07 diciembre 2011
No más impunidad por los crímenes de lesa humanidad en Siria
Amnistía Internacional ha presentado la siguiente declaración escrita, en relación con la situación de los derechos humanos en la República Árabe de Siria, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 18 sesión extraordinaria, celebrada en Ginebra el 2 de diciembre de 2011.

La organización lleva más de ocho meses documentando ampliamente los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos que se han cometido y se siguen cometiendo en Siria. Hemos puesto de manifiesto que las autoridades sirias no investigan ni procesan tales crímenes, y hemos recalcado que por ello era necesario que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera la situación al fiscal de la Corte Penal Internacional como primer paso importante para poner fin a la impunidad.

Amnistía Internacional ha conseguido los nombres de más de 3.290 personas -de las que más de 200 eran menores de edad- que, según informes, han sido víctimas de homicidio en los disturbios de Siria desde mediados de marzo. La inmensa mayoría, al parecer, perdieron la vida a manos del ejército y las fuerzas de seguridad, muchas de ellas en el curso de protestas y operaciones de seguridad en zonas residenciales. Se piensa que más de 170 han muerto bajo custodia en circunstancias sumamente sospechosas.

En las últimas semanas han aumentado los informes sobre muertes de miembros del ejército y las fuerzas de seguridad. Muchas parecen haberse producido en enfrentamientos con el Ejército Sirio Libre, formado en julio y compuesto en parte de desertores del ejército y de otras personas que han tomado las armas con la intención expresa de proteger sus barrios. Amnistía Internacional ha reunido los nombres de más de 300 miembros de las fuerzas de seguridad y soldados muertos a partir de información publicada en medios de comunicación oficiales sirios. Además, la organización posee los nombres de 50 civiles que, según informes, han perdido la vida a manos de individuos armados que aparentemente no estaban vinculadas al Estado, así como los nombres de más de 100 personas armadas que al parecer se oponían al Estado y murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha situado el número de personas muertas desde el inicio de los disturbios en más de 4.000. La violencia continúa en la actualidad a pesar de que las autoridades sirias prometieron ponerle fin. En los últimos días se ha dado muerte a más de 25 personas.

Se ha detenido a miles de personas en relación con los disturbios; muchas permanecen en régimen de incomunicación en centros de detención dirigidos por unos servicios de inteligencia que no rinden cuentas de sus actos y tienen potestad para detener y poner bajo custodia. Parece ser que algunas están recluidas en condiciones equiparables a una desaparición forzada, dado que las autoridades han ocultado en la práctica su paradero a los familiares. Es habitual que las personas liberadas denuncien que han sufrido tortura u otros malos tratos en tales centros, así como el carácter generalizado de esos malos tratos.

En su informe más reciente sobre los abusos y crímenes cometidos en Siria, Amnistía Internacional documenta cómo el gobierno sirio ha llegado incluso a convertir los hospitales en instrumentos de represión en sus esfuerzos por aplastar a la oposición, y cómo las autoridades parecen haber dado carta blanca a las fuerzas de seguridad para someter a tortura y otros malos tratos a heridos ingresados en al menos cuatro hospitales estatales. Amnistía Internacional, Salud en crisis: Ataques del gobierno sirio contra heridos y profesionales de la salud (Índice AI: MDE 24/059/2011), octubre de 2011. En muchos casos, al parecer participó personal del hospital en las torturas y otros malos tratos. Trabajadores hospitalarios sospechosos de ofrecer tratamiento a manifestantes y otras personas heridas en episodios relacionados con los disturbios han sido ellos mismos víctimas de detención y tortura.

El 2 de noviembre, Siria se comprometió a respetar el plan de paz de la Liga de los Estados Árabes y a poner fin a la violencia, retirar sus tropas de las ciudades, liberar a los detenidos y permitir el acceso de observadores de derechos humanos y periodistas independientes. Pero no se han respetado esos compromisos.

En el informe que acaba de publicar, la Comisión de Investigación Internacional e Independiente (o, simplemente, la Comisión de Investigación) confirma que el ejército y las fuerzas de seguridad sirias han cometido graves violaciones de derechos humanos desde el comienzo de las protestas en marzo de 2011 (Doc. ONU: A/HRC/S-17/2/Add.1, del 28 de noviembre de 2011). La Comisión de Investigación expresa además su profunda preocupación por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército y las fuerzas de seguridad sirias durante la violenta represión de las manifestaciones de este año.

Dado que las autoridades sirias no han garantizado la rendición de cuentas, no sólo durante los disturbios sino a lo largo de muchos años, hay pocos motivos para pensar que vayan a emprender investigaciones independientes sobre las violaciones, abusos y crímenes y a procesar a los culpables. El 12 de octubre, el gobierno sirio afirmó que pondría en marcha una investigación propia y añadió que cooperaría con la ONU una vez concluida esa investigación. Sin embargo, no ha publicado ningún dato sobre su investigación. Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya emprendido una investigación con prontitud, exhaustividad, imparcialidad e independencia sobre los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos cometidas en 2011, ni de que se haya procesado a alguno de los presuntos autores de tales delitos.

Las víctimas de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos tienen derecho a una reparación plena, que incluya indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. A fecha de 2 de diciembre de 2011, no se tiene conocimiento de que las víctimas hayan obtenido reparación alguna por estos delitos.

El 25 de noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura manifestó su alarma por el hecho de que los informes de violaciones de derechos humanos generalizadas tienen lugar en un contexto de impunidad total y absoluta, ya que no se han llevado a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales sobre tales casos. El Comité solicitó al gobierno de Siria que le entregue un informe especial antes del 9 de marzo de 2012 (http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11646&LangID=E)..

