Perú ha reconocido los derechos al agua y al saneamiento en varias ocasiones:

1) Perú fue uno de los Estados que patrocinaron la Resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 30de septiembre de 2010. Esta resolución “afirma que el derecho humano al agua potable y el saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado”. En consecuencia, Perú aseguró que el derecho a un nivel de vida adecuado, recogido en el artículo 11 del PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluye los derechos al agua y al saneamiento.

2) Perú votó a favor de la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, enjulio de 2010, que “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

3) En la Declaración de Abuja, aprobadaen la Primera Cumbre de África-América del Sur, que se celebró en noviembre de 2006 en Abuja (Nigeria), Perú se comprometió con otros 64 Estados africanos y sudamericanos, a “promover el derecho de nuestros ciudadanos al acceso al agua potable y a la sanidad dentro de nuestras respectivas jurisdicciones”.

Al reconocer el derecho al agua queda claro que el gobierno peruano tiene el deber de hacerlo cumplir.

En este sentido,Amnistía Internacionalapoya las acciones del gobierno nacional y de la ciudadaníaen general afavor del derecho al agua, indispensable para una vida saludable y el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos, sin dejar de exigir el pleno respeto a los derechoshumanos de todasy todos.

No cabe duda de que en 2011 muchas personas de toda la región sufrieron graves violaciones de derechos humanos en una escala extrema. Para la población de Siria, Yemen, Egipto y Bahréin, entre otros, la protección de los derechos humanos todavía puede parecer una perspectiva remota.

La resistencia de los manifestantes en 2011 ha cambiado el contexto de los derechos humanos en la región. El alcance y el grado de brutalidad de la represión ejercida por algunos Estados han avergonzado a aliados y donantes que antes estaban dispuestos a pasar por alto violaciones de derechos humanos en nombre de la estabilidad.

Muy pocos podían imaginar, ni siquiera en enero de 2011, que la Liga de los Estados Árabes iba a suspender la condición de miembro a Libia al mes siguiente por razones de derechos humanos. En Bahréin, la acción represiva del gobierno suscitó tanta preocupación internacional y oposición interna que el rey tomó la medida sin precedentes de encargar una investigación internacional independiente sobre los hechos; el informe correspondiente, de 500 páginas, ofrecía un estremecedor relato de violaciones de derechos humanos. Ahora queda la duda de si las autoridades van a aplicar sus recomendaciones.

Hasta Siria, país consentido durante mucho tiempo por aliados que bloqueaban resoluciones y ayudaban de otras formas al régimen cuando cometía crímenes de lesa humanidad, se vio obligado a aceptar la visita de observadores de la Liga Árabe al final del año.

Menos de un año después de la caída del ex presidente Zin el Abidín ben Alí, el presidente interino de Túnez es un activista de derechos humanos y ex preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional, Moncef Marzouki. En una reunión con representantes de la sociedad civil tunecina, Moncef Marzouki firmó el Manifiesto por el Cambio de Amnistía Internacional y se comprometió a adoptar 10 medidas clave en materia de derechos humanos. Le exigiremos que cumpla sus promesas, como lo harán los miles de personas que salieron a protestar hace un año.

En otros Estados de la región, como Arabia Saudí y Argelia, la incidencia de protestas multitudinarias en 2011 fue menor. No obstante, muchos confían en que los acontecimientos del año pasado sirvan para que sus gobiernos, que han venido demorando la adopción de medidas destinadas a mejorar el respeto de los derechos humanos, acometan reformas reales que debían haber realizado hace tiempo.

¿Cuántas personas han muerto en los distintos levantamientos por toda la región?

Túnez: Según datos oficiales, al menos 300 personas murieron y 700 resultaron heridas durante las revueltas en diciembre de 2010 y enero de 2011.
Egipto: Según el Ministerio de Salud egipcio, al menos 848 personas perdieron la vida durante las revueltas de enero y febrero. Con posterioridad, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de alrededor de un centenar de muertes más en protestas.
Yemen: Más de 200 personas han resultado muertas en relación con las protestas desde febrero, y cientos más han perdido la vida en enfrentamientos armados.
Siria: Según afirmó la ONU en diciembre, en su opinión se había dado muerte a más de 5.000 personas desde el inicio de las protestas en marzo, incluidos desertores del ejército, civiles y personas que habían sido ejecutadas por negarse a disparar contra manifestantes. La propia Amnistía Internacional ha documentado con detalle 4.401 muertes aunque piensa que el número real es muy superior. Al término del año, Amnistía Internacional había recibido informes sobre más de 210 casos de muerte bajo custodia, un índice más de 40 veces superior al promedio anual más reciente de Siria.
Bahréin: Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de al menos 48 personas muertas en las protestas desde febrero.
Libia: Miles de civiles y combatientes perdieron la vida tras el levantamiento contra el coronel Gadafi en febrero. Ha sido imposible confirmar el número exacto debido a las dificultades para acceder a extensas zonas de Libia en los periodos de conflicto así como a la interrupción de los servicios médicos y la ausencia de patólogos forenses en muchas partes del país.

