18 abril 2017
Israel debe terminar con las políticas “ilegales y crueles” hacia los presos y presas palestinos

La política que Israel mantiene desde hace décadas de detener a palestinos y palestinas de la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza en cárceles de Israel y privarlos de visitas familiares periódicas no es sólo cruel, sino que también constituye una flagrante violación del derecho internacional, ha dicho Amnistía Internacional ante la huelga de hambre masiva de los presos y presas que comenzará la semana que viene con motivo del Día del Preso Palestino, el 17 de abril.


Testimonios recogidos por Amnistía Internacional de familiares y presos y presas palestinos detenidos en el sistema de prisiones israelí sacan a la luz el sufrimiento de las familias, que en ocasiones se han visto privadas de ver a sus seres queridos detenidos durante muchos años.


“La despiadada política israelí de mantener en cárceles situadas en Israel a los presos y presas palestinos detenidos en los Territorios Palestinos Ocupados es una flagrante violación del IV Convenio de Ginebra. Es algo ilegal y cruel, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para la persona encarcelada y sus seres queridos, que a menudo se ven privados de verse durante meses, a veces años”, ha afirmado Magdalena Mughrabi, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.


“En vez de transferir ilegalmente a los presos y presas fuera de los territorios ocupados, Israel debe garantizar que todos los palestinos y palestinas que han sido detenidos allí están recluidos en cárceles y centros de detención situados en los Territorios Palestinos Ocupados. Hasta entonces, las autoridades israelíes deben dejar de imponer restricciones excesivas a los derechos de visita como forma de castigar a los presos y presas y a sus familias, y asegurarse de que las condiciones penitenciarias se ajustan plenamente a las normas internacionales.”


Los presos y presas palestinos que se disponen a emprender la huelga de hambre a gran escala de la semana que viene plantean una serie de exigencias, una de ellas que cesen las restricciones a las visitas y el contacto con familiares impuestas por Israel. Los palestinos y palestinas detenidos por motivos de seguridad no tienen permitido llamar por teléfono a sus familias. La huelga de hambre fue anunciada por el dirigente de Fatah encarcelado Marwan Barghouthi. Varios otros presos y partidos políticos han anunciado que secundarán la huelga.


El derecho internacional humanitario dispone que los miembros de la población de un territorio ocupado a los que se detenga deben estar recluidos dentro de ese territorio, no en el de la potencia ocupante. Además, debe permitírseles recibir visitas, especialmente de familiares cercanos, a intervalos regulares y con la mayor frecuencia posible.


Según la ONG palestina Club de Presos Palestinos, actualmente hay 6.500 palestinos y palestinas –al menos 300 de ellos menores de edad– detenidos por motivos de seguridad en cárceles y centros de detención gestionados porIsrael. Todos estos centros y cárceles están situados dentro de Israel, excepto uno. La inmensa mayoría de los presos son hombres. Hay 57 mujeres, entre ellas 13 niñas menores de 18 años. Trece de las personas encarceladas son miembros del Consejo Legislativo palestino. Al menos 500 están recluidas sin cargos ni juicio en régimen de detención administrativa, una práctica que infringe las salvaguardias exigidas por el derecho internacional para evitar la detención arbitraria. Hasan Abed Rabbo, portavoz de la Comisión de Asuntos de Presos Palestinos, afirmó que al menos 1.000 presos tienen prohibidas las visitas familiares por “motivos de seguridad”, y añadió que actualmente hay entre 15 y 20 presos en régimen de aislamiento, a los que se prohíbe cualquier contacto con los demás presos y las visitas familiares.


“Ahmed” (nombre ficticio para proteger su identidad), de 32 años, que está en régimen de detención administrativa en la cárcel de Ketziot, en el desierto del Negev/ Naqab, sólo ha recibido una visita familiar, a pesar de que lleva desde 2005 entrando y saliendo de la cárcel israelí, donde ha pasado cinco años y medio. El preso afirmó que haría la huelga de hambre masiva con la esperanza de presionar a las autoridades para que permitan a su madre visitarlo. La madre de “Ahmed” tiene 70 años y le han negado reiteradamente el permiso. El preso dijo a Amnistía Internacional que lo habían detenido en total siete veces y que la renovación de su orden de detención administrativa está prevista para el 29 de julio.


“He tenido una visita familiar durante el tiempo que estado en la cárcel. En 2006, a mis padres les dejaron venir a verme porque mi padre estaba enfermo. Tenía 75 años y fue la última vez que lo vi. Cuando murió, yo estaba en la cárcel”.


