Millones de personas luchan diariamente por una vida digna.

En el año 2000, los países del mundo se pusieron de acuerdo en 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como una iniciativa global para erradicar la pobreza en 2015.

Diez años después –cinco años antes del vencimiento del plazo– estos objetivos aún no se han hecho realidad. Se han producido avances, pero éstos han sido desiguales. Por ejemplo, el Objetivo 5, que se refiere a la mejora de la salud materna, es el que muestra menor progreso. Centenares de miles de mujeres y niñas mueren cada año durante el embarazo y el parto, y la mayoría de ellas viven en los países y las comunidades más pobres del mundo.

Ninguna solución al problema de la pobreza tendrá un impacto a largo plazo si no se fundamenta en los derechos humanos. Este septiembre próximo, durante la cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODM, los líderes mundiales decidirán un plan de acción para intensificar la lucha contra la pobreza.

Únete a Amnistía Internacional para asegurarte que los derechos humanos están en el centro de los ODM y la lucha mundial contra la pobreza.

En Perú, las mujeres embarazadas mueren porque tienen que hacer frente a una serie de obstáculos, como la distancia, el coste, el idioma y diferencias culturales.

Muchas mujeres de zonas rurales deben soportar una larga y difícil caminata hasta el centro de salud más cercano o pagar un transporte que no se pueden permitir. Es más, los centros de salud carecen a menudo de los recursos necesarios para tratar las situaciones de emergencia en el parto.

El acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva es fundamental para las mujeres, especialmente durante el embarazo y el parto. Las mujeres de comunidades pobres, rurales e indígenas casi nunca disponen de esta información.

Además, es habitual que las mujeres indígenas, que a menudo sólo hablan su propio idioma, no entiendan a los profesionales de la salud de habla española. Y también puede que los médicos, las enfermeras y las comadronas no comprendan adecuadamente sus hábitos y costumbres tradicionales.

Por otro lado, muchos profesionales de la salud tienen que trabajar en duras condiciones laborales –especialmente en las zonas rurales–, con formación y recursos insuficientes, en lugares alejados de sus casas, y en comunidades cuyo idioma y costumbres puede que no entiendan.

Asimismo, las mujeres que viven en la pobreza están en gran parte excluidas de los procesos políticos de toma de decisiones. Sus voces apenas se escuchan, y sus opiniones casi nunca influyen en las leyes y políticas del Estado, lo que significa que estas violaciones de derechos humanos pasan casi siempre desapercibidas para la sociedad y para quienes ostentan la autoridad.

A raíz de la indignación internacional expresada en las últimas semanas ante su condena de muerte por lapidación, la embajada de Irán en Londres hizo el 8 de julio de 2010 una declaración según la cual Sakineh Mohammadi Ashtiani no iba a ser ejecutada por lapidación, aunque no mencionó otros posibles medios de ejecución. El 10 de julio, el presidente del Consejo Superior de Derechos Humanos de Irán dijo que iba a revisarse su caso, aunque afirmó que la legislación iraní permite la ejecución por lapidación. Sin embargo, el 11 de julio, el presidente de la Magistratura provincial de Azerbaiyán Oriental, Malek Ezhder Sharifi, manifestó que la condena de lapidación seguía en vigor y podía ejecutarse en cualquier momento si así lo decidía el presidente de la Magistratura de Irán, ayatolá Sadegh Larijani. Malek Ezhder Sharifi explicó también que Sakineh Mohammadi Ashtiani había sido condenada a muerte por el asesinato de su esposo, pero esta afirmación ha sido puesta en duda por uno de los abogados de la mujer, que ha dicho que la familia del hombre muerto la indulto y que fue condenada a 10 años de prisión como “cómplice” en el delito.

El 14 de julio, Sajjad Qaderzadeh, hijo de Sakineh Mohammadi Ashtiani, fue citado en la Prisión Central de Tabriz, y se cree que ha sido interrogado por funcionarios del Ministerio de Información, que posiblemente le han amenazado para que no conceda más entrevistas sobre el caso de su madre.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en persa, en árabe, en inglés o en su propio idioma:

• Instando a las autoridades iraníes a que no ejecuten a Sakineh Mohammadi Ashtiani por lapidación ni por ningún otro medio.
• Pidiéndoles que aclaren cuál es su condición jurídica actual, especialmente a su hijo y a sus abogados.
• Exigiéndoles que promulguen legislación que prohíba la lapidación como pena judicial y no permita el uso de ninguna otra forma de pena de muerte ni de flagelación ni prisión contra personas declaradas culpables de “adulterio” o de otros delitos.
• Pidiéndoles que garanticen que Sajjad Qaderzadeh no es objeto de hostigamiento por las manifestaciones de preocupación por la vida de su madre que ha hecho.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 26 DE AGOSTO DE 2010, A:

