21 febrero 2017
El muro de Trump condenará a los refugiados de Centroamérica a una vida de violencia y miedo

Josefina Salomón, Amnistía Internacional


La imagen de una docena de niños y niñas jugando detrás de una valla metálica, rodeados de guardias armados, lo dice todo: en uno de los barrios más peligrosos del mundo, hasta los juegos están confinados por medidas de seguridad.


El parque, recién construido, está en el barrio Rivera Hernández de San Pedro Sula, Honduras, una de las zonas más letales de la ciudad más peligrosa de uno de los países más violentos del mundo.


Pasamos junto al parque en un pequeño auto, con las ventanillas bajadas. El conductor, un joven que nació a unas manzanas del lugar adonde nos dirigimos, dice que los miembros de la banda local tienen que vernos: no les gustan las visitas de forasteros.


En el distrito de Rivera Hernández hay siete bandas rivales que controlan cada uno de los 39 barrios de la zona y la vida de los 150.000 hombres, mujeres, niños y niñas que viven en ella.


En varias paredes los grafitis muestran cómo está dividido el territorio y advierten a los vecinos de las consecuencias de cruzar hacia el otro lado.


Grafiti pintado por una mara en la Rivera Hernández, una de las zonas más peligrosas de Honduras.


Todas las personas que viven aquí conocen las reglas básicas: no confraternizar con miembros de una banda rival, no hablar contra la banda que controla tu zona, no negarse a entrar en la banda de tu barrio o a convertirse en la “novia” de uno de los líderes, pagar las “tasas” impuestas por la banda.


¿Cómo se castiga el infringir las normas? Con la muerte.


Camila, una maestra de 22 años, vino a vivir a la Rivera Hernández siendo adolescente, cuando su padre encontró trabajo en una fábrica local.


Crecer en la zona fue duro.


“En la Rivera Hernández viven muchas personas buenas, trabajadoras, que quieren mejorar las cosas pero también pandilleros y militares puestos por el Estado que no nos protegen”, dijo.


“Aquí no podés moverte libremente. En cualquier momento se puede armar un tiroteo donde mueren jóvenes a manos de las pandillas o militares acosadores que muchas veces están trabajando en conjunto con las maras.


“Los niños viven como en una cárcel, por el miedo. En las escuelas hay muchos mareros y hostigan a los jóvenes, les meten miedo. Te obligan a que seas novia, y si te quejas, nadie hace nada por miedo. Hay maestras que tuvieron que dejar la escuela, hasta dejar el país por amenazas de las maras.”


Sólo queda huir


Camila trabaja ahora en Paso a Paso, una organización fundada en 2002 para enseñar a niños y niñas en edad escolar en un entorno seguro.


El edificio es un oasis de calma en medio de la violencia del otro lado de los altos muros de ladrillo. Varios grupos de niños y niñas de entre seis y 16 años estudian, hacen sus tareas escolares, leen y participan en debates sobre cómo construir un Honduras más seguro.


“Entré al programa con nueve años. Me cambió la vida porque no tenía un lugar a donde estar mientras mis papás trabajaban. Aquí te enseñan cosas, te dan un lugar seguro donde estar. Cuando terminé, me quedé para poder ayudar a otros”, dice Camila.


Pero por impresionante que sea, a veces parece que el proyecto no es más que un pequeño parche en medio de la violencia y el terror que dominan la vida de miles de personas al otro lado de estas paredes.


Con una tasa de asesinatos sólo superada por la de Siria, y un gobierno que hace poco para proteger a quienes son objetivo de esta violencia, Honduras se ha convertido prácticamente en una zona de guerra, donde la mayoría de las personas, sobre todo adolescentes, no tiene más remedio que huir y buscar asilo en otro país.


“Muchos de los niños aquí tienen historias de violencia, muchos han visto a familiares siendo asesinados. Si van a denunciar, la policía no hace nada y muchos no denuncian porque saben que la policía vende información a las pandillas. Acá toca callar porque si no al día siguiente ya no estás. Aquí [en Paso a Paso] los ayudamos a salir adelante pero para muchos la única opción es irse del país”, explica Camila.


Y la gente, cada vez más, se marcha del país.


Según la Agencia para los Refugiados de la ONU, el número de solicitudes de asilo presentadas en todo el mundo por personas de El Salvador, Honduras y Guatemala entre 2010 y 2015 aumentó casi un 600 por ciento.


En 2015, 48.000 personas de estos países pidieron asilo en otros, el doble que en 2014.


Pero en lugar de darles la protección a la que tienen derecho en virtud del derecho internacional, México y Estados Unidos —adonde huye la mayoría— las devuelve cada vez con más frecuencia al mismo peligro mortal del que tratan de escapar.


Solamente entre 2010 y 2015 las deportaciones de México a Honduras aumentaron un 145 por ciento.


Una vez de regreso en sus países, las personas refugiadas están solas, sin ningún tipo de protección significativa del gobierno, expuestas a las mismas bandas que las aterrorizaron durante años.


¿Un punto de inflexión?


Desde que tomó posesión de su cargo el mes pasado, el presidente estadounidense Trump no ha hecho ninguna referencia a los cientos de miles de personas refugiadas de Centroamérica que viajan a través de México a Estados Unidos en busca de seguridad.


Pero su visión de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México y otras políticas tendrán probablemente consecuencias letales para muchas personas que buscan una salida a la violencia mortal que es endémica en sus países de origen.


Como parte de una serie de órdenes ejecutivas firmadas en su primera semana en la Casa Blanca, el presidente Trump ha hecho exponencialmente más difícil que quienes huyen de la violencia extrema encuentren un lugar seguro al que llamar hogar con medidas como la paralización del programa estadounidense para menores centroamericanos, creado por el presidente Obama en 2014 para ayudar a los niños y niñas procedentes de países asolados por la violencia como Honduras y El Salvador.


Al cerrar la puerta a las personas refugiadas, Trump las está condenando a una vida de terror y violencia.


No hacer nada para proteger a los refugiados no va a impedir que las personas emprendan estos peligrosos viajes; sólo las expondrá a un riesgo mayor, al empujarlas a emprender una y otra vez el arriesgado trayecto en busca de seguridad.


“Escuchamos muchas historias de chicos que son deportados de México y Estados Unidos y los abusan o matan. La mayoría vuelven a emprender el viaje, una y otra vez. No ven otra opción”, dice Camila.