El terrible asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado, líder de la Comunidad Nativa Santa Rosillo de Yanayacu en la Región San Martín, el día 29 de noviembre del 2023, suma una nueva víctima de la violencia desatada en la amazonía peruana. El Apu Quinto dedicó su vida a la protección de su territorio y del bosque Amazónico, para salvaguardar el futuro de su pueblo. Fue asesinado mientras regresaba de un encuentro de defensores ambientales, donde volvió a presentar la situación actual de amenazas a su comunidad de parte de los actores de siempre: traficantes de tierras, narcotraficantes y  taladores ilegales.

Este último asesinato de un defensor ambiental coincide con el comienzo de la COP en Dubai, donde se discute la urgente acción frente a la crisis clímatica, que nos afecta directamente con temperaturas cada vez más elevadas y fenómenos naturales que amenazan la continuidad de la vida en nuestro planeta. Preservar la Amazonía de los impactos del extractivismo corporativo y las economías ilegales es una de las acciones indispensables para lidiar con la crisis que se avecina. Sin embargo, la amazonía se ha convertido en el lugar más peligroso en el mundo para los defensores ambientales, debido al poder creciente de actores criminales que van controlando cada vez más esta parte del territorio nacional. 

Ya son 31 defensores indígenas asesinados desde el año 2013 en el Perú, según cifras de Aidesep. Las medidas tomadas hasta la fecha de parte del Estado peruano y la cooperación internacional, no están logrando disminuir, ni los atentados, ni el ritmo de invasiones de las actividades ilegales en los territorios indígenas. Además, en los últimos meses, hemos registrado una intensificación de llamadas intimidatorias y incidentes de seguimiento a defensores y defensoras involucradas en casos emblemáticos de búsqueda de justicia que se encuentran en la misma situación, viviendo en condiciones de riesgo; y miles de personas indígenas cuyas comunidades han sido invadidas, cercadas o cooptadas. En ninguno de los casos anteriores se han logrado implementar medidas de seguridad adecuadas y sostenidas en el tiempo.

Los mecanismos de investigación y juidicialización de los crímenes contra los defensores ambientales son limitados, causando que ningún caso de asesinato ha encontrado justicia efectiva. En estos mismo días, casi una década después del asesinato de Edwin Chota y otros 3 líderes de la Comunidad de Saweto, sus deudos siguen buscando justicia, en un proceso judicial que ha tenido que reiniciarse desde cero, debido entre otras cosas a la inoperancia sospechosa de los fiscales a cargo del caso. Similar situación ocurrió con Arbildo Melendez, cuyo asesino confeso fue condenado sólo por “homicidio culposo” con el aval del fiscal a cargo del caso en su momento.   

Desde hace dos años, existe en el país un Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, creado con el Decreto Supremo 004-2021-JUS. En el diseño de este Mecanismo se asignan responsabilidades a nueve entidades estatales. De cumplirse diligentemente, podría significar un avance significativo en cuanto a prevención, identificación de causas de los principales riesgos, protección urgente de individuos y comunidades en riesgo y lucha contra la impunidad.

No obstante, nada de esto se ha cumplido, frente al asesinato del apu Inuma, tenemos hoy el sentido pésame de cuatro ministerios miembros del Mecanismo que ofrecen “seguir trabajando juntos”. Lo real es que el Estado no ha asignado los recursos necesarios para que este ente multisectorial cumpla sus objetivos y que el Ministerio del Interior no ha cumplido con sus obligaciones de co-liderar el Mecanismo, ni siquiera lo ha asumido como una prioridad de su sector. Además, en el caso concreto de la comunidad de Santa Rosillo, los millones de dólares recaudados mediante la venta de bonos de carbono para financiar el Parque Nacional Cordillera Azul que se superpone con su territorio ancestral, no han sido destinados a financiar medidas de protección para los defensores ambientales del pueblo kichwa, quienes como Quinto, son los que realmente arriesgan sus vidas por la conservación de sus bosques.

El asesinato del Apu Quinto no puede quedar como “otro caso mas” que genera indignación y luego se olvida. Por lo contrario toca asumir y declarar que la Amazonía está en emergencia, para convertir la protección de los defensores y defensoras, y los territorios de vida que defienden, una prioridad nacional e internacional. Para proteger la vida de los defensores y defensoras amenazadas se requieren acciones de corto plazo y una estrategia más de fondo, para que las medidas anunciadas dejen la virtualidad y se traduzcan en acciones concretas para el Ministerio del Interior y todos los actores involucrados. 

Como medidas inmediatas exigimos:

1. Declaración pública con acciones de urgencia para la protección de la Amazonía y sus defensores: Que el mecanismo multisectorial, refrendado por el presidente del consejo de ministros declara públicamente medidas concretas de emergencia concretas para proteger a los defensores y defensoras ambientales y enfrentar el avance de las economías criminales en la Amazonía.
2. Reacción ante amenazas: El mecanismo de protección, en coordinación con las organizaciones indígenas afectadas, debe establecer una lista de territorios en los que se deben implementar planes de seguridad inmediatos.
3. Atención del entorno amenazado: Protección para la familia del apu Inuma y atención de sus deudos, como para los involucrados en el caso de Saweto. También protección preventiva y colectiva de su comunidad y de todas las comunidades en situación de riesgo.
4. Seguridad territorial: Establecer una comisión de alto nivel para destrabar los procesos de titulación colectiva pendientes para comunidades y pueblos amenazados, mientras que los gobiernos regionales deben acelerar sus esfuerzos de titulación a comunidades. El Estado también debe asegurar que se implemente la Resolución Ministerial 136-2022-MINAGRI, que permite la demarcación territorial de Comunidades Nativas dentro de Áreas Naturales Protegidas, en cumplimiento con sus obligaciones bajo el marco normativo nacional e internacional.  
5. No más impunidad: Exigir un compromiso real del Poder Judicial y el Ministerio Público de atención prioritaria a los procesos en torno de violencia contra defensores. Debe establecerse un sistema por el cual rindan cuentas, y que investiguen a los fiscales y jueces por sus actos procesales en desmedro de los defensores. 
6. Capacidades y presupuesto: Dotar al mecanismo de capacidades y presupuesto reales para que se implementen.
7. Participación y diálogo con organizaciones indígenas: Crear un mecanismo continuo y directo de diálogo entre Aidesep y sus bases, con los distintos actores involucrados en el mecanismo, para mensualmente evaluar la situación de violencia y amenaza contra los defensores.
8. Revisar políticas climáticas: Reestructurar todas las políticas de intervención estatal, los proyectos de la cooperación internacional oficial y de sociedad civil ligados a la lucha contra la deforestación amazónica, priorizando acciones que garanticen la vida y la protección de los territorios indígenas y la generación de oportunidades económicas para las comunidades bajo mayor riesgo. También se deben de tomar medidas para asegurar que los fondos climáticos y de conservación lleguen directamente a los pueblos indígenas para que ellos mismos puedan gestionarlos, garantizando un modelo de conservación y desarrollo que cumple con su derecho a la libre determinación.
9. Rediseñar las políticas estatales de lucha contra las actividades ilegales: Las políticas existentes han fracasado. Los cultivos aumentan exponencialmente aunque son décadas de erradicación. La minería ilegal no logra ser controlada, la tala ilegal se ha mantenido y todas estas actividades hoy se potencian y se articulan con el aval o complicidad de autoridades. Gran parte del fracaso es que estas políticas se diseñan sin incorporar la visión de los pueblos indígenas, incumpliendo abiertamente las obligaciones de consulta y participación a las cuales se ha comprometido el estado peruano mediante el Convenio 169-OIT.