En el escenario actual de emergencia nacional para evitar la propagación del COVID-19, los ingresos diarios de millones de personas están siendo afectados, y por tanto, su alimentación, su vivienda y su salud se encuentran en riesgo.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para asegurar el acceso a los servicios de salud de todos y todas, incluidas las personas extranjeras que se encuentran viviendo en el Perú, independientemente de su calidad migratoria. Además, invoca a las autoridades a incluir a la población migrante y refugiada en los programas de soporte social que se vienen desplegando, trabajando junto a la cooperación internacional en este esfuerzo.

“En los últimos años llegaron a Perú más de 800.000 personas huyendo de la grave crisis  de derechos humanos que atraviesa Venezuela. Se trata de un grupo humano altamente vulnerable, pues principalmente se desempeña en actividades informales que no pueden desarrollar hoy. Apelamos a que prime el principio de no discriminación en el acceso a los servicios de salud, y que la solidaridad y soporte llegue a todas las personas que lo necesitan, pues es la única manera de superar este difícil desafío”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva Amnistía Internacional Perú.