Amnistía Internacional expresa sus condolencias a todas las comunidades y personas afectadas, y envía un mensaje de solidaridad al pueblo Chileno. Los desafíos que se avecinan para Chile son enormes y dominarán los esfuerzos de todos durante muchos años. La membresía de Amnistía Internacional, tanto de Chile como de otros países, está apoyando de diversas maneras y de forma voluntaria los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción tras el terremoto.

Amnistía Internacional señala que proteger los derechos humanos es esencial para que la ayuda humanitaria sea efectiva y la recuperación duradera.

En vísperas de la transición a un nuevo gobierno en Chile, Amnistía Internacional resalta la importancia de implementar planes y acciones consensuadas y coherentes con el fin de asegurar que se sostenga una efectiva protección de los derechos humanos durante las próximas etapas. Los esfuerzos y las acciones para abordar los problemas de derechos humanos deben comenzar durante la fase de ayuda humanitaria y estar en el centro de los trabajos de reconstrucción.

En las situaciones de crisis y emergencia es cuando más peligran los derechos humanos. La ayuda humanitaria y los trabajos de reconstrucción en Chile deben basarse en el respeto y la promoción de todos los derechos humanos. Amnistía Internacional recuerda que los esfuerzos humanitarios deben ofrecerse garantizando la no discriminación, y asegurando que las necesidades de las personas y comunidades más vulnerables sean prioritarias en las acciones que se emprendan.

Se debe dar la adecuada prioridad a conseguir un nivel mínimo esencial de alimentos, agua, instalaciones sanitarias, educación, salud y vivienda para toda la población, y asegurar que esas actuaciones se centran en las personas que más lo necesitan. Para asegurar que la ayuda que se brinde sea apropiada y de calidad, es necesario crear mecanismos eficaces que permitan la participación significativa de todas las comunidades afectadas, incluidas las más marginadas, en los esfuerzos de ayuda humanitaria y desarrollo.

Todos los actores implicados de una u otra forma en la provisión de ayuda humanitaria han de tomar medidas apropiadas que garanticen el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Además, deben asegurar que no se cometen violaciones de derechos humanos, tal y como establecen los instrumentos internacionales sobre la materia. Quienes están a cargo de las fuerzas de seguridad deben garantizar, en sus operativos para mantener el orden público, la estricta observancia de los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Durante la distribución de la ayuda humanitaria y las primeras etapas de la fase de reconstrucción, Amnistía Internacional recomienda que se preste atención a los siguientes temas:

• Seguridad y cumplimiento de la ley;
• Protección de los grupos más vulnerables afectados por el terremoto y acciones dirigidas a ello;
• Asegurar un enfoque de género transversal en los esfuerzos humanitarios;
• Protección de los derechos de las personas internamente desplazadas.

“En países pobres y ricos por igual, las mujeres que han sido objeto de violación o abusos tienen pocas oportunidades de ver procesados a sus agresores –ha afirmado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional, Política y Campañas de Amnistía Internacional–. Resulta escandaloso que, en pleno siglo XXI, con tanta legislación destinada a garantizar la igualdad de las mujeres, prácticamente ningún gobierno proteja a las mujeres ni garantice el procesamiento de sus agresores para que respondan de sus crímenes.”

Los informes de Amnistía Internacional demuestran que las víctimas de abusos sexuales y violencia en el ámbito familiar que intentan obtener justicia se enfrentan a numerosos obstáculos, entre ellos la respuesta insuficiente, negativa o desconsiderada de la policía y del personal médico y judicial. Dado que la indiferencia de las autoridades es generalizada, muchas mujeres sienten vergüenza o culpabilidad y ni siquiera intentan poner los delitos en conocimiento de la policía.

En los casos en que las mujeres sí acuden a la policía, rara vez se da respuesta a sus reclamaciones de reparación y justicia. Según las conclusiones de ambos informes, los delitos de violación están entre los que presentan índices más bajos de procesamiento.

“A menos que la violencia sexual vaya acompañada de violencia física, simplemente no se toma en serio –ha afirmado Widney Brown–. La mujer que sobrevive a una violación sin presentar lesiones importantes a menudo es señalada o considerada responsable del delito cometido contra ella, mientras que el violador a menudo sólo se enfrenta a una sanción social o legal limitada, si acaso.”