Líder de la República Islámica
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Irán
Correo-e: info_leader@leader.ir;
vía el sitio web: http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter (inglés); http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter ( persa)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St. Vali Asr Ave. south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737
Irán
Correo-e: vía el sitio web: http://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx
(pongan el nombre en la primera casilla, el apellido en la segunda y la dirección de correo-e en la tercera)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Y copias a:
Secretario general del Consejo Superior de Derechos Humanos
Secretary General, High Council for Human Rights
Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri
Tehran 1316814737
Irán
Fax: +98 21 3390 4986
Correo-e: bia.judi@yahoo.com (Asunto: “FAO Mohammad Javad Larijani”)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En el juicio, Sakineh Mohammadi se retractó de una “confesión” que había hecho durante su interrogatorio en prisión preventiva, alegando que la habían obligado a hacerla con coacción, y negó el cargo de “adulterio”. Dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente, señalando que ya había sufrido una condena de flagelación y que consideraban que no se había presentado la prueba necesaria del adulterio en la causa contra ella. Sin embargo, los otros tres, incluido el presidente del tribunal, la declararon culpable basándose en el “conocimiento del juez”, disposición de la legislación iraní que permite a los jueces hacer su propia determinación subjetiva y posiblemente arbitraria de la culpabilidad del acusado incluso sin pruebas claras o concluyentes de ella. Al haber sido declarada culpable por la mayoría de los cinco jueces del tribunal, Sakineh Mohammadi fue condenada a muerte por lapidación.

En Irán, la lapidación es preceptiva como método de ejecución en el caso de las personas declaradas culpables del delito de “adulterio estando casado”. En 2002, el presidente de la Magistratura ordenó a los jueces imponer una moratoria de las lapidaciones; sin embargo, desde entonces han muerto lapidados en Irán al menos cinco hombres y una mujer. En enero de 2009, el portavoz de la Magistratura, Ali Reza Jamshidi, a la vez que confirmaba dos ejecuciones por lapidación llevadas a cabo en diciembre de 2008, dijo que la orden de declarar la moratoria no tenía valor jurídico, por lo que los jueces podían hacer caso omiso de ella

Amnistía Internacional está investigando unos informes que indican que otra mujer, Maryam Ghorbanzadeh, ha sido condenada a lapidación, que su condena se ha confirmado en apelación y que sobre el 3 o el 4 de julio de 2010, el fiscal general adjunto de la provincia de Azerbaiyán Oriental solicitó al presidente de la Magistratura de Irán que sustituyera la lapidación por ahorcamiento. Según informes, a otra mujer, Azar Bagheri, se le ha conmutado la lapidación por flagelación, aunque no se conocen aún todos los detalles de este caso.

En junio de 2009, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Parlamento iraní (Maylis) recomendó la eliminación de una disposición que permite la lapidación de una nueva versión del Código Penal que se estaba examinando en el Parlamento. Parece que en el proyecto de ley que debe ser aprobado aún por el Consejo de Guardianes, que se encarga de examinar las leyes para ver si se ajustan a la Constitución y al derecho islámico, se ha omitido toda referencia a la pena de lapidación. No obstante, El Consejo de Guardianes puede restablecer la cláusula sobre la lapidación.

Lizbeth Jaime, Mónica Duarte y Nohora Guerrero, integrantes de la Fundación Progresar, y María Angélica González del Programa de Atención a Comunidades en Riesgo de la Vicepresidencia de la República, se encontraban desarrollando actividades humanitarias con población en situación de desplazamiento forzoso en el municipio de Teorama, Norte de Santander, cuando fueron retenidas por hombres armados identificados como miembros del ELN, según la información recibida. Desde entonces no se ha recibido noticia de su paradero.

Amnistía Internacional expresa su solidaridad a las familias de las cuatro defensoras retenidas y hace un llamado a las autoridades para que de común acuerdo con los familiares de las defensoras tomen las medidas necesarias para su inmediata liberación y la protección de su vida e integridad personal.

Amnistía Internacional condena la toma rehenes y la retención ilegal de personas. La toma de rehenes es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Llamamos a la inmediata e incondicionada liberación de las cuatro defensoras y de toda persona parte de la población civil que se encuentra retenida por las partes del conflicto armado colombiano.

Defender los derechos humanos es una actividad legítima que debe ser protegida y respetada. El Estado tiene la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el efectivo goce del derecho a defender los derechos humanos y todo grupo o persona individual debe respetar dicha actividad, tal como la establece la Declaración de Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1998.

