Amnistía Internacional muestra preocupación por el conflicto socio ambiental que viene ocurriendo en la comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris, región de Lambayeque Perú, en el marco del proyecto minero Cañariaco, de la compañía canadiense Candente Copper.Desde hace más de ocho días se vive enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes de la comunidad, por el rechazo a este proyecto minero.Ante esta situación, Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno peruano para que adopte la debida diligencia en promover tanto el diálogo participativo con los titulares de derechos como los mecanismos de protección ante riesgos contra los derechos humanos que puedan surgir en el marco de la iniciativa empresarial cuestionada. Amnistía Internacional pide que se actúe conforme los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados en junio de 2011.Amnistía Internacional pide al Estado Peruano garantizar que todo el personal de las fuerzas de seguridad que participa en tareas de control de manifestaciones haga uso proporcional de la fuerza, acatando en todo momento sus obligaciones de respetar los derechos humanos. Al mismo tiempo, hace un llamado a las personas que participan de las protestas que impidan agresiones a las personas, incluidas las fuerzas del orden."Las autoridades peruanas deben tomar las medidas necesarias para evitar una escalada de violencia que ponga en riesgo el ejercicio de los derechos humanos", ha declarado Juan Carlos La Puente, director de Amnistía Internacional en Perú.