Aunque los sistemas de justicia examinados en los informes son muy diferentes, Amnistía Internacional concluye que todos presentan discrepancias y vacíos legales que disuaden a las mujeres de intentar obtener justicia por los delitos cometidos en su contra.

En los países nórdicos, por ejemplo, es el uso de la violencia o la amenaza de violencia lo que determina la gravedad de la violación y no el propio quebrantamiento de la autonomía sexual de la mujer. El informe Case Closed documenta un caso en Finlandia en el que un hombre había obligado a una mujer a tener relaciones sexuales, en unos servicios públicos en desuso de un aparcamiento de vehículos, golpeándole la cabeza contra la pared y retorciéndole el brazo detrás de la espalda. En opinión de la fiscalía, no se trataba de una violación porque la violencia empleada había sido de carácter leve. Se declaró al hombre culpable de coacción para mantener relaciones sexuales y se le impuso una condena condicional de siete meses de cárcel.

En comparación, la negativa a realizar el servicio militar obligatorio y el servicio civil alternativo es punible en Finlandia con un mínimo de seis meses de cárcel.

En Camboya, las mujeres no confían en el sistema de justicia. Los gastos asociados a los trámites policiales disuaden a las mujeres de emprender acciones. A menudo se pide a las víctimas que paguen un soborno para que la policía inicie la investigación. También es habitual que les reclamen dinero para gastos médicos, transporte y llamadas telefónicas durante la investigación policial.

Breaking the Silence documenta asimismo la negociación de pagos extrajudiciales como “solución”. Normalmente, los agentes de policía actúan de árbitros entre las familias de la víctima y del agresor para que alcancen un acuerdo económico, con la condición de que la víctima retire la denuncia. El mediador recibe parte del dinero acordado.

“Para demasiadas mujeres, su experiencia del sistema de justicia supone un agravamiento de la violencia y los abusos sufridos inicialmente –ha afirmado Widney Brown–. Cada vez que un agresor queda sin castigo debido a estas deficiencias, es señal de que las autoridades son indiferentes a la difícil situación de las víctimas de violencia sexual.”

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las barreras más significativas y predominantes para alcanzar la igualdad de género. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que ejerzan la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia. Y para ello es imprescindible garantizar que las mujeres que han sido objeto de violencia tienen acceso a la justicia y a un recurso efectivo para obtener reparación por los daños sufridos.

La organización de derechos humanos ha pedido también la creación de una entidad de la ONU para las mujeres firme y consolidada, que garantice a las mujeres y las niñas el disfrute efectivo de sus derechos en todo el mundo. Amnistía Internacional participa en la campaña global de organizaciones no gubernamentales en favor de una Reforma de la Arquitectura de la ONU para la Igualdad de Género para pedir a los gobiernos y al sistema de la ONU que garanticen que la nueva agencia de la ONU tiene la autoridad, el personal y los recursos necesarios para lograr un cambio real en la vida de las mujeres de todo el mundo.

Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos a reafirmar plenamente su compromiso con el respeto de los derechos de las mujeres ,establecidos en numerosos tratados de derechos humanos así como en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, agenda de trabajo para potenciar las metas de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres.

Caso cerrado: Violación sexual y derechos humanos en los países nórdicos

Breaking the Silence: Sexual Violence in Cambodia

Amnistía Internacional considera que los gobiernos no conseguirán ningún progreso notable en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio si no resuelven primero los problemas estructurales de derechos humanos, como negar a las mujeres los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a no sufrir discriminación o violencia basada en el género.

Ernesto Rábago fue asesinado por disparos el 2 de marzo en la oficina que comparte con su compañera, Estela Mondragón. Los dos representaban a un grupo de indígenas rarámuri del poblado de Bakéachi, en el municipio de Carichí, estado de Chihuahua. Parte de la tierra en la que vive el grupo ha sido ocupada ilegalmente por hacendados. El 5 de febrero, un tribunal agrario ordenó que los hacendados abandonaran las tierras y las devolvieran a la comunidad indígena. Tanto Ernesto Rábago como Estela Mondragón han respaldado a “Bowerasa”, una organización benéfica creada para proporcionar servicios de salud, educación y jurídicos a la comunidad indígena de Bakéachi.