Durante los últimos diez años, Paul McAuley ha trabajado sin descanso con los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, defendiendo sus derechos y trabajando para proteger su entorno contra las actividades de explotación de petróleo, gas y minera que amenazan el equilibrio ecológico en la región y el bienestar de sus habitantes.

A pesar del hecho de que una corte peruana ha otorgado una petición de habeas corpus a los abogados de Paul McAuley para detener su expulsión de Perú, el gobierno ha apelado la decisión, prolongando de manera injustificada la incertidumbre sobre su situación migratoria en Perú, la cual ha sido legal durante más de 20 años.

A Amnistía Internacional le preocupa profundamente que el gobierno peruano parece determinado a utilizar como blanco a un defensor de derechos humanos y a ignorar los derechos de los pueblos indígenas que por años se han encontrado entre los sectores más abandonados y marginados de la sociedad.

La expulsión de Paul McAuley socavaría aún más la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. La situación de su posible exclusión se produce en el contexto de la resistencia mostrada por el gobierno y el partido político en el poder a promulgar una Ley de Consulta, inicialmente aprobada por el Congreso en mayo y que garantizaría el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre cualquier medida legislativa o administrativa que les afecte, lo cual está consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT.

El 5 de julio, Amnistía Internacional envió una carta al ministro del Interior peruano expresando su preocupación por que el intento del gobierno de expulsar a Paul McAuley envía un mensaje negativo sobre el derecho a defender los derechos humanos en Perú, establecido en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

Amnistía Internacional reitera su convicción de que Paul McAuley, quien fue nombrado Miembro del Imperio Británico por sus servicios a la educación peruana, defiende legítimamente los derechos humanos e insta al gobierno peruano a abandonar cualquier intento de expulsarlo, permitiéndole continuar con su labor legítima en favor de los pueblos indígenas del Amazonas.

El 26 de mayo, Farai Maguwu, director del Centro para la Investigación y el Desarrollo (Centre for Research and Development, CRD), denunció violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad al hombre encargado de observar el cumplimiento por Zimbabue del Proceso de  Kimberley, mecanismo internacional establecido para certificar que los diamantes no están relacionados con la violencia. Al día siguiente, agentes armados de las fuerzas de seguridad de Zimbabue asaltaron su casa y las oficinas del CRD, y confiscaron su automóvil, su ordenador, su pasaporte y otros documentos. El sobrino de Farai Maguwu, Lisbern Maguwu, fue detenido en el asalto. La policía golpeó e interrogó a Lisbern y a otros miembros de la familia de Farai Maguwu. Este huyó y se ocultó, pero se entregó a la policía el 3 de junio.

El 2 de julio, un juez de Harare denegó a Farai Maguwu la libertad bajo fianza después de que el fiscal del Estado dijera que se necesitaba más tiempo para completar las investigaciones. Los abogados de Farai Maguwu apelaron contra la decisión, que fue anulada el 12 de julio. Es probable que Farai Maguwu sea juzgado en los próximos meses. Amnistía Internacional seguirá observando su caso.

Según los informes, Igor Sutyagin va a ser conducido a Reino Unido como una de las personas declaradas culpables de espionaje en Rusia que van a ser intercambiadas por 10 u 11 personas acusadas por Estados Unidos de espiar para Rusia.

“Si Igor Sutyagin se opone a este ‘acuerdo’ y lo ha aceptado bajo presión, puede constituir exilio forzoso”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Asia y Europa Central de Amnistía Internacional.

“El acuerdo le priva también de la oportunidad de que se celebre un nuevo juicio, que cumpla las normas internacionales sobre justicia procesal, con el que limpiar su nombre de los cargos de los que ha sido declarado culpable. Asimismo le priva de su contacto con familiares y amigos.”

La madre de Igor Sutyagin dijo a Amnistía Internacional que su hijo se oponía al acuerdo pero que fue coaccionado para aceptarlo.

“Él comprende que, al firmar una confesión de su culpabilidad, pierde toda ocasión de contar con un juicio justo, incluida una vista de su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso me ha pedido que haga saber a todo el mundo que no es culpable. Tuvo que firmar esta confesión porque no tenía otra opción. Para él, su intercambio equivale a ser expulsado del país”, ha declarado Svetlana Sutiagina.

Amnistía Internacional destacó el caso de Igor Sutyagin en 2004 en relación con la preocupación en torno a la libertad de expresión y los juicios justos.

