La decisión del Consejo de Ministros nepalí, el 4 de octubre de 2012, de ascender a general de brigada a un coronel sospechoso de estar implicado en crímenes de guerra es una bofetada para las víctimas de la prolongada guerra civil de Nepal, han declarado hoy Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas.La ONU y la Comisión de Derechos Humanos de Nepal reunieron datos fidedignos sobre desapariciones forzadas sistemáticas y torturas cometidas en el cuartel general del Batallón Bhairabnath, en Katmandú, bajo el mando del coronel Raju Basnet en 2003. Basándose en estos datos, el Tribunal Supremo de Nepal ordenó en 2007 una investigación independiente y el enjuiciamiento de estas violaciones de derechos humanos. La orden incluye alegaciones de que Basnet cometió actos de tortura personalmente."El gobierno de Nepal ha arrojado por la borda la mismísima idea de hacer que los soldados rindan cuentas de los abusos -afirmó Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch-. Esta decisión, cínica y reprobable, menoscaba el respeto a los derechos humanos y contradice las garantías que ha ofrecido Nepal a la comunidad internacional de que haría responder de sus actos a los implicados en crímenes cometidos en tiempo de guerra."El ascenso de Basnet se ha producido bajo el liderazgo del Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta) (UCPN-M). Durante la guerra, este partido fue a su vez responsable de desapariciones forzadas, torturas y homicidios ilegítimos, y no ha tenido que responder de ni una sola violación cometida en tiempo de guerra, han declarado las tres organizaciones de derechos humanos. Agni Sapkota, miembro del UCPN-M, fue nombrado miembro del gabinete a pesar de que estaba sometido a una investigación policial ordenada por un tribunal por su implicación en un homicidio ilegal cometido en 2005."A pesar de años de promesas, los maoístas y el ejército se han mostrado unidos en un aspecto crucial: el desprecio a la noción de rendición de cuentas por actos delictivos y a los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación", declaró Polly Truscott, directora del Programa Regional para Asia meridional de Amnistía Internacional.El derecho internacional aplicable en Nepal obliga al gobierno a investigar y enjuiciar las violaciones graves de las leyes internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En consonancia con los principios legales internacionales, los funcionarios implicados en delitos graves deben ser cesados o suspendidos de sus cargos hasta que se realicen unas investigaciones exhaustivas en las que se respeten todas las garantías procesales.El Tribunal Supremo de Nepal ordenó en agosto al gobierno que promulgara leyes y directrices adecuadas para garantizar que los funcionarios de los cuerpos de seguridad sean sometidos a examen antes de ser nombrados o ascendidos a cargos de alto nivel."Con el ascenso de Basnet, la denegación de la justicia y de la rendición de cuentas se han convertido esencialmente en una política del gobierno -afirmó Sam Zarifi, director del programa para Asia de la Comisión Internacional de Juristas-. Con esta decisión, el actual gobierno de Nepal dice básicamente que no le importa el Estado de derecho, que no le importan las órdenes del Tribunal Supremo y, de hecho, que no le importa el mejor interés de sus propios ciudadanos. Este ascenso indica a todos los perpetradores que el poder triunfa sobre la justicia."Las organizaciones de derechos humanos han pedido a la comunidad internacional que insten al gobierno nepalí a que revoque su decisión."La sociedad civil nepalí, con el apoyo de la ONU y de la comunidad internacional, lleva años tratando de promover la justicia y la rendición de cuentas -declaró Adams-. Ascendiendo al coronel Basnet, el gobierno ha dicho claramente al pueblo nepalí y a quienes apoyan al país desde el ámbito internacional que no está comprometido con estos mismos objetivos."