El 18 de febrero, la hija de Ernesto Rábago y Estela Mondragón recibió un disparo en el brazo mientras estaba sentada en su automóvil, aparcado en el garaje de su casa. Según Estela Mondragón, las autoridades no investigaron la posibilidad de que el ataque esté relacionado con el trabajo de los dos abogados. Antes de eso, Estela Mondragón había informado a las autoridades de que había recibido varias amenazas en relación con su trabajo y de que, el 28 de marzo de 2009, alguien había arrojado dos artefactos explosivos de fabricación casera contra la oficina de ambos, prendiéndole fuego. Pese a ello, no se adoptaron medidas de protección.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• pidiendo que Estela Mondragón y su hija reciban protección efectiva, en consulta con ellas y según ellas deseen;
• pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio de Ernesto Rábago, cometido en Chihuahua el 2 de marzo, y que se incluyan en ella todos los posibles vínculos con su actividad profesional;
• recordando a las autoridades su compromiso de respetar y defender la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, que reconoce la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo dichas actividades sin obstáculos ni temor a represalias.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE ABRIL DE 2010 A:

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F.,
06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Ministro

Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador del Estado de Chihuahua,
Palacio de Gobierno, 1er piso, C. Aldama #901, Col. Centro,
Chihuahua, Estado de Chihuahua, C.P. 31000, MÉXICO
Fax: +52 614 429 3300 (cuando se lo pida, marquen la extensión 11066)
Correo-e.: gobernador@chihuahua.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador

Patricia González Rodríguez
Procuradora del Estado de Chihuahua
Procuraduría General de Justicia del Estado
Vicente Guerrero 616, Col. Centro
Chihuahua 31000, MÉXICO
Correo-e.:
pagonzalez@buzon.chihuahua.gob.mx
Tratamiento: Señora Procuradora General

COPIA A: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Av. Juárez 4107/B, Chihuahua, México, Correo-e.: accion@cedehm.org.mx
y a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de México sufren amenazas, ataques, cargos penales de motivación política y encarcelamientos por encabezar protestas o por promover el respeto de los derechos humanos. El gobierno ha accedido a proporcionar medidas de protección a los defensores y defensoras en peligro, pero aún no ha elaborado un mecanismo para proporcionar protección efectiva y creíble en muchos casos. En particular, las investigaciones sobre las personas que se ocultan tras las amenazas y los ataques rara vez dan lugar al procesamiento de los autores; la impunidad es la norma en estos casos, y deja abierta la posibilidad de nuevos ataques. Para más información, consulten el informe más reciente de Amnistía Internacional: Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos en México, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/032/2009/es.

Huang Haiyong fue detenido en octubre de 2008, a su llegada a Perú desde Estados Unidos, en virtud de una orden de detención de la Interpol obtenida por China. Según su abogado en Perú, la orden se refiere a un cargo de fraude, delito que puede castigarse con la muerte. El 31 de marzo de 2009, la Comisión Interamericana dictó “medidas cautelares” para Huang Haiyong en Perú. En ellas se pedía a las autoridades peruanas que no lo extraditen hasta que la Corte se haya pronunciado respecto a su solicitud de protección.

En enero de 2010, la Corte Suprema peruana resolvió en favor de la extradición. Al parecer, en su decisión de extraditar a Huang Haiyong afirmó que las autoridades chinas habían garantizado que éste no sería condenado a muerte. La decisión final sobre la extradición recae en el presidente García.

China ejecutó al tibetano Lobsang Dhondup en enero de 2003, un mes después de haber garantizado a Estados Unidos que su caso sería sometido a una larga revisión por parte del Tribunal Supremo Popular. Las extradiciones y expulsiones llevadas a cabo anteriormente sugieren que no se debe confiar en las garantías chinas. En 1995, Wang Jianye fue ejecutado tras haber sido extraditado desde Tailandia, pese a las garantías dadas por las autoridades tailandesas respecto a que no sería condenado a muerte. En junio de 2000, Fang Yong fue condenado a muerte tras haber sido devuelto desde Canadá. Informes no confirmados sugieren que China había ofrecido garantías de que no se le condenaría a muerte. Su condena fue conmutada por cadena perpetua en la apelación.

Según parece, la Corte Suprema peruana ha resuelto a favor de la extradición de Huang Haiyong pese a la obligación internacional de Perú de no devolver a nadie a un país en el que pueda enfrentarse a la pena de muerte o la tortura.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• expresando preocupación por el hecho de que Perú está considerando la posibilidad de devolver a Huang Haiyong (Wong Ho Wing) a China, donde podría enfrentarse a la pena de muerte;
• señalando que las garantías ofrecidas por China respecto a no ejecutar a las personas que le son devueltas deben tomarse con extrema cautela;
• instando a las autoridades a no devolver a Huang Haiyong a China;
• instándolas a cumplir con su obligación internacional de no devolver a nadie a ningún país en el que pueda enfrentarse a la ejecución o la tortura.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE ABRIL DE 2010 A:

Sr. Alan García Pérez
Palacio de Gobierno
Plaza Mayor S/N.
Lima 1, PERÚ
Fax: + 51 1 311 3940
Tratamiento: Sr. Presidente

Sr. José Antonio García Belaúnde
Jr. Ucayali N° 318 – Jr. Lampa N° 535
Lima, PERÚ
Fax: +511 204 2410
Tratamiento: Sr. Ministro

Y copia a:
Asociación Pro Derechos Humanos
Jr. Pachacútec 980
Lima 11, PERÚ
Fax: +511 431 0477 (si responde una voz, digan: “¿Me puede dar tono de fax, por favor?”)

INFORMACIÓN ADICIONAL
La pena de muerte se aplica para unos 68 delitos en China, entre ellos delitos no violentos. China es el país del mundo que más personas ejecuta al año. Según estimaciones de Amnistía Internacional, en 2008 ejecutó al menos a 1.718 personas u condenó a muerte a 7.003. Estas cifras son un mínimo: las cifras reales son sin duda mucho más altas. La Fundación Dui Hua –ONG con sede en Estados Unidos–, basándose en las cifras facilitadas por las autoridades locales chinas, calcula que, en 2008, se ejecutó a entre 5.000 y 6.000 personas. Las estadísticas sobre condenas de muerte y ejecuciones están clasificadas en China como secreto de Estado.

En enero de 2007 se restauró la revisión llevada a cabo por el Tribunal Supremo Popular de todas las condenas de muerte, que había sido suspendida en 1982. Todas las condenas de muerte deben ahora ser revisadas por este tribunal, que tiene poder para aprobarlas o devolverlas a los tribunales inferiores para que las juzguen de nuevo. Las autoridades chinas han informado de una disminución de las ejecuciones desde que el Tribunal Supremo Popular reanudó estas revisiones. No obstante, la aplicación de la pena de muerte sigue rodeada de secreto en China. Sin acceso a esa información, resulta imposible realizar un análisis completo e informado de las novedades respecto a la pena capital en el país, o decir si ha habido una reducción de su uso.

Ninguna persona condenada a muerte en China recibe un juicio justo conforme con las normas internacionales de derechos humanos. En muchos casos, sus confesiones se admiten como prueba ante el tribunal, pese a que los propios acusados denuncian que les obligaron a realizarlas mediante tortura. Además, los condenados tienen que demostrar su inocencia, en lugar de que se demuestre su culpabilidad, y tienen acceso limitado a asistencia letrada.

China no ofrece procedimientos de indulto para los condenados una vez que éstos han agotado sus vías de apelación judicial.

La tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica sistemática y generalizada en todas las formas de detención en China, y en especial bajo custodia de la policía para obtener confesiones o información que puedan utilizarse en procedimientos judiciales.

En los últimos años, las autoridades chinas han aprobado numerosas normativas destinadas a fortalecer la prohibición formal de la tortura. Sin embargo, estas normas no se aplican de forma efectiva a nivel local. Esto es debido a una serie de deficiencias institucionales y de procedimiento que crean un entorno que permite que florezcan la tortura y otros malos tratos. Por ejemplo, el acceso de los detenidos a su familia y a asistencia letrada es limitado, condicional y queda a discreción de las autoridades.

Los tribunales suelen hacer caso omiso de las denuncias de tortura, rara vez se llevan a cabo investigaciones oficiales sobre estas denuncias, y los responsables suelen quedar impunes. Cuando se ordena llevar a cabo investigaciones, éstas no cumplen los requisitos de rapidez e imparcialidad, y a las familias no se les concede indemnización alguna.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método utilizado por el Estado para ejecutarlo. La organización considera que la pena de muerte viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. El derecho a la vida y la prohibición de las penas crueles, inhumanas o degradantes están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y otros tratados importantes de derechos humanos.

