14 marzo 2016
Nigeria: No hay justicia por los asesinatos de 640 hombres y niños a manos del ejército tras el ataque al cuartel de Giwa en 2014
 

  • Habrá acciones de protesta ante embajadas de Nigeria en todo el mundo


 
Dos años después de que soldados del ejército nigeriano masacraran al menos a 640 detenidos a los que habían vuelto a capturar tras su fuga, las autoridades no han llevado a cabo una investigación efectiva, imparcial e independiente sobre esta matanza; así lo afirma Amnistía Internacional.


Los reclusos asesinados, adultos y menores de edad, todos varones, habían sido detenidos arbitrariamente en su mayoría en operaciones de control masivas y se habían fugado del cuartel de Maiduguri, estado de Borno, el 14 de marzo de 2014, tras un ataque de Boko Haram. La mayoría murió por arma de fuego. Los demás fueron degollados. Para conmemorar el aniversario de esta matanza, activistas de Amnistía Internacional se congregarán ante las embajadas de Nigeria en todo el mundo para reclamar investigaciones independientes y procesamientos.

"Es indignante que, dos años después de esta terrible masacre, no se haya hecho justicia con las víctimas y sus familiares", ha afirmado Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia en África de Amnistía Internacional.


"Al no llevarse a cabo una investigación independiente, nadie ha sido obligado a responder de los homicidios, y eso refuerza la tradición de impunidad generalizada dentro del ejército."


Amnistía Internacional ha documentado ampliamente los hechos del 14 de marzo de 2014, entrevistando a decenas de testigos, corroborando las pruebas de vídeo de los homicidios y acontecimientos posteriores, y confirmando la ubicación de fosas comunes con imágenes por satélite.

En junio de 2015, Amnistía Internacional publicó amplia información que evidenciaba crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas armadas nigerianas. En su informe, concluía que el ejército había ejecutado extrajudicialmente al menos a 1.200 varones, adultos y menores de edad, y casi con toda certeza a muchos más, entre 2012 y 2014. Otras 7.000 personas detenidas murieron de hambre, sed, enfermedad, tortura y falta de asistencia médica bajo custodia militar. Las fuerzas de seguridad nigerianas emplean la tortura de manera sistemática, tanto en el momento de la detención como después, cuando la persona está bajo custodia. Desde 2011, más de 20.000 personas sospechosas han sido arrestadas por soldados, y la inmensa mayoría ha quedado en detención sin acceso a familiares ni abogados, sin cargos formales en su contra y sin comparecer ante un juez en ningún momento.


Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno de Nigeria que ponga en marcha investigaciones independientes y efectivas sobre los indicios hallados por la organización de crímenes de derecho internacional, y que adopte salvaguardias esenciales contra las violaciones de derechos humanos.


A pesar de que el presidente Buhari y su gobierno han prometido en repetidas ocasiones que examinarían el informe de Amnistía, lo cierto es que no se han tomado medidas concretas para iniciar investigaciones independientes. Todavía faltan muchas protecciones: por ejemplo, se sigue poniendo a los sospechosos bajo custodia militar, sin acceso a representación letrada ni a su familia, sin estar acusados y sin comparecer ante un juez.


Después de más de nueve meses de ejercicio de sus funciones, el presidente Buhari debe tomar medidas urgentes que garanticen justicia a las miles de víctimas del conflicto e impidan que vuelvan a cometerse tales violaciones de derechos humanos.


"En los dos años transcurridos desde la masacre de Giwa, ha persistido el patrón de uso injustificado de medios letales por parte de las fuerzas armadas sin que se obligue a nadie a rendir cuentas", ha afirmado Netsanet Belay.


"De Giwa a Zaria, de norte a sur en la parte oriental del país, ha llegado el momento de romper el círculo vicioso de impunidad en el que está atrapada Nigeria. Y se debería empezar por hacer justicia con los 640 de Giwa."



Información complementaria


Amnistía Internacional ha documentado y condenado constantes abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por el grupo armado Boko Haram y el ejército nigeriano, entre otras cosas publicando informes anuales desde 2012. En abril de 2015, la organización publicó un informe en el que concluía que Boko Haram había cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y pedía a Boko Haram que pusiera fin a su campaña de violencia contra civiles, y al gobierno que llevara a los miembros de Boko Haram ante la justicia.


En un informe publicado el 31 de marzo de 2014, Amnistía documentó con pruebas la masacre de los detenidos recapturados tras el ataque al cuartel de Giwa. Este informe se basaba en decenas de entrevistas a residentes, profesionales del derecho, defensores de los derechos humanos y personal hospitalario realizadas en varias localidades de Maiduguri y alrededores. Asimismo incluía un análisis de las imágenes por satélite que confirmaba la existencia de varias fosas comunes aparecidas en la zona con posterioridad a las ejecuciones.


El 5 de agosto de 2014, Amnistía Internacional publicó un análisis de impactantes imágenes de vídeo que mostraban a soldados degollando a detenidos recapturados fuera de Maiduguri tras el ataque al cuartel de Giwa.


Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que ponga en marcha una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y eficaz sobre estos crímenes de derecho internacional. En particular, la organización ha solicitado el establecimiento de un equipo eficiente de expertos independientes para que examine las pruebas contra presuntos autores de crímenes de derecho internacional y prepare los argumentos jurídicos para su procesamiento por una autoridad fiscal independiente. En segundo lugar, el gobierno debe garantizar la reforma adicional de los procedimientos operativos del ejército para que no vuelvan a cometerse tales abusos. Por último, el gobierno debe colaborar con la Asamblea Nacional para poner la legislación interna de Nigeria en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.