• Inicio de clases: 12 de marzo de 2012
• Duración: 2 años. Luego del primer año, los estudiantes obtendrán la Diplomatura de Posgrado en Derechos Humanos.
• Programa interdisciplinario respaldado porla Universidad Carlos III de Madrid (España) y la Università degli studi Roma Tre (Italia).

Dirigido a:

Abogados, sociólogos, economistas, periodistas, antropólogos, historiadores, educadores, jueces, fiscales, fuerzas armadas y policiales, promotores de desarrollo y especialistas que trabajan en ONG.

Plana docente:

Ernesto Aguinaga, Elena Alvites, Carlos Alza, Renata Bregaglio, Javier Caravedo, Carmela Chávez, Francisco Eguiguren, Óscar Espinosa, Pedro Francke, Miguel Giusti, Armando Guevara, Marcela Huaita, Salomón Lerner, Beatriz Londoño, Sinesio López, Olga Martin-Ortega, Michelle Reyes, Fidel Tubino, Patricia Urteaga y Rocío Verástegui.

Admisión

Las inscripciones podrán realizarse a través de nuestra página web desde el 15 de noviembre de 2011 al 10 de febrero de 2012.
La documentación* solicitada deberá ser remitida a la Oficina Central de Admisión de la PUCP del 6 al 10 de febrero de 2012.
Las entrevistas se realizarán del 14 al 17 de febrero de 2012.

Informes

Maestría en Derechos Humanos
Lorena Bazay
(51-1)626-2000 anexo 5155
lbazay@pucp.edu.pe

Paola Virreyra
(51-1)626-2000 anexo 5146
pvirreyra@pucp.edu.pe

Amnistía Internacional pide al gobierno de Brasil que interceda ante las autoridades cubanas para que concedan a Yoani Sánchez el permiso para entrar y salir libremente de Cuba. El 20 de enero de 2012, Amnistía Internacional escribió al ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, pidiendo que el gobierno brasileño intervenga en este caso y trate con las autoridades cubanas la cuestión de las violaciones de derechos humanos en Cuba (véase la carta http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR19/001/2012/pt)

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, visitará Cuba el 31 de enero de 2012. Amnistía Internacional le insta a que plantee ante las autoridades el caso de Yoani Sánchez, así como la cuestión de la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación, motivo de grave preocupación. El caso de Yoani Sánchez y su visita a Brasil ofrece a las autoridades brasileñas la oportunidad de tratar estas cuestiones con el gobierno cubano.

Las autoridades cubanas siguen limitando gravemente la libertad de expresión, reunión y asociación de los disidentes políticos, los periodistas y los activistas de derechos humanos, que están sometidos a arresto domiciliario arbitrario y a otras restricciones para impedirles llevar a cabo actividades legítimas y pacíficas. Además, el gobierno cubano utiliza la denegación de permisos de salida como medida punitiva contra las personas que critican al gobierno y los disidentes.

Amnistía Internacional confía en que la presidenta Rousseff aproveche su próxima visita a Cuba para reforzar la creciente influencia mundial de Brasil en la promoción y protección de los derechos humanos.

En tiempos difíciles para la Fundación Sobrevivientes, esta campaña nos anima, nos fortalece y nos recuerda que no estamos solos.

Para apoyar nuestra lucha es para apoyar la lucha de muchas mujeres en Guatemala y en todo el mundo [palabras por télefono anoche 26-01-2012] “

La banda de rock británica Coldplay, el comediante estadounidense Stephen Colbert y el veterano actor británico John Cleese participarán en una gala en beneficio de Amnistía Internacional en marzo, anunciaron el miércoles los organizadores.