Margarita Martínez ha denunciado que, cuando se dirigía a buscar a su hijo a la escuela en la localidad de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, fue secuestrada por al menos dos hombres. Le cubrieron la cabeza con una bolsa y la metieron en un automóvil. La golpearon en la cara con un instrumento contundente y le colocaron contra las costillas algo que podía ser un arma. Sus secuestradores le dijeron: “ya no vas a poder trabajar”. También la amenazaron de muerte y le dijeron que retirara la denuncia que ella y su esposo habían presentado en noviembre después de que unos agentes de la Policía Ministerial asaltaran su casa de Comitán sin mostrar orden judicial alguna e intimidaran a su familia. Finalmente, sus secuestradores la dejaron libre cerca de su casa de San Cristóbal. Antes de dejarla marchar, le dijeron: “este es un regalito del presidente municipal de Comitán”. Margarita Martínez y su familia se habían trasladado recientemente a San Cristóbal, ya que no se sentían seguros en Comitán.

En diciembre y enero, Adolfo Guzmán y su familia recibieron amenazas de muerte anónimas en tres ocasiones. La familia las denunció a las autoridades y, a consecuencia de ello, la Procuraduría del estado de Chiapas le ofreció protección en forma de patrullas de la policía estatal y municipal. Sin embargo, Adolfo Guzmán y su familia rechazaron la protección, ya que temían que los agentes asignados no fueran independientes y pudieran estar relacionados con la fuente de las amenazas, lo que les pondría en un peligro aún mayor.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• pidiendo a las autoridades que proporcionen protección inmediata y efectiva a Adolfo Guzmán, Margarita Martínez y sus hijos, de acuerdo con sus propios deseos, para que puedan seguir adelante con su denuncia contra la policía;
• instándolas a ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el secuestro, los golpes y las amenazas sufridos por Margarita Martínez, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE ABRIL DE 2010 A:
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,
México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Señor Secretario

Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno,
1º piso, Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MÉXICO
Fax: +52 961 618 8050, ext.: 21122
Correo-e.: juansabines@chiapas.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador

Mtro. Raciel López Salazar
Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas
Libramiento no. 2010, Col. El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, MÉXICO, CP 29049
Fax: +52 961 6165724
Correo-e.: raciel.lopez@mje.chiapas.gob.mx
Tratamiento: Señor Procurador

COPIA A: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, Correo-e.: frayba@frayba.org.mx
Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

Información complementaria
Adolfo Guzmán trabaja para Enlace Comunicación y Capacitación, organización comunitaria que proporciona formación en derechos humanos y en desarrollo económico sostenible a comunidades indígenas. Margarita Martínez es activista de varias organizaciones locales de la sociedad civil, y recientemente ha sido voluntaria de Enlace Comunicación y Capacitación, con la que ha impartido formación.

La casa de Margarita Martínez y Adolfo Guzmán fue asaltada por la policía el 8 de noviembre. Unos 20 agentes de la Policía Ministerial se presentaron sin orden judicial, intimidaron a Adolfo Guzmán y apuntaron con un arma a Margarita Martínez. Dijeron que buscaban a “alguien”, sin decir a quién. Al parecer, el registro lo habían ordenado las autoridades estatales, que buscaban a las personas que habían organizado recientes protestas ante edificios públicos y habían cortado carreteras. Las protestas en cuestión habían estado encabezadas por agricultores locales y vendedores que pedían un espacio donde vender sus productos.

Carta abierta de Darsi Ferrer al Ministerio del Interior, 10 de agosto de 2009.

Durante los últimos cuatro años, Darsi Ferrer, director del Centro de Salud y Derechos Humanos “Juan Bruno Zayas” de La Habana, ha sido frecuentemente detenido y se le ha impedido participar y dirigir importantes eventos relacionados con los derechos humanos. Durante su más reciente detención, además, lo golpearon. Amnistía Internacional considera preso de conciencia a Darsi Ferrer y pide su libertad inmediata e incondicional.

Darsi Ferrer lleva privado de libertad desde julio de 2009, en situación de detención preventiva, por cargos espurios relacionados con la obtención ilegal de materiales de construcción. Actualmente se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad destinada a convictos de delitos violentos. Amnistía Internacional considera que Darsi Ferrer ha sido privado de libertad únicamente por su activismo de promoción de la libertad de expresión en Cuba.