“No puedo recibir visitas. Mi madre tiene setenta años y se le ha negado el permiso por motivos de seguridad [...]. No sé cuándo me pondrán en libertad ni cuánto tiempo estaré encarcelado, quiero poder ver a mi familia. Las autoridades israelíes utilizan los permisos para castigarme [...]. No sé cuánto tiempo le queda [a mi madre] y si aún podré verla cuando salga de aquí, si es que salgo.”


Najat al Agha, mujer de 67 años de la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, dijo a Amnistía Internacional que su hijo, Dia al Agha, de 43, lleva 25 años encarcelado en Israel. Cuando tenía 19 años, fue condenado a cadena perpetua por asesinato. Está en la cárcel de Nafha, en la localidad meridional de Mitzpe Ramon.


“No sé por qué me niegan el permiso de visita. Tengo 67 años. ¿Qué amenaza supongo para la seguridad de Israel? Sólo quiero verlo y asegurarme de que está bien. No sé cuánto viviré, cualquier visita puede ser la última. Tengo miedo de morirme sin verlo”, dijo la mujer.


“Cada vez que solicito un permiso, rechazan la solicitud. Hace casi un año que no veo a mi hijo. Es terrible. Nos están castigando, intentando que nos hundamos.”


Según la normativa del Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel, todos los presos tienen derecho a recibir visitas familiares cada dos semanas. Sin embargo, en la práctica, como los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados deben solicitar permisos para entrar en Israel, esa frecuencia no se cumple. La normativa del Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel también permite a las autoridades rescindir el derecho de un preso a recibir visitas familiares por motivos de seguridad.


Los presos de Gaza siguen siendo los más afectados por las restricciones israelíes, ya que el ejército de Israel sólo concede un permiso cada dos meses a las familias de la Franja. Esta política afecta a unos 365 presos de Gaza que actualmente están detenidos en Israel. Además, a los presos de Hamás, junto con otros que viven en los mismos pabellones de las cárceles, no se les permite más que una visita mensual, independientemente de su procedencia.


Desde 1969, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha sido responsable de la mediación y la facilitación de todos los aspectos relacionados con las visitas familiares de los presos de Cisjordania y Gaza, sin ninguna ayuda logística ni económica de Israel. Los residentes en Cisjordania y Gaza solicitan el permiso a través del CICR, que se encarga de organizar el transporte a las cárceles de acuerdo con el Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel. En julio de 2016, el CICR redujo el número de visitas coordinadas para familias de presos de Cisjordania de dos visitas mensuales a una. Un representante del organismo dijo a Amnistía Internacional que la decisión se había tomado para poder gestionar mejor los recursos del CICR dada la baja asistencia de familiares a las visitas. La reducción no afecta a mujeres, niños y niñas y presos hospitalizados y, desde entonces, el CICR ha introducido tres visitas anuales adicionales a todos los presos durante los principales periodos vacacionales.


“Reham” (nombre ficticio), palestina de Ramala de 27 años, tenía 12 cuando detuvieron a su hermano, que lleva cumplidos encarcelado en Israel 15 de los 30 a los que fue condenado, y actualmente está en el centro de detención de Hadarim. “Reham” afirma que la incertidumbre de esperar el resultado de una solicitud para visitarlo ha supuesto una considerable tensión para su familia. Desde octubre de 2016 le niegan permisos regulares por motivos de seguridad, y ahora tiene que renovar su permiso tras cada visita. A su madre, que estaba enferma, sólo le concedieron permiso para visitar a su hermano dos veces en cuatro años antes de morir, y a su hermano no le permitieron asistir a sus honras fúnebres.


Según la Asociación Addameer, la mayoría de los residentes de Cisjordania que visitan a familiares detenidos deben viajar entre ocho y 15 horas para llegar a la cárcel, según el centro penitenciario de que se trate y su lugar de residencia. Los familiares de los presos son sometidos a largos registros corporales, en ocasiones sin ropa.


“Las autoridades israelíes juegan con nuestras emociones, nos torturan y nos castigan. Intentan que nos hundamos, que nos cansemos, para que queramos hacer menos visitas a nuestros familiares por todas las humillaciones, registros, abusos e insultos de los soldados o los guardias penitenciarios”, afirma “Reham”.


Información complementaria


Además de pedir que se levanten las restricciones a las visitas de familiares, los presos y presas que se pondrán en huelga de hambre plantean una serie de de demandas, como la mejora del acceso a la atención médica; el aumento de la duración de las visitas (de 45 a 90 minutos); que las visitas familiares a las presas sean sin barreras de cristal para que las madres puedan tomar en brazos a sus hijos; la mejora de las condiciones de detención, incluida la reducción de las limitaciones a la entrada de libros, ropa, alimentos y otros obsequios de familiares; la restauración de algunas instalaciones educativas y la instalación de teléfonos para que los presos y presas puedan comunicarse con sus familias.