El atentado con bomba en Bogotá, un acto “deplorable”
Índice AI: PRE01/254/2012

Los autores del atentado con bomba perpetrado el 15 de mayo en la capital de Colombia, Bogotá, en el que dos personas murieron y más de 50 resultaron heridas, han demostrado un desprecio absoluto y deplorable por la vida humana, y deben ser llevados ante la justicia. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

La explosión hirió al ex ministro del Interior Fernando Londoño, mató a su chófer y a un escolta, e hirió también a más de 50 transeúntes.

Ningún grupo se ha atribuido aún la responsabilidad, y las autoridades colombianas han eludido, hasta el momento, culpar a ninguna organización.

“Quien quiera que sea el autor de este atentado, debe ser identificado y llevado a juicio. Toda investigación criminal debe ser imparcial e independiente, y sus resultados deben hacerse públicos”, ha manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

“Si las investigaciones sobre el atentado de ayer revelan la autoría de alguna de las partes enfrentadas en el conflicto armado, este ataque constituiría una grave violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe los ataques directos contra civiles y los ataques indiscriminados que puedan causar bajas civiles”, ha manifestado Marcelo Pollack.

Han pasado 12 meses desde que estuve en Libia visitando hospitales en los que recibían tratamiento personas que resultaron heridas en la guerra para derrocar a Muamar al Gadafi.

Muchas eran civiles que resultaron heridas durante los bombardeos indiscriminados de zonas residenciales llevados a cabo por fuerzas leales al ex dirigente libio en su intento desesperado y condenado al fracaso por aferrarse al poder.

Ahora he vuelto a Trípoli, meses después de la “Declaración de Liberación”, que puso fin oficialmente a las hostilidades tras la captura y muerte de Al Gadafi el 20 de octubre de 2011.

Y aquí estoy nuevamente visitando hospitales y conversando con hombres, mujeres, niños y niñas que han recibido disparos o han resultado heridos en ataques con morteros.

Moussa Bakr Ibrahim, de seis años de edad, jugaba con unos familiares cuando el 23 de abril de 2012 su casa en la ciudad de Kufra, al sur del país, sufrió un impacto.

Sufrió heridas causadas por la metralla en la pierna y brazo izquierdos. Moussa había perdido a su padre el 11 de febrero de 2012, durante un bombardeo anterior del barrio de la comunidad tabu en Qudrufai.
Muchos libios negros de la comunidad tabu me contaron que celebraron la “Revolución del 17 de febrero”, con la esperanza de que acabaría con la discriminación que sufrían bajo el régimen de Gadafi, cuando se les denegaban los documentos de identidad, eran víctimas de desalojos forzosos y estaban expuestos a sufrir detención arbitraria si se atrevían a protestar.

Pero incluso ahora, los libios de la comunidad tabu siguen sintiéndose marginados, y se quejan del abandono que sufren por parte de las autoridades nacionales libias.
Durante los últimos enfrentamientos armados entre milicias en Kufra, los barrios residenciales donde reside la comunidad tabu fueron bombardeados por milicias árabes, lo que produjo muertos y heridos entre la población.

El 20 de abril, Juma Senoussi Abdallah, de 70 años, sufrió graves heridas en el estómago causadas por la metralla y ahora recibe tratamiento en el Centro Médico de Trípoli.
“Acababa de terminar mis oraciones cuando escuché una explosión… es todo lo que recuerdo … Ahora estoy aquí y me duele mucho… No sé por qué nos bombardean. Sólo somos residentes pacíficos que tratamos de ocuparnos de nuestras actividades diarias.”

En el mismo hospital se recupera Amina, de nueve años, de dos operaciones de estómago, con grandes dificultades para hablar. Su hermana me contó:
“Amina, otra hermana más pequeña y mi madre se encontraban en casa en Qudrufai cuando comenzó el bombardeo… Presas del pánico, salieron corriendo de casa para buscar refugio y Amina recibió un disparo en la espalda; la bala le atravesó el estómago. ¿Quién haría algo así a una niña?”