Darsi Ferrer había organizado una manifestación prevista para el 9 de julio de 2009 a las 7.30 de la tarde en el Malecón de La Habana. Con el lema “El paseo de tus sueños”, la marcha era una invitación a los participantes para trabajar por una Cuba mejor y sin represión. Pocas horas antes de iniciarse la marcha, en el domicilio de Darsi Ferrer se presentaron seis agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y un agente de policía del Ministerio del Interior manifestando que tenían una orden de registro. Darsi y su esposa, Yusnaimy, pidieron ver la orden, pero los policías rehusaron mostrarla argumentando que aún tenía que firmarla la autoridad fiscal. Como Darsi y su esposa se negaron a permitir la entrada de los agentes en el domicilio los detuvieron arbitrariamente y se los llevaron a la comisaría de Aguilera, en Lawton, en el centro de La Habana. Allí los interrogaron durante varias horas. Darsi Ferrer fue esposado y golpeado por más de ocho agentes de policía, uno de los cuales intentó estrangularlo. En torno a la media noche, Darsi y Yusnaimy quedaron en libertad sin cargos.

Cuando Darsi y su esposa regresaron esa noche, advirtieron que habían desaparecido del portal de su casa dos sacos de cemento y varias planchuelas de hierro, y que alguien había desmontado de la pared interior de la vivienda dos ventanas de cristal y aluminio. Según los vecinos, en torno a las 7.30 de la tarde habían regresado a la casa unos agentes de policía para registrarla y se llevaron los materiales de construcción y las ventanas.

El 21 de julio, cuatro agentes de policía requirieron a Darsi que los acompañara a la comisaría para contestar a unas preguntas sobre los materiales que se habían incautado. Sin embargo, se lo llevaron a la prisión de máxima seguridad de Valle Grande, en las afueras de La Habana. Allí lo acusaron de “receptación”, es decir, de recibir artículos obtenidos ilegalmente (delito punible con penas de entre tres meses y un año de privación de libertad) y de “atentado”, utilizando “violencia e intimidación” contra un agente del Estado o testigo oficial (delito punible con penas de entre uno y cinco años de privación de libertad). Este último cargo parece que se le imputa a causa de lo manifestado por un vecino de Darsi, según el cual éste gritó: “Se está cometiendo una injusticia” y “Tarde o temprano las cosas ya van a cambiar en Cuba y esto no volverá a pasar”.

Darsi Ferrer asegura que los materiales de construcción se los había proporcionado un colega que se había marchado de Cuba y que no había terminado de reformar su casa. Antes de que las autoridades acudieran a incautarse del material, los sacos y planchuelas de hierro habían estado en el portal de la casa durante meses y a la vista de todo el mundo desde la calle.

Amnistía Internacional considera que la acusación de recibir artículos obtenidos ilegalmente no es más que un pretexto para presentar cargos contra Darsi Ferrer al objeto de impedirle realizar sus actividades de promoción de la libertad de expresión en Cuba. Por regla general, a las personas acusadas de estos delitos se les suele conceder la libertad provisional bajo fianza en espera de juicio.

Darsi Ferrer se encuentra en Valle Grande, que es una prisión de máxima seguridad de La Habana. Durante las primeras semanas de su reclusión lo tuvieron en un pabellón con internos afectados de tuberculosis. Tras declararse en huelga de hambre, lo trasladaron a otro pabellón de la cárcel.

Otra de las irregularidades en el caso de Darsi Ferrer es que, tratándose de cargos por presuntas infracciones leves, su causa debía haberla tramitado alguna autoridad judicial local, pese a lo cual ha sido remitida a la Fiscalía General de La Habana, donde el fiscal general, que se encarga de someterla a su consideración, recibe instrucciones del Consejo de Estado, cuyo presidente es el jefe del gobierno y del Estado, Raúl Castro.

Darsi Ferrer ya había sido detenido en su domicilio el 1 de septiembre de 2006, en torno a las 2.30 de la madrugada, quedando posteriormente en libertad hacia las 8 de la mañana. A la 1 de la tarde del mismo día volvieron a detenerlo cuando caminaba por la calle. Cada 10 de diciembre, desde 2006, ha sido detenido o citado a personarse en una comisaría de policía para impedir que pueda participar en actividades de conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Darsi Ferrer ha trabajado también como periodista independiente y ha criticado el sistema de salud de Cuba.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

Envía cartas en español o en tu propia lengua:

• Manifestando tu convicción de que Darsi Ferrer es preso de conciencia porque ha sido encarcelado por cargos espurios únicamente por su activismo de promoción de la libertad de expresión en Cuba, y pidiendo su libertad inmediata e incondicional.

