Las autoridades peruanas deben acelerar las medidas anunciadas para reducir el hacinamiento en las cárceles de Perú, y desplegar de manera urgente una estrategia sanitaria para frenar el brote de COVID-19 en los penales, protegiendo la salud y la vida del personal penitenciario y de las personas privadas de libertad, dijo hoy Amnistía Internacional Perú.

Asimismo, la organización demandó al Gobierno peruano esclarecer los hechos ocurridos el último 27 de abril,  cuando se registró el quebrantamiento del orden en penales de Huancayo, Ica, Chiclayo y Lima. En el caso del penal Miguel Castro Castro (San Juan de Lurigancho, Lima), se ha informado oficialmente de nueve internos fallecidos y 60 personas heridas, entre internos y personal penitenciario.   

Las personas privadas de libertad vienen protestando por temor al contagio por COVID-19. Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han confirmado que hay 645 internos con COVID-19 en todo el país. Según la Defensoría del Pueblo, el INPE tiene a su cargo la custodia de más de 97 111 personas privadas de libertad. Esta entidad señala que el nivel de hacinamiento en las cárceles alcanza el 140%.

Frente a esta situación, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que se aceleren las medidas anunciadas dirigidas a reducir el hacinamiento y las condiciones de insalubridad de los establecimientos penitenciarios en Perú. Además, invoca a las autoridades a que se evalúen nuevos mecanismos para reducir el número de personas privadas de libertad, priorizando a las personas más vulnerables al COVID-19.

“Las condiciones de insalubridad y hacinamiento de los centros penitenciarios en Perú son deplorables. El gobierno peruano debe implementar de manera inmediata una estrategia para la prevención de contagio de la población carcelaria, garantizando siempre los derechos humanos. Además, debe realizar una investigación imparcial e independiente sobre el uso de la fuerza el día 27 de abril en el penal Castro Castro, donde nueve internos murieron”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú