La población palestina en la Franja de Gaza enfrenta una catástrofe humanitaria prolongada que no puede entenderse como una consecuencia incidental del conflicto, sino como el resultado de políticas deliberadas que deben ser evaluadas bajo el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. 

En 2025 las autoridades israelíes continuaron imponiendo condiciones de vida dirigidas a la destrucción física de la población palestina en Gaza, incluyendo hambre generalizada, ataques contra civiles y la destrucción sistemática de infraestructura indispensable para la supervivencia.  

El bloqueo —que ya se prolonga por casi dos décadas— se intensificó en un asedio total durante meses, acompañado de restricciones deliberadas a bienes esenciales   como alimentos, agua, combustible y medicamentos. Estas medidas han provocado niveles extremos de malnutrición, el colapso del sistema sanitario y el desplazamiento forzado de más del 90% de la población. Cientos de miles de personas enfrentan condiciones de hambruna.  

Los ataques contra hospitales, ambulancias, personal médico y espacios civiles densamente poblados han tenido consecuencias devastadoras. Mujeres embarazadas, recién nacidos y personas con enfermedades graves se ven privadas de atención médica básica, en un contexto donde la destrucción del sistema de salud convierte condiciones tratables en sentencias de muerte.  

En paralelo, en Cisjordania se intensifican los desplazamientos forzados, la expansión de asentamientos ilegales, la violencia de colonos y las detenciones arbitrarias, en un sistema que múltiples organizaciones han caracterizado como apartheid.  

Miles de personas palestinas permanecen detenidas sin cargos ni juicio, mientras se documentan prácticas sistemáticas de tortura y muertes bajo custodia en un contexto de impunidad estructural.  

A esto se suma la promoción de iniciativas legislativas que ampliarían el uso de la pena de muerte en un sistema que afecta de manera desproporcionada a la población palestina, lo que plantea serias dudas sobre su carácter discriminatorio y su compatibilidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.  

¿Qué está pasando en Gaza? 

• El impacto no es solo humanitario: es estructural y devastador. 
• Colapso casi total del sistema de salud.  
• Hambre masiva y malnutrición generalizada.  
• Desplazamiento reiterado y forzado de la población.  
• Ataques contra civiles, periodistas y personal humanitario.  
• Restricciones sistemáticas al acceso a ayuda vital.  

Las mujeres y niñas enfrentan formas agravadas de esta crisis: partos sin asistencia médica, falta de acceso a servicios básicos y una exposición desproporcionada a la violencia, la inseguridad y la pobreza extrema. 

“La combinación de desplazamiento y enfermedad te mata.” 
— Mujer palestina con cáncer en Gaza 

Este testimonio no es excepcional: describe una realidad extendida en la que la supervivencia cotidiana se vuelve incierta. 

Los Estados no son observadores pasivos. Tienen la obligación jurídica de prevenir, detener y no ser cómplices de violaciones graves del derecho internacional. 

La inacción —o la acción insuficiente— contribuye a perpetuar estas violaciones. 

Firma esta petición y exige a los gobiernos que actúen ahora. 

Pedimos a los Estados que: 

• Exijan un alto el fuego inmediato y permanente en todo el territorio palestino ocupado.  
• Presionen a Israel para levantar el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza.  
• Garanticen el acceso seguro, sostenido y sin restricciones de ayuda humanitaria en Palestina, en particular en Gaza y otras zonas afectadas.  
• Suspendan toda transferencia de armas cuando exista riesgo de que puedan ser utilizadas para cometer violaciones del derecho internacional.  
• Apoyen investigaciones independientes y aseguren la rendición de cuentas ante la justicia internacional por todos los crímenes cometidos.  
• Protejan de manera urgente a la población civil en Palestina, especialmente a mujeres, niñas, personal sanitario, periodistas y personas desplazadas. 

La ayuda humanitaria no es un favor político: es una obligación jurídica. 
La población civil no puede ser utilizada como instrumento de guerra. 
El genocidio es un crimen. Debe terminar ya.