Con motivo de la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias para completar el periodo 2016-2021, Amnistía Internacional se dirige a todas las personas que postulan al Congreso de la República a fin de hacerles llegar las preocupaciones y desafíos identificados por la organización en materia de derechos humanos, e instarles a comprometerse e impulsar leyes y medidas para que todas las personas puedan ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin discriminación alguna.

La organización presenta a las y los candidatos una agenda urgente de derechos humanos para el próximo periodo parlamentario, y les insta a priorizar la protección de grupos en condición de vulnerabilidad como son las personas defensoras del medio ambiente; poner fin a la violencia que sufren mujeres y niñas, garantizar la atención en salud de los pueblos indígenas y las comunidades rurales afectados por metales tóxico, y proteger los derechos de las personas LGTBI.

Junto con la necesidad de impulsar normas y leyes favorables a la defensa y protección de los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales, las y los próximos congresistas tienen la tarea de ratificar los tratados internacionales, aprobar y armonizar las leyes a la luz de los compromisos y obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, aprobar el presupuesto nacional definiendo las prioridades nacionales, y supervisar al poder ejecutivo en la implementación y aplicación de las leyes y políticas públicas de derechos humanos.

Amnistía Internacional viene observando con preocupación la situación de los derechos humanos de diversos grupos de la población, y la manera cómo la promoción y protección de los derechos humanos ha permanecido en gran medida ausente de los planes y debates en el Congreso de la República.

Por ello, la organización considera fundamental asegurar el total cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en materia de derechos humanos; en especial en los siguientes puntos:

1. Medidas para garantizar la protección del ambiente y las personas que lo defienden

El contexto nacional y global actual hace que sea de suma importancia la protección del medio ambiente. Para ello, el Estado debe implementar herramientas que permitan garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra el cambio climático y la degradación de las tierras. En igual medida, fomentar la capacidad de reaccionar con efectividad y rapidez ante los efectos de los desastres naturales. Asimismo, es de gran importancia la protección de las y los defensores en asuntos ambientales, en una país en el que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones.

Amnistía Internacional considera que la firma y ratificación de acuerdos internacionales que propicien la protección del medio ambiente, son una oportunidad histórica para manifestar un compromiso de protección de derechos humanos vinculados a un medio ambiente sano.

Por ello, la organización solicita:

• Ratificar el Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, que contribuirá a mantener a salvo y bien informadas a todas las personas que defienden el medio ambiente .

2. Medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas

A diario, los derechos de mujeres y niñas, así como los de las personas y organizaciones que protegen y defienden sus derechos, son vulnerados en diversos ámbitos. Violencia sexual, discriminación, desigualdad e injusticia en materia de género y en perjuicio de ellas son algunas de las formas más visibles de esta problemática. En un contexto de esta naturaleza urge tomar acciones concretas, reales, efectivas e inmediatas.

Preocupa a Amnistía Internacional, que sólo en el 2018 se reportaron más de seis mil casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes hasta los 17 años. En muchos de estos casos, se ven forzadas a ser madres ante la negación de servicios para acceder a un aborto seguro y legal. Al criminalizar y negar atención médica a mujeres y niñas que habiendo sido víctimas de violencia sexual deciden poner fin a embarazos no deseados, las consecuencias para ellas son físicas, emocionales y sociales.

Amnistía Internacional considera que la violencia sexual contra las mujeres y niñas no va a ser erradicada si no se modifican legislaciones, políticas públicas y prácticas discriminatorias en el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva.

Por ello, la organización solicita:

• Garantizar el acceso de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual a servicios integrales de salud mental y salud sexual y reproductiva, garantizando la despenalización del aborto en casos de violencia sexual.

3. Medidas para garantizar la atención en salud y el derecho al agua de los y las afectadas por metales tóxicos

A lo largo de todo el país, los derechos al agua limpia, segura y de calidad, y a la salud humana y ambiental son afectados. En particular, esta situación impacta a los pueblos indígenas y las comunidades rurales afectados por contaminación por metales tóxicos, que ante la falta de atención médica especializada y acceso a agua potable, se encuentran en una crisis de salud.Para hacer frente a esta situación, en 2017 se conformó la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, iniciativa que agrupa a representantes de comunidades en 12 regiones del Perú afectadas por contaminación de agua, suelo y aire, y es apoyada por organizaciones sociales y de derechos humanos.