Igor Sutyagin recopiló información sobre cuestiones militares y de defensa en Rusia mientras trabajaba como asesor privado de la consultoría Alternative Futures, con sede en Reino Unido. En 2004 fue declarado culpable de “alta traición mediante espionaje” y fue condenado a 15 años en una colonia penal de régimen estricto.

Siempre ha afirmado que únicamente ha utilizado fuentes públicas abiertas, y siempre ha negado su culpabilidad de los cargos de espionaje y de transmisión de secretos de Estado.

El caso contra Igor Sutyagin fue iniciado por el Servicio Federal de Seguridad ruso.

Amnistía Internacional considera que el caso obedece a motivos políticos y forma parte de una práctica de represión de la libertad de expresión en Rusia que, en los últimos años, ha avanzado hasta incluir a intelectuales y figuras de la cultura, así como a grupos religiosos.

Los procedimientos contra Igor Sutyagin estuvieron enturbiados por violaciones de las normas internacionales sobre juicios justos. Amnistía Internacional ha pedido que se le conceda de inmediato un nuevo juicio.

Durante varios años, Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por el espacio, cada vez más reducido, en el que expresar opiniones discrepantes y en el que los medios de comunicación independientes y las organizaciones no gubernamentales puedan operar en la Federación Rusa.

A la organización le preocupa la restricción cada vez mayor del derecho a la libertad de expresión en Rusia.

“La liberación de los presos es bienvenida, pero no hay motivos para que los 53 presos de conciencia detenidos en Cuba no sean liberados inmediatamente”, comentó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“Estos hombres están presos desde 2003 por expresar pacíficamente sus convicciones políticas y deberían ser liberados incondicionalmente.”

Un preso de conciencia que presuntamente no está en el plan de liberación, el abogado Rolando Jiménez Posada, está cumpliendo una condena de 12 años en prisión por “falta de respeto a la autoridad y revelar secretos sobre la policía de seguridad estatal”, tras su manifestación pacífica de apoyo a los presos políticos. Amnistía Internacional llama a su liberación inmediata.

El ministro del Exterior español, Miguel Ángel Moratinos, dijo que los presos liberados y sus familias podrán establecerse en España, tras las pláticas que sostuvo con las autoridades cubanas y con miembros de la Iglesia Católica en La Habana.

No queda claro si los hombres tendrán la opción de quedarse en Cuba.

”Obligarlos a salir del país sería otro intento de suprimir la libertad de expresión y movimiento en Cuba”, mencionó Susan Lee.

Los 52 fueron detenidos durante la represión de la Primavera Negra, en marzo de 2003, cuando 75 disidentes fueron arrestados, 23 de los cuales ya fueron liberados.

Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia, pues actuaron sin violencia y fueron apresados bajo legislación que criminaliza ilegalmente la disidencia política.

El acuerdo se da después de las protestas de Guillermo Fariñas, periodista independiente que se dice cerca de la muerte tras estar en huelga de hambre durante más de cuatro meses para pedir la liberación de los presos de conciencia, y quien sufre de condiciones médicas graves. El preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo falleció el 22 de febrero de este año, tras 11 semanas en huelga de hambre.

Amnistía Internacional ha llamado al gobierno cubano, en repetidas ocasiones, a liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos de conciencia.

“El gobierno ahora debe cumplir su promesa y liberar inmediatamente a estos presos, que nunca debieron ser apresados en primer lugar.”

Las autoridades cubanas continúan negando la existencia de presos políticos en el país, asegurando que “nadie ha sido nunca castigado por únicamente expresar una diferencia de opinión o punto de vista, incluso cuando éstas han sido contrarias a las de las autoridades”.

Amnistía Internacional llama a que los presos políticos reciban juicios prontos y justos.

“El gobierno cubano también debe cesar el hostigamiento e intimidación de los periodistas independientes, activistas de derechos humanos y disidentes políticos.”

“Las provisiones legales vagas e impuestas arbitrariamente, utilizadas para reprimir la disidencia dentro de Cuba, deben revisarse para que los derechos humanos sean un realidad para todos los cubanos”, concluyó Susan Lee.

Paul McAuley, que ayuda a las comunidades locales a protestar contra los efectos de la explotación de petróleo, gas y minera en su entorno, podría ser expulsado hoy después de que las autoridades anunciaran la cancelación de su permiso de residencia.

McAuley denunció en junio un vertido de petróleo en las aguas del río amazónico Marañón.

“La actitud del gobierno hacia los pueblos indígenas y quienes trabajan para proteger sus derechos es muy alarmante”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Este intento de expulsar a un defensor de los derechos humanos que viene trabajando incansablemente para proteger a las comunidades amazónicas y su entorno es el último ejemplo del ataque contra los derechos de los pueblos indígenas que se está produciendo en el Perú.”

