06 noviembre 2013
CVR+10: conversación con Felimón Salvatierra
"Faltan reparaciones dignas y alcanzar una verdadera justicia"

Felimón Salvatierra Garamendi es uno de los miles de hijos que perdieron a sus padres durante la violencia política en el Perú. No había cumplido aún los cuatro años de edad cuando el 20 de febrero de 1985, miembros del ejército entraron encapuchados en el domicilio donde vivía con sus padres y sus dos hermanos, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, capital de la región de Ayacucho. Su padre, Telésforo Salvatierra Tenorio, fue detenido y nunca más volvieron a verlo.

Para reconstruir los sucesos que han marcado su vida, Felimón Salvatierra se refugia en la memoria de su familia. "Según versiones de mi hermano y de mi madre, por ejemplo, le han hecho desaparecer por envidia", señala al intentar buscar una explicación a la desaparición de su padre. "Nada, no tenía nada que ver con la política", afirma.

La misma noche en que se llevaron detenido a su padre, varias personas de la misma cuadra también desaparecieron. "Muchos de los hermanos desaparecidos fueron llevados al cuartel Los Cabitos, han sido torturados y luego asesinados, y en algunos casos han sido cremados, porque encontraron un horno en La Hoyada", prosigue Salvatierra. "Pensamos que mi padre también haya corrido la misma suerte que otros detenidos ahí, pero hasta la fecha es un desaparecido", lamenta.

Felimón Salvatierra lleva casi 10 años de activismo a favor de las víctimas del conflicto, inicialmente con la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, luego con la organización de derechos humanos Paz y Esperanza y con la Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política - Ayacucho (Coravip), de la que fue nombrado presidente en junio pasado.

Su madre participó en las audiencias y reportó su caso en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. "Las madres, principalmente, lo que pedían era justicia y verdad, que se sancionen a los responsables; y, si es que se sancionan, si es que se alcanza la justicia, principalmente pedir el tema de las reparaciones", afirma.

Por otro lado, remarca el papel que han jugado durante todo el proceso las organizaciones de derechos humanos: "Si no hubiese habido instituciones de derechos humanos creo que nuestros casos ni siquiera estarían avanzando, ni siquiera se habría iniciado las investigaciones. Si se han realizado las exhumaciones es porque instituciones como de APRODEH, COMISEDH, Paz y Esperanza están patrocinando a los familiares."

"Después de diez años de haberse dado el Informe Final de la Comisión de la Verdad no se ha avanzado mucho", afirma Felimón Salvatierra. Asimismo, lamenta que las autoridades no cumplan con los compromisos y acuerdos alcanzados. "Lo que quisiéramos es que el Estado asuma verdaderamente sus obligaciones, entonces tendríamos ya, de repente, menos trabajo desde las organizaciones de afectados. Ya no estaríamos exigiendo el tema de justicia, el tema de la memoria". Según él, uno de los problemas es el propio desconocimiento de la situación y las leyes. "Muchos de los funcionarios no conocen el tema del Plan Integral de Reparaciones, no conocen cuáles son esas necesidades para que puedan atender a las víctimas", argumenta.

Como ejemplo de la lenta implementación de las recomendaciones de la CVR, expone la situación de los más de 1000 restos de víctimas de la violencia que al día de hoy están en el Ministerio Público en Ayacucho. "Hasta la fecha, carece de un presupuesto del Ministerio de Justicia para que pueda comprar los reactivos y así avanzar con el tema de identificación. ¿De qué paz, de qué justicia podemos hablar si a pesar de estos restos que se han exhumado en diferentes centros poblados, distritos, comunidades campesinas, no se avanza nada?", se pregunta.

"Para que haya justicia primero tendría que haber una reparación digna, una memoria en los lugares. El Estado tendría que, mínimamente, pedir perdón a todos los familiares por todos estos daños ocasionados durante la violencia política, y los perpetradores tendrían que ser sancionados para que haya una verdadera justicia. De alguna forma algunos casos han avanzado, por ejemplo, en el caso de la Cantuta, con la sentencia de Fujimori, y con la sentencia de algunos otros perpetradores. Pero el resto ¿qué?", se cuestiona Salvatierra.

Uno de los aspectos de la reparación es el monto económico. Hoy muchos de los familiares son personas ancianas que, en muchos casos, además de no encontrar a sus seres queridos, no han tenido una reparación económica o si la han tenido muy baja. "Sacan una norma en la que se establece que las reparaciones económicas solamente van a ser de 10.000 soles (equivalentes a unos 3,600 dólares norteamericanos) por víctima. De esos 10.000 soles, el 50% le corresponde al cónyuge y el otro 50% a los hijos y padres y madres de la víctima", explica Salvatierra. Como ejemplo de la situación en la que se encuentran muchas familias expone un caso que él conoce: "En una familia quedaron doce hijos. Existe la madre de la víctima y también existe la esposa de la víctima. A la esposa le dan 5.000 soles y el otro 50% se reparten los doce hijos más la madre de la víctima. 13 personas que dividido serían aproximadamente 385-400 soles (140 dólares)", denuncia.

"Como organización, lo único que pedimos es que se implementen las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en forma integrada", exige. Pero las demandas de Felimón Salvatiera en el ámbito personal se centran en la justicia y que estos hechos no se olviden para que no vuelvan a repetirse. "Que las reparaciones sean de manera digna, para que los afectados alcancemos una verdadera justicia, para que haya una memorialización. No podemos permitir el retorno de la violencia en la que nosotros hemos pasado 20 años", concluye Salvatierra.