Con el impulso de esta alianza, el Ministerio de Salud ya ha reconocido que la contaminación por metales tóxicos es un problema de salud pública y ha aprobado unos lineamientos de política para la atención de personas expuestas metales pesados y otras sustancias químicas. Sin embargo, el Estado no termina de asumir su rol garante de su derecho a la salud y al agua potable.

Por ello, la organización solicita:

• Impulsar que las personas y comunidades afectadas por metales tóxicos tengan acceso a servicios de salud especializados y acceso a agua limpia, segura y de calidad, para garantizar el más alto estándar de salud humana y ambiental.

4. Medidas para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Todas las personas deben ser capaces de ejercer plenamente sus derechos humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Pero en Perú las personas LGBTI sufren de exclusión social, son discriminadas y sufren violencia por falta de leyes y políticas públicas que reconozcan sus derechos.Los prejuicios, el estigma y los estereotipos alimentan la homofobia y la transfobia, lo que a su vez crea barreras al acceso a servicios de salud integrales, educación, trabajo y vivienda. Las personas LGBTI también sufren acoso y violencia tanto en su propia familia como en espacios e instituciones públicos.

Amnistía Internacional recuerda que la negación de derechos consagrados en las normas internacionales de derechos humanos, como el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la identidad de las personas transgénero producen una situación de desprotección jurídica frente a la violencia y discriminación en un contexto en el que miles luchan por sobrevivir.

Por ello, la organización solicita:

• Aprobar una ley que reconozca el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y fundar una familia; y promulgar legislación que garantice el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género.

5. Medidas para garantizar la protección internacional y acceso a derechos de las personas que huyen de Venezuela

En los últimos años, más de cuatro millones de personas han huido de la grave crisis de derechos humanos que se vive en Venezuela. Huyen del hambre, la falta de medicamentos, la inseguridad, la represión del gobierno, que incluye torturas, detenciones arbitrarias, e incluso, ejecuciones extrajudiciales. Estas son violaciones masivas de derechos humanos que afectan a la sociedad en su conjunto. Por ello, es que hoy millones de personas tan solo buscan un lugar donde poder vivir.

Frente a esta grave crisis, el Perú dio un ejemplo de solidaridad, permitiendo el acceso regular al territorio, y acogiendo a las personas venezolanas que llegaban a Perú y ofreciendo, hasta cierto momento, condiciones para que las personas trabajen en condiciones formales a través del PTP.

Amnistía Internacional considera que los países latinoamericanos, entre ellos el Perú, tienen un desafío para proteger y facilitar el acceso a derechos de las personas migrantes y refugiadas. La organización recuerda que conforme a sus compromisos internacionales, al momento de establecer sus políticas y leyes migratorias los Estados tienen la obligación de garantizar que cualquier medida que adopten debe permitir el acceso al territorio, el derecho a buscar y recibir asilo, así como respetar el derecho a la igualdad y no discriminación.

Por ello, la organización solicita:

• Promover que las personas que huyen de Venezuela debido a la crisis humanitaria y de derechos humanos pueden acceder a la protección internacional y tengan acceso a derechos que les permiten llevar una vida digna y segura.

Medidas adicionales

Amnistía Internacional reconoce que en Perú existen amplios desafíos para asegurar una mayor protección de los derechos humanos de todas las personas. En tal sentido, la organización insta a las y los candidatos al Congreso, que en caso de ser elegidos, actúen en favor de las siguientes medidas:

• Adoptar las enmiendas legislativas necesarias para adaptar las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su legislación interna.
• Impulsar que el Congreso de la Republica incorpore el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas que les afecten.
• Reformar la legislación penal para asegurar que los delitos contra el honor sean tratados por la vía civil y no por la vía penal.
• Asegurar que el marco legal que regula el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se encuentren armonizadas con las obligaciones y estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

Amnistía Internacional insta a todas las personas candidatas al Congreso de la República a comprometerse a adoptar en todas sus propuestas legislativas, de manera concreta y sin restricciones, medidas de protección y promoción de los derechos humanos y a realizar propuestas claras y especificas en esta materia con miras a poner fin a la persistente inequidad y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación alguna.