El evento, llamado “Secret Policeman’s Ball”, tendrá lugar en el Radio City Hall de Nueva York el 4 de marzo y servirá parta recaudar fondos en favor de causas humanitarias, señaló Amnistía Internacional en un comunicado.

“Estamos emocionados de que algunos de los humoristas políticos más creativos de nuestro tiempo participen en este evento, el primer Secret Policeman’s Ball realizado en Estados Unidos”, dijo Suzanne Nossel, directora de la filial estadounidense de la asociación humanitaria.

En una rueda de prensa convocada el lunes, el ministro del Interior egipcio declaró que no habría una presencia de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Plaza Tahrir o en otros lugares donde está previsto que se celebren el próximo miércoles manifestaciones para conmemorar la “Revolución del 25 de enero”. Según algunos medios de comunicación, las fuerzas de seguridad están dispuestas a utilizar munición real contra los manifestantes si se atacan las instituciones públicas.

Ahmed Harara quedó ciego durante las protestas en Egipto. Aquí nos ofrece su relato personal de las revueltas.

Escucha el testimonio de Ahmed

“En vez de apartarse de los lugares de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad deberían actuar de forma responsable y asegurar que todos puedan ejercer sin riesgo su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica,” ha afirmado Hassiba Hadj-Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Está polarizado el ambiente, las autoridades y algunos medios de comunicación estatales han calificado a los manifestantes de agitadores. Si añadimos a ello el hecho de que se prevén contramanifestaciones ese día, la postura de las autoridades podría considerarse un incumplimiento grave de su deber”.

El ministro del Interior ha advertido que podrían participar en las manifestaciones personas que se hagan pasar por policías o miembros de las fuerzas de seguridad con la intención de tratar de provocar enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

El ministro no ha explicado lo que las autoridades tienen previsto hacer para proteger a los manifestantes o impedir posibles enfrentamientos.

“Es inaceptable anunciar que existe un riesgo para los manifestantes debido a la presencia de impostores disfrazados de policías y miembros de las fuerzas de seguridad, y luego no tomar medidas para abordar esa amenaza. Este tipo de comportamiento no ayudará a restablecer la confianza del pueblo egipcio en el Ministerio de Interior, desacreditado desde hace mucho tiempo, y arroja dudas sobre el nuevo código ético de la policía,” ha manifestado Hassiba Hadj-Sahraoui.

Una año después de llegar al poder, las autoridades egipcias todavía no han hecho públicas las normas sobre el uso de la fuerza dirigidas a las fuerzas de seguridad, pese a las reiteradas peticiones de Amnistía Internacional y otras organizaciones.

“En lugar de ordenar a las fuerzas de seguridad que pongan fin al uso excesivo de la fuerza, las autoridades alaban su actuación y siguen culpando a los manifestantes y a los “elementos ocultos” de conspirar contra la estabilidad de Egipto,” ha afirmado Hassiba Hadj-Sahraoui.

“En vista de que los manifestantes rendirán homenaje a las personas que perdieron la vida o resultaron heridas en las protestas de Egipto, no deben repetirse las escenas de violencia del año pasado. Debe permitirse a los manifestantes ejercer su derecho a la protesta de forma pacífica, sin temor a ataques.”

Desde la “Revolución del 25 de enero”, se ha recurrido de forma habitual a las fuerzas de seguridad -soldados, miembros de la policía militar y las Fuerzas de Seguridad Central- para sofocar las protestas.

Las fuerzas de seguridad han utilizado gas lacrimógeno, porras, balas de goma y munición real, como cartuchos de escopeta, para dispersar por la fuerza las concentraciones, y en varias ocasiones se han lanzado contra grandes multitudes en vehículos blindados, para dispersar y herir a los manifestantes.

Es poco probable que el anuncio del 24 de enero del levantamiento del estado de excepción en vigor desde hace 30 años, cambie la situación en el país, ya que se seguirá aplicando la legislación de excepción en casos de “matonismo”, delito de ambigua definición que se utiliza habitualmente contra los manifestantes.

A pesar de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se ha comprometido en varias ocasiones a proteger a los manifestantes, al menos 90 personas han perdido la vida, y varios miles más han resultado heridas, durante protestas en las que las fuerzas de seguridad han hecho uso excesivo de la fuerza.

A mediados de diciembre, el intento brutal de las fuerzas de seguridad de dispersar una sentada frente al edificio donde se reúne el gabinete de ministros se saldó con 17 muertos, muchos por heridas de bala.