ENVÍA TUS LLAMAMIENTOS A:

PRESIDENTE DE CUBA
Raúl Castro Ruz
Presidente de la República de Cuba
La Habana, Cuba
Fax: +53 7 8333085 (vía Ministerio de Relaciones Exteriores) O +1 2127791697 (vía Misión de Cuba ante la ONU)
Correo-e: cuba@un.int (a la atención de la Misión de Cuba ante la ONU)
Tratamiento: Su Excelencia

FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dr. Juan Escalona Reguera
Fiscal General de la República,
Fiscalía General de la República, San Rafael 3, La Habana, Cuba
Fax:     +53 7 860 4268
Tratamiento: Señor Fiscal General

MINISTRO DEL INTERIOR
General Abelardo Coloma Ibarra
Ministro del Interior y Prisiones
Ministerio del Interior, Plaza de la Revolución
La Habana, Cuba
Tratamiento:  Señor Ministro

“La trágica muerte de Orlando Zapata Tamayo es un terrible ejemplo de la desesperación a la que se enfrentan los presos de conciencia que no albergan esperanzas de ser liberados de su injusto y prolongado encarcelamiento”, ha manifestado Gerardo Ducos, investigador de Amnistía Internacional sobre el Caribe.

“Debe llevarse a cabo una investigación completa para determinar si en su muerte pueden haber intervenido los malos tratos”, ha añadido Amnistía Internacional.

Orlando Zapata Tamayo fue detenido en marzo de 2003 y en mayo de 2004 fue condenado a tres años de prisión por “desacato”, “desórdenes públicos” y “resistencia”.

Posteriormente fue sometido a varios juicios por cargos adicionales de “desobediencia” y “desórdenes en establecimientos penitenciarios”, el último de ellos en mayo de 2009, y en el momento de su muerte cumplía una condena total de 36 años de prisión.

“El hecho de que Orlando Zapata Tamayo, al verse ante una pena de prisión tan prolongada, sintiera que el único camino que le quedaba era matarse de hambre como protesta constituye una denuncia terrible de la constante represión que sufren los disidentes políticos en Cuba.”

“La muerte de Orlando Zapata subraya también la urgente necesidad de que Cuba invite a expertos internacionales en derechos humanos a visitar el país para verificar que se respetan los derechos humanos, en especial las obligaciones establecidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”

Información complementaria

Orlando Zapata Tamayo era uno de los 55 presos de conciencia adoptados por Amnistía Internacional en Cuba. La mayoría formaban parte de las 75 personas detenidas durante la oleada masiva de represión emprendida por las autoridades en marzo de 2003 contra los activistas políticos. En Cuba, sin un poder judicial independiente, los juicios son a menudo sumarios e incumplen gravemente las normas internacionales sobre juicios justos; una vez dictada la sentencia, las posibilidades de apelar son prácticamente nulas.

Amnistía Internacional reiteró su llamado al Estado boliviano, y a las Fuerzas Armadas en particular, a que localice y haga públicos los archivos relacionados con abusos a los derechos humanos cometidos durante el periodo de gobierno militar y autoritario. “Es preocupante que 30 años luego de que ocurran estos hechos gravísimos, aun no se ha podido dar a conocer información que podría esclarecer lo que pasó”, dijo Louise Finer, investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional. “Mientras tanto, el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos se prolonga, lo cual constituye una violación continua de sus propios derechos humanos”.

El derecho a la verdad de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y a sus familias, ha sido claramente consagrado en estándares internacionales a los cuales Bolivia se ha adherido, entre ellos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de las Personas, y la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Otros países en las Américas, entre ellos Chile, Guatemala, México y Paraguay, han logrado avances hacía la justicia por la revelación de información de sus archivos militares.

El pleno acceso a información relacionada con violaciones de derechos humanos del pasado es un paso esencial para poder romper con las violaciones del pasado que permanecen impunes. Sin embargo, la persistente negación de las Fuerzas Armadas a desclasificar sus archivos, hace imposible la búsqueda por la verdad y la justicia.

Información complementaria
En noviembre del 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en el caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, en la cual se halla responsable al Estado boliviano por la violación  del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, entre otras violaciones. La Corte señala que el severo sufrimiento de los familiares se acrecienta “por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.” (para. 87)

En mayo de 2009, el Ministerio de Defensa dictó una resolución demostrando su voluntad de hacer pública  información del pasado contenida en archivos. Sin embargo, hasta la fecha dicha información no ha sido entregada a las autoridades del Ministerio Público.