“Nuestra situación en Kufra es muy difícil, incluso ahora que se han acabado los bombardeos. Tenemos mucho miedo de salir de nuestros barrios… Las escuelas están cerradas, no hay trabajo…Bajo el régimen de Gadafi sufrimos, pero ahora volvemos a sufrir…No podemos llevar una vida normal si de vez en cuando bombardean nuestros barrios.”

Abdelrahman Sharaf Eddin compartía su frustración. Su hermano, de 18 años de edad, resultó muerto al ser bombardeada en abril su vivienda de Qudrufai. El propio Abdelrahman resultó herido en un brazo, y está decidido a conseguir que se haga justicia por la muerte de su hermano.

Se lamentaba de la discriminación que sufría la comunidad tabu durante la época de Al Gadafi. Ahora, asegura, su situación se ha visto agravada aún más por el desgobierno y la disponibilidad generalizada de armas.

En la cama contigua, Idriss Jumaa Mohamed espera que lo operen de la rodilla derecha, que se rompió durante el bombardeo de su vivienda en Qudrufai.

El padre de Idriss, Jumaa Mohamed, resultó muerto en febrero, cuando los enfrentamientos entre las milicias árabes y tabu causaron la muerte a unas 100 personas antes de que las iniciativas de reconciliación y la intervención del Ejército Nacional Libio contuviese temporalmente la violencia.

“Toda nuestra familia, formada por siete miembros, se encontraba en casa cuando oímos explosiones en la distancia. Las explosiones comenzaron a escucharse más cerca y entonces los cristales de nuestras ventanas se hicieron añicos. Conté unas cinco explosiones hasta que mi padre resultó herido. Corrí a ayudarlo e intentaba sacarlo a rastras de la casa cuando nos alcanzó otra explosión y resulté herido en una pierna… Vinimos a Trípoli para recibir tratamiento, pero mi padre no consiguió llegar.”

El Consejo Nacional de Transición se esfuerza por controlar a los cientos de milicias que cometen graves abusos en un clima de total impunidad.

Hasta ahora, no se ha abierto una investigación sobre los actos de violencia cometidos en Kufra y no se han adoptado medidas para procesar a los responsables de emplear de forma imprudente armas de fuego en zonas residenciales.

En cambio, a principios de mayo el Consejo Nacional de Transición aprobó una ley para conceder inmunidad procesal a miembros de las milicias armadas si actuaron “para proteger la Revolución”.
Esta ley impide que las víctimas consigan justicia y reparación, y es contraria a los objetivos de la “Revolución del 17 de febrero” de poner fin a cuarenta años de prácticas represivas e injusticia.

“Este es un momento de gran importancia histórica para la justicia y la democracia en Brasil. Quienes fueron sometidos a malos tratos, torturados o perdieron a sus seres queridos a manos de las fuerzas de seguridad han esperado demasiado tiempo a que se desvele la verdad sobre estos delitos”, ha declarado Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.

Amnistía Internacional insta a los miembros de la comisión a asegurarse de que esta Comisión de la Verdad trabaja de manera imparcial, exhaustiva y transparente a fin de garantizar que se sacan a la luz todos los delitos cometidos en el pasado. Para que esto sea así, se le debe dotar a la Comisión de recursos suficientes para desempeñar esta función de forma efectiva.

Las comisiones de la verdad eficaces deben funcionar como medio para desvelar violaciones cometidas en el pasado, obtener reparación y en última instancia como catalizador para que se haga justicia.
Así, las conclusiones de esta comisión recientemente constituida servirán para impulsar los importantes esfuerzos del Ministerio Público para abrir procesos penales contra presuntos autores de violaciones de derechos humanos.

Es hora de que Brasil entierre los demonios del pasado, en consonancia con otros muchos países de la región que han hecho rendir cuentas a personas que en el pasado cometieron violaciones de derechos humanos.