En noviembre, las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno y dispararon perdigones de escopeta y munición real durante los enfrentamientos que duraron cinco días en torno al edificio del Ministerio del Interior en El Cairo, después de que el ejército y las Fuerzas Centrales de Seguridad dispersaran a los manifestantes y familiares de las víctimas de la “Revolución del 25 de enero” en la Plaza Tahrir. Murieron más de 50 personas y resultaron heridas más de 3.000.

En octubre, las fuerzas de seguridad atacaron a los manifestantes que protestaban contra la discriminación por motivos religiosos en torno al edificio que alberga la televisión estatal en El Cairo, conocido como Maspero. Perdieron la vida 28 personas, muchas de ellas aplastadas por los vehículos blindados que se lanzaron a gran velocidad contra la multitud.

En la represión de las manifestaciones, las mujeres han sido víctimas de abusos, y muchas han denunciado abusos sexuales o amenazas de agresión sexual mientras se encontraban detenidas.

Las imágenes de las fuerzas de seguridad sometiendo a mujeres a brutales palizas y desnudándolas, publicadas en internet tras las protestas de diciembre, causaron indignación en todo el mundo y desencadenaron nuevas protestas de grupos de mujeres en Egipto.

El pasado marzo, Amnistía Internacional documentó cómo miembros del ejército obligaban a varias manifestantes a someterse a “pruebas de virginidad”. En diciembre, un tribunal administrativo de El in Cairo falló que se trataba de una práctica ilegal, a la que había que poner fin de inmediato.

La violencia se ha cobrado un precio terrible entre los egipcios, personas como Ahmed Harara, que perdió la visión en un ojo tras resultar herido en el levantamiento de enero. Perdió el otro ojo en noviembre, cuando las fuerzas de seguridad dispararon cartuchos de escopeta en una sentada.

Las investigaciones ordenadas por las autoridades militares sobre los actos de violencia sólo han servido para impedir que se sepa la verdad sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. Hasta la fecha, sólo han comparecido ante la justicia tres militares, acusados de homicidio involuntario, en relación con el homicidio de 14 manifestantes en Maspero en octubre.

El informe hace que me plantee la siguiente pregunta: ¿Cómo puede un Estado ignorar la desesperación de estas mujeres y niñas, así como la gravedad de las consecuencias que esto tiene en su salud y en sus vidas?

Resulta aterrador descubrir que las conclusiones del estudio muestran un aumento en el número de mujeres y niñas que son sometidas a prácticas de aborto inseguras. Por increíble que parezca, los gobiernos siguen negando los servicios médicos esenciales en estos casos, incluidos los necesarios para evitar las lesiones psíquicas o psicológicas permanentes, o incluso la muerte, que el aborto puede ocasionar en mujeres y niñas.

El informe de la OMS también apunta que la falta de información y de servicios anticonceptivos contribuye a las elevadas cifras de embarazos no deseados.

La decisión de negar este tipo de atención no está justificada en ningún caso, puesto que constituye una forma de castigo o coacción de los Estados sobre las mujeres y niñas.

Algunos gobiernos incluso llegan a utilizar el derecho penal para hacer que se cumpla esta negación de los servicios médicos a mujeres y niñas embarazadas.

La tipificación de los servicios de aborto como delito es una medida discriminatoria y punitiva tanto en intención como en efecto. La gravedad de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres y niñas a las que se les niega el acceso a atención básica representa un claro incumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Una de las conclusiones más importantes del informe de la OMS es que se confirma que no existe correlación alguna entre leyes restrictivas de aborto y menores índices de prácticas abortivas. De hecho, ocurre más bien lo contrario.

La información ofrecida por la OMS confirma que en aquellos lugares en los que no existen servicios legales y seguros de aborto, algunas mujeres y niñas inevitablemente recurren a la autoinducción del aborto o a centros clandestinos donde pueden practicárselo.

Las mujeres y niñas que están sumidas en el miedo, la vergüenza y la desesperación toman la dolorosa decisión de ingerir veneno, de intentar eliminar el feto de su cuerpo con un alambre u otro objeto punzante, o de recurrir a la ayuda de personas no cualificadas que, en condiciones de pésima higiene, les ayuden a interrumpir el embarazo.

Muchas de estas mujeres y niñas quedarán estériles o inválidas, y algunas incluso morirán como consecuencia de las lesiones provocadas por estas prácticas. ¿Por qué debe obligarse a estas mujeres y niñas a tomar medidas tan desesperadas y por qué debe privárseles de su dignidad?

