02 septiembre 2016
Honduras: trampa mortal para activistas medioambientales
De Erika Guevara-Rosas, Americas Director at Amnesty International, 1 septiembre 2016, 12:01 UTC

Tomás Gómez Membreño sintió un escalofrío en la espalda cuando supo del brutal asesinato de su reconocida amiga y aliada, la líder indígena hondureña Berta Cáceres, esta semana hace seis meses.

Activista medioambiental también y segundo de abordo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Tomás temió ser el siguiente.

La labor de Berta era reconocida ampliamente en todo el mundo y había recibido premios internacionales; si alguien pudo violar el santuario de su casa y matarla a tiros, resultaba demasiado aterrador pensar en lo que podría pasarle a cualquiera de los defensores y defensoras de los derechos humanos del país menos conocidos.

Tomás sabía también que la esperanza de que hubiera una investigación adecuada y de que se garantizara que los crímenes contra defensores y defensoras de los derechos humanos no se repitieran era pequeña en un país en el que las autoridades rara vez condenan los ataques contra activistas.

Lo trágico es que tiene razón.

Seis meses después de que dos hombres armados entraran una noche en casa de Berta y la asesinaran a sangre fría, Honduras se ha convertido en una zona de exclusión para cualquier persona que se atreva a proteger los recursos naturales, como la tierra y el agua, de poderosos intereses económicos.

Las cifras lo dicen todo.

Según un estudio reciente de Global Witness, Honduras y la vecina Guatemala tienen las dos tasas más elevadas de asesinatos de activistas medioambientales per cápita.

En 2015, un sobrecogedor 65 por ciento (122 de 185) de los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en asuntos relacionados con las tierras, el territorio o el medio ambiente en todo el mundo se cometieron en América Latina. Ocho fueron en Honduras y 10 en Guatemala solamente.

El asesinato de Berta fue un punto de inflexión para lo que ya era una situación escandalosa. Pero su trágico final apenas fue una sorpresa: era una tragedia que tenía que ocurrir.

Meses antes de su asesinato, Berta había denunciado varias amenazas graves en relación con su oposición declarada a la construcción de la represa de Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, en la región noroccidental de Honduras.

La comunidad indígena local lenca se queja de que no se la consultó debidamente sobre un plan que amenazaría el curso del río Gualcarque, que es sagrado para ellos y que les provee de comida y de agua para beber. Según el COPINH, si se construye, la represa obligaría a la comunidad a trasladarse, pues hará que la vida en la zona sea prácticamente imposible.

Pero en Honduras y Guatemala, países ricos en recursos, atreverse a defender los recursos naturales, tan preciados en los mercados globales de productos básicos, puede ser una actividad letal.

Los dos países centroamericanos han llegado a ser aún más atractivos para las poderosas industrias extractivas, debido en parte a las leyes, cada vez más laxas, que rigen lo que pueden y no pueden hacer las empresas. Mientras tanto, se expulsa continuamente a las comunidades locales de las tierras de las que depende su supervivencia.

La mezcla tóxica de amenazas, cargos falsos, campañas de difamación, ataques, asesinatos y unos sistemas judiciales que se desmoronan, incapaces de hacer justicia, ha hecho casi imposible la legítima actividad de defender los derechos humanos fundamentales.

Los crímenes contra activistas rara vez se investigan debidamente, lo que perpetúa la violencia. Las autoridades suelen culpar de las terribles injusticias a la debilidad de las instituciones del país, pero ignoran muy oportunamente el hecho de que es la absoluta falta de voluntad política para proteger y apoyar a estos activistas lo que suele ponerlos en peligro mortal.

Tras la enorme presión internacional, el gobierno de Honduras ha iniciado una investigación sobre el asesinato de Berta y ha detenido a cinco personas, pero sigue habiendo dudas sobre la equidad e imparcialidad del proceso. Mientras tanto, los miembros del COPINH y los abogados de Berta continúan recibiendo amenazas y son objeto de acoso.

Tomás teme lo que le puede pasar a las personas relacionadas con Berta. Otros activistas tienen tanto miedo que ni siquiera se atreven a decir su nombre en público o a hablar de las amenazas que reciben habitualmente por proteger los derechos humanos fundamentales.

Pero dicen que dejar de hacer su trabajo no es una opción. Son la última línea de defensa: nadie más defenderá a sus comunidades y sus derechos.

Los recursos naturales -y las personas que valerosamente los protegen- son algunos de los bienes más preciosos de un país, no sólo por motivos económicos. Sin tierras para cultivar alimentos o agua limpia para beber, comunidades enteras serán borradas sin dejar rastro.

Aunque las soluciones a esta profunda crisis no son simples, no se pueden ignorar.

Invertir tiempo y recursos en una revisión, muy necesaria, de los sistemas de justicia de Honduras y Guatemala a fin de garantizar unas investigaciones efectivas sobre estos crímenes, y ofrecer la protección adecuada a quienes están en situación de riesgo haría mucho para prevenir que perdamos más activistas valientes como Berta.

No hay tiempo que perder.