31 octubre 2013
Cuatro testimonios a 10 años del Informe Final de la CVR
A una década de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre el conflicto interno de 1980 a 2000, Amnistía Internacional recuerda y apoya la incansable búsqueda de verdad y justicia de las víctimas y sus familiares en conversaciones con Sofía Macher, Carmen Oyague, Rocío Silva y Felimón Salvatierra.

El Informe Final calculó que el número de personas asesinadas y desaparecidas durante el conflicto fue alrededor de 70,000 y detalló violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas cometidas por el Estado peruano y los grupos armados de oposición: el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. La comisión concluyó que miles de personas fueron objeto de torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias e ilegales y otras violaciones al debido proceso, y que medio millón de personas fueron desplazadas a raíz de la violencia.

El trabajo de la Comisión fue histórico, no sólo porque reveló la magnitud del conflicto interno y las violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes del conflicto, sino también porque incluyó una serie de audiencias públicas -algo sin precedentes en la región en ese entonces- y señaló que las raíces del conflicto quedaban en la marginalización extrema de los sectores más pobres de la sociedad, en particular la población indígena. La Comisión reveló a la sociedad peruana que los que más sufrieron los efectos de la violencia fueron las comunidades campesinas y quechuhablante, que tenían los niveles más altos de pobreza, falta de educación y exclusión social, y que la discriminación racial, social y de género hizo que no se reconociera esta realidad hasta ese momento.

La Comisión presentó una serie de recomendaciones para promover la verdad, justicia y reconciliación incluyendo: la reforma estructural de las fuerzas armadas, la policía y el sistema judicial; reparaciones individuales y colectivas para las víctimas; así como un plan nacional de investigaciones forenses con el fin de ubicar e identificar a las víctimas, establecer la causa de su muerte e identificar a los perpetradores. Además, presentó 43 casos emblemáticos (luego acrecidos a 47) ante el Ministerio Público para que se empezara a buscar y sancionar a los culpables de la violencia.

Desde la publicación de los hallazgos de la Comisión, se ha realizado algunos avances en la lucha contra la impunidad, incluyendo la comparecencia ante la justicia de varios de los principales perpetradores de estos crímenes. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar la verdad, justicia y reparación para las decenas de miles de víctimas y sus familiares, en particular la búsqueda de miles de personas desaparecidas, reparaciones integrales y justicia.

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