las mujeres y niñas la remisión y el acceso inmediato de las pacientes a los cuidados oportunos; que tal directiva nacional evite que los requisitos jurídicos retrasen u obstaculicen el acceso de todas las mujeres y niñas a los cuidados necesarios e incrementen, por tanto, las posibilidades de aborto inseguro, tal como se indicó en el último comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.De acuerdo con las cifras del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable que atendió entre enero y abril del 2013 hubo 1,685 denuncias sobre casos por violencia sexual. De este total, conforme dicho programa, 1,249 denuncias correspondieron a niñas y adolescentes, es decir, el 74% de los casos. De igual manera, este programa registró 995 casos especiales de violación sexual.Lamentablemente, el desarrollo de políticas públicas sobre educación sexual no logra impedir embarazos que puedan darse por violación ni los peligros que ciertos embarazos suponen para la salud física o mental de la mujer o la niña. Incluso en los contextos en los que es posible acceder a anticonceptivos, las mujeres siguen necesitando servicios de aborto, sobre todo cuando no desean llevar a término el embarazo por ser éste resultado de una violación, o cuando pone en peligro su salud o su vida.Los derechos sexuales y reproductivos imponen al Estado la obligación de garantizar que todas las personas pueden tomar decisiones sobre su sexualidad y su vida reproductiva sin sufrir discriminación, coacción ni violencia.De acuerdo, con el informe presentado por el secretario general de la ONU a la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas en 2012, las complicaciones derivadas del embarazo y el parto, la violencia de género y el sida se encuentran entre las principales causas de mortalidad de las personas jóvenes.Amnistía Internacional aborda las realidades de derechos humanos a las que se enfrentan las víctimas, las supervivientes y quienes las defienden. Para las mujeres, con demasiada frecuencia, esta realidad incluye: la denegación del acceso a tratamiento médico en caso de riesgo vital por las complicaciones derivadas del aborto, especialmente si éste se practicó ilegalmente; la violación y el incesto, que pueden dar lugar a embarazos no deseados y a la estigmatización de las víctimas de abuso sexual.Por ello, Amnistía Internacional insta al Estado peruano a cumplir con su legislación nacional creada desde el año 1924 con relación a la aplicación del aborto terapéutico en caso sea el único medio para proteger la vida y la salud de las mujeres y niñas.