01 abril 2015
La pena de muerte, una herramienta fallida para abordar el terrorismo
Por Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional

A finales de mayo del año pasado, unas 7.000 personas se congregaron en un estadio en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en el noroeste de China. No habían acudido a presenciar un partido de fútbol, sino con un propósito mucho más morboso. Las autoridades hicieron desfilar en camionetas policiales a decenas de presos vestidos con monos naranjas. Soldados armados vigilaban las salidas. En el proceso al aire libre, flagrantemente injusto, que siguió, 55 personas fueron declaradas culpables de una serie de delitos relacionados con ataques violentos en la región, y condenadas a penas de prisión. Tres fueron condenadas a muerte.

Lee aquí nuestro informe sobre la pena de muerte en el mundo durante el 2014

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Aquel acto público de imposición colectiva de condenas formaba parte de una campaña de "mano dura" emprendida por China contra los disturbios de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, una campaña que el gobierno afirma que lanzó para combatir el "terrorismo" y el "separatismo". Pero también señalaba la sombría tendencia que el año pasado se hizo claramente patente en el resto del mundo: los gobiernos utilizan la pena de muerte en un intento mal encaminado, y a menudo cínico, de hacer frente a la delincuencia y el terrorismo.

Hoy, Amnistía Internacional presenta su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, un informe cuya lectura resulta en gran parte desalentadora.

En Pakistán, tras el terrible ataque talibán del pasado diciembre contra una escuela en Peshawar, el gobierno levantó la moratoria, de seis años de duración, impuesta a las ejecuciones de civiles. Desde entonces, más de 50 personas han sido ejecutadas, y el gobierno ha amenazado con enviar a miles de condenados más al patíbulo. Irán e Irak fueron otros de los países que ejecutaron a personas por "terrorismo" el año pasado, mientras que otros Estados dieron pasos en esa dirección al ampliar el ámbito de los delitos capitales en sus códigos penales.

En un año en el que las abominables ejecuciones sumarias a manos de grupos armados quedaron grabadas como nunca antes en la conciencia global, resulta demoledor que los propios gobiernos recurran a un aumento de las ejecuciones como acto reflejo contra el terrorismo y la delincuencia.

Otros Estados utilizaron las ejecuciones en intentos igualmente fallidos de abordar -o dar la apariencia de abordar- los índices de delincuencia. Jordania puso fin en diciembre a ocho años de moratoria y ejecutó a 11 condenados por asesinato, mientras el gobierno afirmaba que era una manera de poner fin al aumento de la delincuencia violenta. En Indonesia, las autoridades anunciaron sus planes de ejecutar principalmente a narcotraficantes para hacer frente a una "emergencia nacional" de seguridad pública. En 2015 cumplieron su promesa, con seis personas ya ejecutadas.

En 2014 se registró un fuerte repunte de las condenas a muerte -desde las más de 500 del año anterior, hasta las al menos 2.466 de ese año-, que puede atribuirse también al uso, por parte de los gobiernos, de la pena de muerte como instrumento político. Este aumento se debió en gran medida a los acontecimientos en Egipto y Nigeria, donde los tribunales impusieron cientos de condenas a muerte en un contexto de inestabilidad política (Egipto) o de delincuencia y conflicto armado (Nigeria).

La simple realidad es que los gobiernos que utilizan la pena de muerte para hacer frente a la delincuencia y a las amenazas a la seguridad están engañándose a sí mismos o a su población, en algunos casos mientras intentan cínicamente dar una imagen de eficiencia al ejecutar a personas. Pero no existen pruebas de que la amenaza de la ejecución tenga un efecto más disuasorio respecto a la delincuencia que una pena de prisión. Este hecho ha sido confirmado en múltiples estudios realizados en numerosas regiones del mundo por autores entre los que se encuentran las Naciones Unidas.

Ya es hora de que los dirigentes mundiales dejen de utilizar la pena de muerte como una salida fácil cuando las cosas se ponen difíciles. En Amnistía Internacional llevamos desde la década de 1970 haciendo campaña para poner fin a la pena de muerte, pues siempre la hemos considerado una violación de derechos humanos y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Por fortuna, la mayoría del mundo parece estar de acuerdo con nosotros.

Las cifras hablan por sí solas: en 1945, cuando se fundaron las Naciones Unidas, sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, mientras que en la actualidad 140 Estados son abolicionistas en la ley o en la práctica.

El año pasado registramos ejecuciones en 22 países del mundo: casi la mitad de la cifra (41) registrada hace justo 20 años, en 1995.

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Pese a las perturbadoras novedades registradas el año pasado, también hubo muchas buenas noticias que reseñar. El número de ejecuciones registrado en el mundo disminuyó considerablemente en 2014 respecto al año anterior: de 778 a 607. No obstante, esta cifra no incluye a China, país que ejecuta a más personas que el resto del mundo junto, pero donde las estadísticas sobre pena de muerte se tratan como secreto de Estado, por lo que la cifra real resulta imposible de determinar.

El año pasado se observaron progresos en todas las regiones del mundo. En lo que supone un auténtico rayo de esperanza para el movimiento abolicionista, en el África subsahariana sólo se registraron ejecuciones en tres países -Guinea Ecuatorial, Somalia y Sudán-, y el número de personas ejecutadas se redujo en más de una cuarta parte. América, salvo Estados Unidos, siguió siendo una región sin ejecuciones, y Surinam introdujo una ley de abolición de la pena de muerte, pendiente sólo de la firma del presidente para hacerse realidad.

Los gobiernos que siguen ejecutando deben darse cuenta de que están en el lado equivocado de la historia, y deben unirse a la inmensa mayoría de los países que han abandonado este exponente máximo de pena cruel. La campaña para terminar con la pena de muerte sigue siendo una tarea ardua, pero Amnistía Internacional y muchos otros están decididos a liberar al mundo de este castigo. Para estas fechas del año que viene, confiamos en que tendremos noticias aún mejores de las que informar.