Amnistía Internacional presenta su resumen de la situación de los derechos humanos en el Perú y el Mundo con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la primera carta de derechos fundamentales de alcance global, adoptada en 1948 por los gobiernos del mundo.
En el documento titulado ‘Derechos Hoy’ la organización hace un resumen de la situación los derechos humanos a lo largo del 2018. En esta publicación se resalta el rol que han tenido las mujeres activistas de todo el mundo en la vanguardia de la defensa y protección de los derechos humanos.
Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos a tomar medidas que garanticen el respeto de los derechos de las mujeres, que incluirían no sólo comprometerse con las normas internacionales, sino también reformar las leyes nacionales lesivas y adoptar medidas proactivas para empoderar a las mujeres y proteger sus derechos.
A lo largo del presente año una serie de movilizaciones ciudadanas lideradas por valientes mujeres han logrado grandes impactos en el panorama local de los derechos humanos. Desde las madres y hermanas de las víctimas de Alberto Fujimori que continuaron exigiendo justicia, hasta las miles de mujeres que se unieron y movilizaron en las calles para reclamar por una vida libre de violencia machista. En este contexto, la organización hará entrega el día de hoy, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, 40,458 firmas recolectadas durante el año 2018 las cuales instan al presidente Martin Vizcarra a proteger y promover los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las firmas suscriben el petitorio difundido por la organización el cual insta al gobierno peruano a enfrentar las diversas formas de violencia y discriminación y proteger los derechos humanos de las niñas y mujeres, las personas LGTBI, las personas defensoras de derechos humanos, y la lucha contra la impunidad. Estas firmas son un reflejo de lo que sectores de la ciudadanía ven con preocupación y requieren una respuesta del gobierno.
Frente al panorama negativo que presenta la cifra de 135 mujeres asesinadas a lo largo del año, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, miles de mujeres han salido a las calles en reiteradas ocasiones para alzar su voz contra la impunidad y exigir sanciones que reivindiquen su derecho a la justicia. Estos últimos meses hemos sido testigos de como urge una reforma en el sistema de justicia para acabar con la corrupción que tanto daño ha hecho a la lucha para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Esto pasa en un contexto en el que los avances del Estado peruano para orientar sus políticas a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres son constantemente atacadas por grupos antiderechos que quieren limitar los derechos de las mujeres y reducirlas a un rol reproductivo y protectoras del hogar.
“Es importante orientar las políticas del Estado peruano para acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres. Urge hacerle frente al machismo desde la escuela, donde se debe enseñar que las niñas tienen tantas fortalezas como los niños”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. “El enfoque de género y la educación sexual integral son herramientas fundamentales para lograrlo”.
El Perú continúa siendo un país indiferente a los derechos de la población LGTBI. A pesar de haber asumido compromisos internacionales al respecto, el Estado carece de medidas específicas que garanticen la protección frente a la violencia y discriminación, y la igualdad de derechos de las personas LGTBI. Es urgente que el Estado garantice el acceso al matrimonio igualitario, reconozca legalmente la identidad de género de las personas trans y se reconozca la discriminación por orientación sexual e identidad de género como agravante de un delito.
Este año el Perú firmó, junto a otros catorce países, el Acuerdo de Escazú. Esta es una oportunidad histórica para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, especialmente los derechos relacionados con la tierra y el ambiente. La tarea se encuentra ahora en el Congreso de la Republica, que debe ratificar el Acuerdo de Escazú a la brevedad. Junto con ello, es prioritario que el Estado apruebe e inicie la implementación efectiva una política pública para proteger a las personas defensoras de derechos humanos frente a la violencia, amenazas y hostigamiento que sufren por su rol de defender los derechos humanos.
Esta medida debe ser efectiva también debido a la violencia de empresas, gobiernos e instituciones a la que están expuestas las mujeres defensoras de derechos humanos. Los patrones de violencia de género física y simbólica se reproducen en estos contextos. Se realizan campañas de desprestigio que incluyen difamación y rumores sobre su sexualidad y condición de mujer que refuerzan estereotipos de género. Estas campañas dañan su liderazgo en organizaciones y movimientos.
Este año el esfuerzo de representantes de comunidades indígenas y campesinas de diversas regiones del Perú, agrupadas en la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos, permitió que el Ministerio de Salud reconozca la afectación por metales tóxicos como una problemática nacional y la aprobación de los Lineamientos de Política Publicas para la Atención a Personas Afectadas por Metales Tóxicos. Esta respuesta del Estado debe venir de la mano de una implementación inmediata, con los recursos financieros y humanos necesarios, de políticas destinadas a la atención en salud de las personas expuestas a estas sustancias y evitar que se repita en otras zonas de nuestro país, además de determinar las causas de la contaminación y remediarlas.
“Amnistía Internacional viene acompañando a las comunidades de Cuninico y Espinar, así como a otras comunidades en los andes y la amazonia, lideradas por valientes mujeres que buscan que los derechos al agua y a un territorio libre de contaminación sean respetados por las autoridades. Es importante que se atienda esta problemática, ahora que se ha reconocido que es un tema relevante para el Ministerio de Salud al encontrarse evidencias de problemas de salud por metales tóxicos en más regiones del país”.
Durante el último año, Amnistía Internacional ha acompañado a las familias de los casos La Cantuta y Barrios Altos, cuyos derechos a la justicia, verdad y reparación se vieron vulnerados tras el indulto y derecho de gracia otorgados a el expresidente Alberto Fujimori. La organización ha manifestado públicamente su cuestionamiento a estas medidas en virtud de su incompatibilidad con las obligaciones internacionales de Perú para investigar, procesar sancionar las graves violaciones de derechos humanos. Hoy la valentía y el coraje de las familias ha sido respaldada por la justicia peruana que determinó que el indulto otorgado al ex Presidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017 no tiene efectos jurídicos. Ahora la tarea recae en la Sala Penal Especial que debe ratificar la decisión en primera instancia en la audiencia de apelación programada para el día 17 del presente mes.
Por ahora el Perú ha dado muestras claras de su compromiso contra la impunidad al resolver de acuerdo al derecho internacional las problemáticas legales planteadas por el indulto a Alberto Fujimori y la posterior aprobación de una ley que lo beneficiaría con la reducción de la pena. La organización ha declarado públicamente que las medidas destinadas a proteger la integridad o la vida de un condenado por graves violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional deben ser aplicada en casos muy extremos, no deben ser lesivas a los derechos a la justicia, verdad y reparación de las víctimas, y no deben implicar necesariamente la liberación ni mucho menos la extinción de la pena.
“Mujeres como Raída Condor, Gisella Ortiz y Rosa Rojas son ejemplo del coraje que tienen las mujeres a la hora de hacer frente a graves violaciones a los derechos humanos. Ellas han demostrado que es posible vencer a la impunidad y defender la memoria, la verdad y la justicia”.