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), ha calculado que 24 personas fueron desaparecidas en Bolivia durante el periodo de gobierno de García Meza (1980-1981).

El 10 de febrero del presente año, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional recomendó al Estado boliviano a “hacer esfuerzos concertados para localizar y hacer públicos los archivos relacionados con abusos contra los derechos humanos cometidos durante el periodo de gobierno militar y autoritario”. En respuesta a las recomendaciones relacionadas al tema de impunidad hechas por otros países a Bolivia, el gobierno boliviano aceptó llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con las recomendaciones.

Las autoridades nicaragüenses están impidiendo que los médicos le pongan tratamiento para el cáncer mientras esté embarazada, ya que el personal médico podría ser procesado si causa daño al feto durante el tratamiento, aunque ese daño no sea intencionado.

“Causa conmoción ver que Nicaragua puede negar a una paciente de cáncer un tratamiento que podría salvarle la vida, porque está embarazada” ha manifestado Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre América Central.

“La situación de Amalia revela el impacto de esta ley y demuestra la urgente necesidad de derogar esta prohibición draconiana que impide prestar atención oportuna y obstaculiza la labor médica”, ha manifestado Esther Major. “Cada día que pasa es crítico para las posibilidades de supervivencia de Amalia, y las autoridades nicaragüenses deben tomar medidas inmediatas para proporcionarle toda la atención médica que necesita para su enfermedad.”

Los médicos que tratan a Amalia se han negado a utilizar radioterapia y quimioterapia, pues temen ser procesados.

Amalia tiene una hija de 10 años, que únicamente cuenta con su madre. En diciembre de 2009, acudió a una clínica local por problemas respiratorios, fiebre, náuseas y mareos. La remitieron a un hospital para hacerle pruebas, y permanece allí hospitalizada desde el 2 de febrero. Sus médicos dijeron que necesitaba tratamiento urgente con quimioterapia y radioterapia, pero no lo han iniciado porque temen causar daño no intencionado al feto.

“La prohibición que Nicaragua hace del aborto terapéutico es una vergüenza de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y convierte la ley en un arma contra la prestación de asistencia médica esencial a mujeres y niñas embarazadas”, ha declarado Esther Major.

En 2006, antes de que se introdujera la prohibición del aborto,  21 asociaciones médicas nicaragüenses pertenecientes a todo el espectro de las disciplinas médicas emitieron una declaración pública conjunta contra la propuesta de prohibición total del aborto, e incluyeron en ella la advertencia explícita de que, si se aprobaba esa prohibición, se limitaría la capacidad de los profesionales de la medicina de prestar asistencia médica y ejercer su profesión.

El 18 de febrero, varias ONG nicaragüenses y la asociación profesional ginecológica más grande de Nicaragua pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenara “medidas especiales”, lo que obligaría al gobierno a cumplir con su obligación jurídica de proteger el derecho de Amalia a la vida y la salud y garantizar que recibe de inmediato tratamiento que podría salvar, o al menos prolongar, su vida.

“La prohibición total del aborto dictada en Nicaragua es ilegal, y el gobierno nicaragüense ha ignorado además los llamamientos realizados por cuatro órganos expertos de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura, para que se derogue la ley que criminaliza el aborto”, ha manifestado Esther Major.

Hace dos semanas, 11 Estados miembros de la ONU pidieron a Nicaragua que reforme su ley sobre el aborto, dado el aumento de las muertes maternas y de las víctimas de violación que se ven obligadas a llevar a término su embarazo desde que se introdujo la ley.

“Asimismo, desde hace más de un año está pendiente ante la sección constitucional de la Corte Suprema un recurso de constitucionalidad contra esta ley”, ha declarado Esther Major.

“Amnistía Internacional contempla con consternación la negativa del gobierno nicaragüense a responder a las peticiones de que se modifique esta cruel ley.”

Si desean una copia del informe de Amnistía Internacional sobre las consecuencias de la prohibición total del aborto en Nicaragua, véase: http://www.amnesty.org/library/info/AMR43/001/2009/es

La campaña “Exige Dignidad” de Amnistía Internacional tiene como finalidad poner fin a las violaciones de derechos humanos que provocan e intensifican la pobreza mundial. La campaña movilizará a personas de todo el mundo para pedir que gobiernos, empresas y otros elementos con poder escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Para más información, visiten: http://demanddignity.amnesty.org