En 2009 entrevisté a Rosmery, una niña de 13 años de Managua, Nicaragua. Rosmery tenía tan solo 12 años cuando se quedó embarazada tras repetidas violaciones por parte de un familiar.

En Nicaragua existe una prohibición total del aborto, incluso si una niña se ha quedado embarazada como consecuencia de actos de violencia sexual o si su vida corre peligro si continúa con el embarazo.

Rosmery tan solo quería seguir yendo a la escuela, ser como el resto de las niñas de su edad e intentar evitar que esta violación marcase el resto de su vida. Su madre encontró a un profesional cualificado que pudiera practicarle el aborto de forma clandestina, pero en un lugar limpio y seguro.

Rosmery y su madre me explicaron su constante preocupación ante la posibilidad de que alguien lo descubriese o presentase cargos penales contra la niña y quienes la ayudaron. El hecho de que el aborto estuviese penalizado se sumó al estigma que Rosmery ya sentía.

¿Por qué habría que hacer sentir a una víctima de violación como Rosmery que está cometiendo un delito por intentar aliviar las consecuencias del delito que ella ha sufrido?

Con la existencia de leyes que restringen el acceso a servicios legales y seguros de aborto, el Estado transmite a las mujeres y niñas que no tienen el mismo derecho a recibir tratamientos para proteger su vida y su salud que quienes requieren esos mismos tratamientos en otras circunstancias.

El informe de la OMS concluye que “la muerte provocada por la práctica insegura del aborto continúa siendo un hecho importante y evitable, como lo son las consecuencias sociales, económicas y de la salud ocasionadas por los abortos inseguros”.

Saber que las muertes y lesiones que sufren miles de mujeres y niñas en el mundo podrían evitarse por completo es absolutamente descorazonador.
Vuelvo a mi pregunta inicial: ¿Cómo puede un Estado ignorar la desesperación de estas mujeres y niñas, así como la gravedad de las consecuencias que esto tiene en su salud y en sus vidas?

El ministro de Justicia recién nombrado afirmó públicamente el 15 de enero que tenía previsto reanudar las ejecuciones, algo que consideraba una responsabilidad de su cargo. Su predecesor, HIRAOKA Hideo, recibió fuertes presiones para llevar a cabo ejecuciones en 2011, pero no lo hizo, afirmando que la aplicación de la pena de muerte debía examinarse más cuidadosamente antes de continuar con las ejecuciones.

Aunque todos los presos en espera de ejecución corren peligro inminente, los miembros del culto Aum Shinrikyo condenados a muerte, incluido su líder, MATSUMOTO Chizuo (también conocido como Shoko Asahara), tienen ahora menos probabilidades de ser ejecutados, pues un miembro del culto, HIRATA Makoto, se entregó a la policía el 31 de diciembre de 2011 y su proceso judicial llevará algún tiempo. Según el artículo 475 del Código de Procedimiento Penal, no pueden llevarse a cabo ejecuciones hasta que el proceso judicial de todos los coacusados haya terminado.

Las ejecuciones en Japón son por ahorcamiento, y habitualmente se llevan a cabo en secreto. Lo habitual es que a los presos les comuniquen que van a ser ejecutados pocas horas antes, y en algunos casos no reciben aviso alguno. Esto significa que los presos que han agotado sus apelaciones deben pasar todo su tiempo en el pabellón de los condenados a muerte sabiendo que pueden ser ejecutados en cualquier momento. Por lo general, a los familiares se les notifica la ejecución tras haberse producido esta.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, no importa el carácter del delito, las características de la persona condenada a muerte ni el método de ejecución utilizado por el Estado, por considerarla una violación del derecho a la vida y el más cruel, inhumano y degradante de los castigos. El 28 de julio de 2010 se llevaron a cabo las dos últimas ejecuciones en Japón. El sistema de ejecución fue la horca.

En octubre de 2011, el anterior ministro de justicia, HIRAOKA Hideo, afirmó que examinaría individualmente cada caso de pena de muerte, después de que, según los informes, el secretario del Gabinete, Osamu Fujimura, lo animara a seguir adelante con las ejecuciones. Amnistía Internacional y la Red Asiática contra la Pena de Muerte pidió al ministro de Justicia que se abstuviera de llevar a cabo ejecuciones.