“Que se haga justicia y la verdad salga a la luz sirve para hacer efectivos los derechos de las víctimas y sus familiares y al mismo tiempo garantizar que no se vuelven a cometer estos delitos”, ha señalado Atila Roque.

El canal ha expresado su decepción ante esta situación y ha declarado que seguirá solicitando presencia en China.

Según informes, Chan es la primera periodista extranjera acreditada a quien se le han revocado sus credenciales de prensa y su visado desde 1998, fecha en que fueron expulsados Yukihisa Nakatsu, del Yomiuiri Shimbun, y Juergen Kremb, de Der Spiegel. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no ha dado ninguna explicación de la decisión de no prorrogar su documentación.

“La expulsión de Melissa Chan forma parte de un constante general de intentos de intimidación de los periodistas extranjeros que les impide informar sobre temas que las autoridades consideran ‘delicados’”, ha afirmado Corinna-Barbara Francis, investigadora sobre China de Amnistía Internacional.

“Los periodistas internacionales que informan desde China llevan años autocensurándose para quedarse en el país. Pero obligar a Al Yazira a cerrar su oficina en Pekín representa una escalada peligrosa que no augura nada bueno para el futuro de la información de prensa procedente de China.”

Durante el reciente caso del activista Chen Guangcheng, que permaneció seis días en la embajada estadounidense en Pekín, varios periodistas extranjeros fueron amenazados con la revocación de su visado por entrar presuntamente en el estacionamiento de vehículos del hospital donde Chen recibe atención médica.

Chan ha informado de varias noticias polémicas desde China, como el encarcelamiento de peticionarios de las zonas rurales en “cárceles negras” no oficiales y las confiscaciones ilegales de tierras de cultivo.

Los peticionarios son personas que tratan de hacer valer los derechos tradicionales a informar de casos personales de injusticia directamente a las autoridades, fuera de los cauces legales normales.

Algunas de estas personas exponen sus casos a las autoridades centrales y viajan hasta Pekín, donde por lo general se las devuelve a sus provincias de origen y a veces se las encarcela en lo que se conoce como “cárceles negras”, centros de reclusión no oficiales donde se encierra a personas sin que medie ningún trámite judicial. Es habitual que se recluya a estas personas sin que se notifique del hecho a sus familias, y los afectados corren grave riesgo de sufrir malos tratos.

“Si las autoridades chinas tienen un compromiso con la libertad de expresión, deben poner fin a los intentos de amordazar a los periodistas con estas medidas de castigo y renovar inmediatamente el visado de Melissa Chan, y permitir que Al Yazira en inglés siga operando en el país”, concluyó Corinna-Barbara Francis.

Patrick Okoroafor tenía tan sólo 14 años cuando fue detenido en 1995, y 16 cuando fue condenado a muerte por robo a mano armada, un delito que asegura que no cometió.

Amnistía Internacional considera que el juicio de Patrick Okoroafor fue flagrantemente injusto, y ha pedido reiteradamente su libertad inmediata e incondicional.

Al ser liberado, Patrick Okoroafor dijo:
Cuando Amnistía empezó a pedir mi excarcelación, y tras leer algunos de los miles de cartas, postales y mensajes que me enviaron sus simpatizantes, empecé a confiar en que pronto, en un futuro no muy lejano, podría ser liberado.

El caso de Patrick Okoroafor se ha incluido periódicamente en la campaña de envío de cartas de solidaridad global de Amnistía Internacional, y Patrick ha recibido más de 10.000 postales y cartas.

Las autoridades del estado nigeriano de Imo conmutaron por cadena perpetua la condena de Patrick Okoroafor unos meses después de dictarse la pena de muerte original. En octubre de 2001, una sentencia del Tribunal Superior resolvió que la condena de muerte de Patrick era ilegal, y por tanto la anuló y la cambió por reclusión “hasta que el gobierno decida”: es decir, reclusión indefinida.

