01 agosto 2016
El calvario para la familia de tener un preso de conciencia en Venezuela tras años a la espera de juicio
Por Alexandra Perdomo y Víctor Molina, de los equipos de Documentación y Comunicaciones de Amnistía Internacional Venezuela (@amnistia)

Rosmit Mantilla Flores esperaba la arepa que su abuela le preparaba para desayunar todos los días cuando su abuelo abrió la puerta a unos 20 funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariano Nacional (SEBIN) quienes armados hasta los dientes llegaron con orden de allanamiento en mano.

Eran aproximadamente las 5:30 de la mañana del 2 de mayo de 2014.

La orden estaba basada en una acusación hecha por una persona anónima, denominada "patriota cooperante", que indicaba que Rosmit había recibido dinero de un grupo de empresarios para financiar las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que tuvieron lugar entre febrero y junio de ese año.

Rosmit, entonces estudiante de Comunicación Social, vivía con su abuelo Abraham, su abuela Luisa, y su perrito puddle, Nicoll, en un apartamento en Caricuao, un sector popular de Caracas.

Su activismo a favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en Venezuela y su interés por la política lo llevó a trabajar dentro del partido de oposición Voluntad Popular.

Rosmit ha hecho sentir su voz públicamente para empujar disposiciones en las leyes que permitan de una vez por todas las uniones civiles para las personas del mismo género; la penalización de los crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad o expresión de género; y el derecho al cambio legal de la identidad de género.

En Venezuela existe una arraigada discriminación en contra de la comunidad LGTBI y a pesar de los constantes reportes de casos de violencia hacia esta comunidad, los responsables rara vez comparecen ante la justicia.

Los funcionarios entraron en su habitación y manifestaron haber encontrado sobres con dinero.

Su abuelo dice que Rosmit cometió el error de quedarse fuera de la habitación mientras los funcionarios revisaban, ya que los mismos colocaron el dinero ahí a modo de fabricar esa prueba.

La abuela de Rosmit recuerda: «Todavía no habían abierto los sobres y ellos decían que el contenido era dinero».

Los sobres luego fueron marcados con los nombres «Santa Fe» y «Altamira», los dos sectores de la capital donde grupos de manifestantes, en su mayoría estudiantes, solían levantar barricadas, denominadas "guarimbas".

Más tarde, los funcionarios del SEBIN afirmaron haber encontrado, durante el registro del domicilio, panfletos llamando a protestas. Esto fue negado por Rosmit y su familia. Tras terminar el allanamiento, a Rosmit se lo llevaron en el acto y hasta el día de hoy se encuentra tras las rejas a la espera de un juicio que todavía no ha iniciado.

Después de 15 días de detención, finalmente le permitieron al señor Abraham visitar a Rosmit. Les dieron 10 minutos para el encuentro. Aunque no presentaba señales de haber recibido maltrato físico, Abraham afirma que Rosmit había sido maltratado psicológicamente.

Abraham, devastado por los acontecimientos y confundido, estalló en llanto frente a un funcionario. Abraham dice que el funcionario le dijo que esas lágrimas eran inútiles, y que su nieto estaba perdido, pues el motivo por el cual lo habían detenido era político, que no había esperanzas de que lo dejaran en libertad.

La vida desde entonces cambió radicalmente para la familia Flores y empezó a girar en torno a los dos días de visita semanales que le permiten recibir a Rosmit y a las audiencias a las que han acudido ya más de 20 veces, y las que, cada vez que hacen acto de presencia, son diferidas. Cuando sus abuelos quisieron que lo visitara un psicólogo, tuvieron que decir que se trataba de un tío, porque en el SEBIN no permiten que alguien que no sea de su familia lo visite.

El 6 de diciembre de 2015, Rosmit fue electo como diputado suplente a la Asamblea Nacional de Venezuela. Se trata de la primera persona abiertamente homosexual en ser electa para tal cargo. Sin embargo, a Rosmit se le ha impedido toda posibilidad de juramentarse como diputado y permanece detenido.

En el modesto apartamento de Caricuao, los abuelos de Rosmit no pueden evitar sentir nostalgia, dejando aflorar a través de lágrimas el pesar que sienten por no poder tener a su nieto en casa, aunque siguen sacando fuerzas.

No tienen más opción que ser fuertes: tienen que llevarle a Rosmit toda la comida para que pueda subsistir, además de las medicinas y productos de higiene básicos que necesita, como jabón, crema dental y papel higiénico. También tienen que llevarle el agua potable para que pueda beber. Nada de eso se lo proveen en el SEBIN. Con frecuencia, Rosmit también pide ayuda a sus abuelos para otros prisioneros que junto a él se encuentran detenidos y que no cuentan con familiares en Caracas que puedan velar por ellos.

El Ministerio Público acusa a Rosmit de instigación pública, intimidación pública, obstaculización de vías, incendio de edificios públicos y privados, daños violentos y asociación para delinquir. Delitos por los que están pidiendo en conjunto 35 años de cárcel. Ante esto, los abuelos de Rosmit temen que si su nieto es injustamente condenado sus vidas no serán lo suficientemente largas para volver a verlo libre.

Amnistía Internacional considera que el Ministerio Público no ha presentado evidencias que vinculen a Rosmit Mantilla con los delitos que se le imputan, y que su prolongada detención efectivamente tiene motivaciones políticas. Las autoridades venezolanas a menudo se muestran intolerantes hacia quienes manifiestan puntos de vista críticos por lo que personas pertenecientes a partidos de oposición, y personas defensoras de derechos humanos, enfrentan ataques continuos y campañas de desprestigio e intimidación por parte de altas autoridades. De igual manera, las injerencias en el sistema de justicia por parte del poder ejecutivo ponen en entredicho la independencia del poder judicial. El hecho de que más del 60 % de los jueces y las juezas ocupe su cargo de manera temporal los hace susceptibles a presiones políticas.

La familia de Rosmit recientemente informó a Amnistía Internacional que Rosmit está sufriendo de depresión y ha perdido mucho peso a lo largo de su detención. Debido a la falta de sol (aparentemente solo se le permite recibir luz solar una vez al mes) ha desarrollado problemas en la piel. Rosmit Mantilla es un prisionero de conciencia que debe ser liberado inmediata e incondicionalmente. Él nunca ha usado ni abogado por la violencia. Sus abuelos, y el resto de su familia, siguen esperando su libertad.

Pide a las autoridades la libertad inmediata e incondicional de Rosmit haciendo clic aquí