En una carta dirigida al ministro del Interior el 5 de julio, Amnistía Internacional señaló que no se había dado al misionero ninguna oportunidad de recurrir contra la denegación del permiso de residencia anunciada el 2 de julio, fecha en la que le dieron siete días de plazo para salir del país y no regresar nunca.

Paul McAuley trabaja para sensibilizar a la población local de sus derechos, consagrados en las leyes internacionales de derechos humanos, al mismo tiempo que denuncia los efectos de la actividad de las empresas extractivas.

El gobierno peruano ha calificado de “política” la labor de derechos humanos de Paul McAuley, al afirmar el primer ministro, Javier Velázquez, que “los extranjeros que viven en el Perú tienen restringidas las actividades políticas.”

El hermano Paul, como es conocido entre las comunidades con las que trabaja, ha sido nombrado Miembro del Imperio Británico por la Reina de Inglaterra por su labor, y distinguido con el galardón y medalla de la orden española.

“El gobierno debe revocar inmediatamente esta expulsión y poner fin a la represión de los pueblos indígenas que luchan por sus derechos humanos”, añadió Guadalupe Marengo.

En junio, el presidente Alan García no confirmó una ley que exige la consulta con los pueblos indígenas de los asuntos que los afectan, ya aprobada por el Congreso peruano.

Los líderes indígenas siguen siendo acusados de delitos infundados y nadie ha sido llevado a juicio aún por los actos de violencia desencadenados cuando la policía disolvió una protesta de indígenas por las tierras y los recursos en Bagua, en junio de 2009, en la que murieron 33 personas, 23 policías entre ellas.

Los indígenas protestaban porque el gobierno no había consultado con ellos una serie de decretos ley que habrían afectado a sus tierras y recursos.

El 30 de junio, el juez que preside el proceso contra el defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas Raúl Hernández, dio por terminada la fase de presentación de pruebas de su juicio por asesinato. Durante la indagación criminal, el juez llevó a cabo una investigación del lugar del crimen, que confirmó que las declaraciones de los testigos que afirmaban que Raúl Hernández estaba presente en el momento del asesinato no son fiables. Esos testimonios son la única prueba en este caso. En las próximas semanas se pedirá a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero que presente sus conclusiones sobre el caso. Esto brinda a la Procuraduría la oportunidad de recomendar que se retiren los cargos contra Raúl Hernández.

Amnistía Internacional adoptó como preso de conciencia a este defensor de los derechos de los pueblos indígenas en noviembre de 2008, y cree que los cargos en su contra son de motivación política.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• manifestando que Raúl Hernández es un preso de conciencia, acusado injustamente de asesinato como represalia por su legítima labor de promoción de los derechos de los pueblos indígenas, y pidiendo su libertad inmediata e incondicional;
• instando a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero a recomendar que se retiren los cargos de asesinato contra Raúl Hernández;
• pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el uso indebido del sistema judicial para encarcelar injustamente a Raúl Hernández.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE AGOSTO DE 2010 A:

Lic. David Augusto Sotelo Rosas
Procuraduría General de Justicia de Guerrero
Carretera Nacional México-Acapulco
Km. 6+300
Tramo Chilpancingo-Petaquillos
Chilpancingo 39090, Guerrero,
México
Fax: +52 747 472 2328
Correo-e.: cprocurador@pgjgro.gob.mx

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont

Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,
México D.F., C.P.06600,
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx

Lic. Zeferino Torreblanca Galindo
Palacio de Gobierno
Edificio Centro, Piso 2
Ciudad de los Servicios
Chilpancingo, Guerrero
México, CP 39075
Fax: +52 747 471 9956
Correo-e.: gobernador@guerrero.gob.mx

INFORMACIÓN ADICIONAL
Raúl Hernández, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), fue detenido el 17 de abril de 2008 y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García, cometido el 1 de enero de 2008 en la localidad de El Camalote, estado de Guerrero. Amnistía Internacional ha adoptado como preso de conciencia a este defensor de los derechos de los pueblos indígenas y cree que los cargos presentados en su contra obedecen a motivos políticos.

Un juez federal denegó el amparo a Raúl Hernández aduciendo que dos presuntos testigos habían declarado que éste estaba presente cuando se disparó a la víctima. Sin embargo, no se han tomado en consideración las declaraciones de testigos presenciales que afirman que Raúl Hernández no se hallaba en el lugar de los hechos cuando se cometió el asesinato. Raúl Hernández ha apelado contra la decisión de desestimar la apelación su caso.