En 2009, un año después de que Amnistía Internacional emprendiera su campaña en favor de la libertad de Patrick Okoroafor, la condena se redujo a diez años de prisión. Al año siguiente volvió a reducirse a dos años. Finalmente, Patrick quedó en libertad el 30 de abril de 2012.

La investigadora de Amnistía Internacional sobre Nigeria, Lucy Freeman, ha manifestado:
Es fantástico que Patrick Okoroafor sea por fin libre. A Patrick le negaron el derecho a un juicio justo, y fue víctima de un error judicial.

Por desgracia, Patrick Okoroafor es sólo uno de los muchos presos de Nigeria que no tuvieron un juicio justo. En el sistema de justicia de Nigeria las violaciones de derechos humanos son práctica habitual. La experiencia de muchos presos habla de detenciones y reclusiones arbitrarias, tortura y juicios injustos.

Nota a periodistas
- Miles de personas de decenas de países, como Alemania, Costa de Marfil, Francia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Togo, han actuado en favor de Patrick. Las acciones han incluido envíos de cartas y postales, manifestaciones y captación de apoyos ante las embajadas de Nigeria.

Alrededor del 61 por ciento de los votantes de Carolina del Norte votaron a favor de la enmienda.

“Este es un día triste para las parejas del mismo sexo en Carolina del Norte”, afirmó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“Todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, deben poder gozar de la totalidad de los derechos humanos, sin excepción.

“Mientras varios estados de Estados Unidos han votado a favor de permitir que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio, Carolina del Norte ha dado un paso atrás aprobando una prohibición discriminatoria que no sólo prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que vulnera directamente unos derechos que salvaguarda el derecho internacional.”

“La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo impide que muchas personas disfruten de toda una serie de otros derechos, como el derecho a una vivienda y a la seguridad social, y estigmatiza esas relaciones de un modo que puede fomentar la discriminación y otros abusos contra los derechos humanos de lesbianas, gays y personas bisexuales.”

El derecho a contraer matrimonio y fundar una familia está claramente articulado en la legislación internacional, de la que Estados Unidos es firmante.

El matrimonio entre personas del mismo sexo está reconocido legalmente sólo en Vermont, Nueva York, Nuevo Hampshire, Washington DC, Massachusetts, Maryland, Connecticut, Washington y Iowa.

Veintinueve estados de Estados Unidos ya tienen una prohibición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los invitamos a conocer el contenido del Informe 2012 de Amnistía Internacional, que documenta el estado de los derechos humanos en el Perú y el mundo durante el 2011, un año caracterizado por la indignación, donde las personas en distintas partes del mundo, en un acto de rebeldía y esperanza, tomaron las calles para protestar contra la tiranía, represión e injusticia y reclamar sus derechos. Ese grito por la libertad, justicia y dignidad debe ser honrado: el primer paso es respetar la libertad de expresión y el derecho a las protestas pacíficas.

Este informe refleja un planteamiento para atajar los abusos contra los derechos humanos basado en los retos y las oportunidades para el cambio. En un momento en que Amnistía Internacional se adentra en su sexta década, este informe no solo da testimonio de las dificultades de quienes viven sumidos en la oscuridad de las violaciones de los derechos humanos, sino también de las personas a quienes la dignidad humana les sigue sirviendo de inspiración para actuar.

La presentación estará a cargo de Farid Kahhat, Analista Internacional, Angélica Sayán, Directora de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima, Jorge Trefogli, Presidente de Amnistía Internacional Perú y Juan Carlos La Puente, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Perú.

Fecha: Jueves 24 de mayo
Hora: 7.30 p.m.
Lugar: Auditorio de la Universidad Ricardo Palma
Dirección: Av. Benavides 5440, Surco, Lima

Ingreso libre.
Se venderá el Informe Anual 2012 en formato electrónico.