En agosto, la misión de investigación sobre Siria de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el mandato del Consejo de Derechos Humanos de, entre otras cosas, "investigar todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y establecer los hechos y las circunstancias de esas violaciones y de los delitos cometidos, a fin de evitar la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas", concluyó que el gobierno sirio podía haber cometido crímenes de lesa humanidad. La alta comisionada para los Derechos Humanos pidió al Consejo de Seguridad que estudiara la posibilidad de remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional.

En vista de la brutal represión que tiene lugar en Siria, es indignante que algunos Estados miembros de la ONU sigan obstruyendo los esfuerzos realizados en éste y otros ámbitos de las Naciones Unidas para poner fin a estos crímenes de lesa humanidad, sobre los cuales todo Estado puede aplicar la jurisdicción universal (Doc. ONU: A/HRC/12/48, párr. 1975.a).

Determinados miembros permanentes y electos -algunos de los cuales aspiran a la condición de permanentes- del Consejo de Seguridad de la ONU han bloqueado sistemáticamente la adopción de medidas pacíficas que contribuirían a poner fin a los crímenes de lesa humanidad en Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU no emitió hasta el 3 de agosto una modesta "declaración presidencial" no vinculante sobre la situación.

Estos países, que pusieron menos trabas cuando la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU condenó las violaciones de derechos humanos continuas, graves y sistemáticas por parte de las autoridades sirias, son los mismos que ahora persisten en bloquear medidas en el Consejo de Seguridad que ayudarían a poner fin a esos mismos abusos; con ello, en la práctica están protegiendo de la justicia a los responsables y les permiten seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos con absoluta impunidad.

El 4 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU no adoptó el proyecto de resolución S/2011/612, que habría exigido a las autoridades sirias, entre otras cosas, el cese de todas las violaciones de derechos humanos y del empleo de la fuerza contra civiles. No lo hizo debido al veto de la Federación Rusa y de China. Brasil, India, Líbano y Sudáfrica se abstuvieron de votar.

Pese a haber reconocido en esa resolución la gravedad de la situación en Siria, estos países siguen bloqueando la adopción de medidas contundentes con la excusa de su rechazo a lo que se hizo en Libia. Aunque pueda existir la impresión de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) convirtió la responsabilidad de proteger a la población en Libia en vehículo para deshacerse de Muamar Gadafi, es inaceptable que estos países obliguen a pagar el precio a los civiles sirios.

Amnistía Internacional considera positivo que otros Estados estén actuando para contener la violencia en Siria. La Liga de los Estados Árabes ha reconocido la gravedad de la situación y ha transmitido a las autoridades sirias una señal clara para que pongan fin a las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. La organización ha expresado su satisfacción por los elementos de derechos humanos incluidos en el "mapa de ruta" de la Liga Árabe, principalmente los llamamientos al fin de la violencia, a la liberación de las personas detenidas por participar en protestas pacíficas y a autorizar el escrutinio de la situación por parte de observadores internacionales. Tras la decisiva acción de la Liga Árabe, ha llegado el momento de que la ONU, incluido el Consejo de Seguridad, dé una respuesta internacional efectiva a la crisis de derechos humanos de Siria.

Recomendaciones


Amnistía Internacional pide a todos los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos que contribuyan a garantizar que la ONU puede adoptar y adoptará más medidas eficaces para poner fin a la violencia en Siria. La organización insta al Consejo de Derechos Humanos a adoptar una resolución para

pedir al gobierno sirio que:

  • ponga en práctica sin demora las recomendaciones formuladas por la Comisión de Investigación y coopere de inmediato con ella y con otros mecanismos de derechos humanos de la ONU, lo que incluye garantizar su acceso sin trabas al país; coopere con las organizaciones humanitarias, entre otras cosas garantizando su acceso pleno y sin trabas al país; permita la entrada a Siria de las ONG de derechos humanos, entre otros, para llevar a cabo tareas de observación e investigación exhaustiva sobre derechos humanos; y garantice a todas las víctimas una reparación plena -que incluya indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición- por los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos.

  • condenar las represalias tomadas por las autoridades sirias, según informes, contra defensores de los derechos humanos y personas que cooperan con la Comisión de Investigación y otros mecanismos de derechos humanos de la ONU y les facilitan información, y pedir el fin inmediato de tales represalias;

  • recomendar al Consejo de Seguridad de la ONU que remita de inmediato al fiscal de la Corte Penal Internacional los posibles delitos de derecho internacional que son competencia de la Corte, incluidos los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno sirio, y asimismo exigir la localización, congelación, incautación y decomiso de los haberes en el extranjero del presidente Bachar el Asad y sus principales colaboradores e imponer un embargo de armas a Siria;

  • instar al secretario general de la ONU a remitir, en virtud de su autoridad, el informe de la Comisión de Investigación al Consejo de Seguridad de la ONU en aplicación del artículo 99 de la Carta de la ONU;

  • recordar a los Estados que los crímenes de lesa humanidad son crímenes sobre los que cualquier Estado puede ejercer la jurisdicción universal;

  • recordar a los Estados sus obligaciones en virtud del derecho internacional con respecto a los refugiados y solicitantes de asilo; y

  • decidir el nombramiento de un relator especial para que empiece a trabajar en cuanto expire el mandato de la Comisión de Investigación para garantizar el seguimiento de la situación y la aplicación de las recomendaciones de la Comisión.