¡Todos y todas están invitados a esta cita!

Para mayor información escribe a comunicacion@amnistia.org.pe

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Roméo Langlois fue capturado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un enfrentamiento que tuvo lugar entre el grupo armado y el ejército en el departamento de Caquetá, en el sur de Colombia. El periodista viajaba con el ejército colombiano.

En una declaración publicada el lunes, un portavoz de las FARC expuso una serie de condiciones para su liberación, entre ellas que se abra un debate público sobre la manera en que los medios de comunicación informan sobre el conflicto colombiano.

“Aunque un debate sobre la libertad de expresión y la manera en que los medios informan sobre el conflicto de Colombia podría ser positivo, no debe utilizarse como pretexto para mantener cautivo a un periodista”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Langlois debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones, y deben tomarse medidas para garantizar que todos los periodistas de Colombia pueden realizar su trabajo libremente.”

En las últimas décadas, Amnistía Internacional ha documentado cientos de casos de homicidio ilegítimo, toma de rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos guerrilleros colombianos, entre ellos las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad, ya sea actuando por separado o en connivencia mutua, también han sido responsables de delitos de derecho internacional tales como homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y desplazamiento forzoso.

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El miércoles por la mañana, grupos de personas armadas se enfrentaron con los participantes en una sentada que había comenzado el viernes por la noche en las proximidades del Ministerio de Defensa, en El Cairo.

Inicialmente, el ejército y las fuerzas de seguridad apenas hicieron nada para detener los enfrentamientos, que se produjeron en el barrio de Abbaseya. Estos sólo cesaron hacia la una, tras la llegada al lugar de las tropas, que llevaban vehículos blindados, y de la policía antidisturbios fuertemente armada.

“La intervención del ejército se produjo varias horas tarde”, declaró Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Parece que en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que gobierna Egipto no existe la voluntad de prevenir estos trágicos sucesos. Después del ataque del fin de semana, las autoridades debían haber estado preparadas para la violencia.”

El incidente se ha producido después de varios ataques contra manifestantes cerca del Ministerio de Defensa durante el fin de semana, que se saldaron con un muerto y más de cien personas heridas. Los manifestantes se habían congregado para mostrar su apoyo a un político excluido de las elecciones presidenciales y para pedir el fin del gobierno militar.

Un manifestante dijo a Amnistía Internacional que había visto a unos hombres disparando a los manifestantes con pistolas y escopetas, así como lanzando cócteles molotov y piedras. Según los informes, los manifestantes respondieron a la agresión y también lanzaron piedras y cócteles molotov. Decenas de personas resultaron heridas.

Las autoridades egipcias afirman que en la violencia murieron siete personas, aunque según fuentes no oficiales, la cifra de fallecidos oscila entre 11 y 20. Un médico dijo a Amnistía Internacional que había visto seis cadáveres.

Fuentes médicas declararon a Amnistía Internacional que algunos de los fallecidos y heridos tenían heridas de bala y de perdigones. Según los informes, una persona había sido degollada.
Se prevén más manifestaciones en El Cairo esta noche en apoyo a los manifestantes y contra el régimen militar.

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que, durante los enfrentamientos, grupos de hombres armados impidieron que los manifestantes fueran atendidos en el Hospital Universitario de Ain Shams (Hospital Demerdash).

Un manifestante dijo a la organización que las ambulancias sólo pudieron acceder con facilidad a la zona después de la llegada del ejército.

Aún no está claro quién es el responsable de los ataques contra los manifestantes. Tanto durante el gobierno del ex presidente Mubarak como con el gobierno del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto, han sido frecuentes las agresiones de manifestantes a manos de grupos de personas no identificadas.

A menudo estos grupos acompañan al ejército y a las fuerzas de seguridad en la dispersión de manifestaciones.

Las elecciones presidenciales se celebrarán el 23 y el 24 de mayo.