Ad portas del 199° aniversario patrio, y a un año del bicentenario de nuestra Independencia, nos dirigimos a usted, en su calidad de máximo representante de la nación, a fin de saludarlo y hacerle llegar las preocupaciones y desafíos identificados por nuestra organización en materia de derechos humanos, en el contexto de la difícil situación que atraviesa el país, y que ha sido visibilizada en su máxima expresión por el Covid-19.
Esta pandemia nos recuerda que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, y que no pueden ser postergados ni condicionados por ninguna razón. En ese sentido, manifestamos que si se continúan colocando en una segunda línea, el Perú no podrá aspirar a ser un país inclusivo, y se verá condenado a repetir los errores que hoy lamentamos. El país debe mirar al futuro poniendo la dignidad humana en el centro de sus políticas.
Desde el monitoreo permanente que Amnistía Internacional realiza sobre la situación de los derechos humanos en el país, compartimos con usted nuestras principales preocupaciones, así como un conjunto de recomendaciones, instando a su gobierno a redoblar esfuerzos para asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos, garantizando recursos mínimos de subsistencia que fundamentan la dignidad humana.
Acceder a servicios de salud, de manera oportuna y apropiada, es un derecho humano. Ninguna persona en nuestro país, independientemente de su condición social, jurídica, migratoria, económica, o lugar de vivienda, debería enfermar o morir por no poder acceder a los servicios de salud que necesite. El goce de este derecho está íntimamente relacionado con otros derechos como acceder a agua potable y saneamiento, a alimentación, a una vivienda y a un trabajo digno.
En los últimos cuatro meses, según cifras oficiales, 18 030 personas han fallecido por el Covid-19 y miles no pueden acceder al sistema de salud para salvar sus vidas, porque el sistema de salud ha colapsado, dejando afuera sobre todo a los grupos históricamente más vulnerables de la población.
Amnistía Internacional ha alertado en su momento sobre el hacinamiento en los centros penitenciarios, condición que los convierte en altos focos de contagio, pidiendo que se implementen con la mayor celeridad las medidas respectivas para no poner en riesgo la salud y la vida de las personas privadas de su libertad.
Asimismo, nuestra organización ha documentado y expresado su preocupación por la situación del personal sanitario que enfrenta en primera línea la pandemia, y que trabaja a menudo en condiciones inseguras, con equipos de protección insuficientes, arriesgando sus vidas. Cientos de ellos se han contagiado de Covid-19, y muchos han fallecido realizando su trabajo.
Por otro lado, hemos advertido que los pueblos indígenas enfrentan la emergencia sanitaria con una precaria respuesta estatal, mientras el virus se sigue expandiendo peligrosamente en sus territorios. La difícil accesibilidad a centros de salud, y en muchos casos, la falta de medios de subsistencia, los ha colocado en una situación de gran vulnerabilidad.
La población migrante y refugiada ha sido excluida de cualquier tipo de subsidio por parte del Estado, y muchos han sido desalojados de sus viviendas, quedando en la calle. A pesar de que estos factores los hacen más vulnerables al Covid-19, hemos registrado casos en los cuales expresan temor de acudir a autoridades o centros asistenciales debido a su situación migratoria.
En este escenario, invocamos a que su gobierno fortalezca el sistema de salud pública, incrementando la inversión sectorial, así como la capacidad para responder a emergencias sanitarias como la actual, llegando a todas las personas, sin distinción.
Para responder a la emergencia sanitaria que enfrentan los pueblos indígenas, instamos a su gobierno a fortalecer en el corto plazo un protocolo de salud integral e intercultural, que movilice todos los recursos que sean necesarios; asimismo que se respeta las medidas sanitarias que las autoridades indígenas han tomado, asegurando su participación y cuidando que las políticas económicas y sociales no atenten contra dichas medidas.
Si bien en los últimos años se avanzó en un marco normativo contra la violencia de género, entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, los días de confinamiento obligatorio a nivel nacional, las cifras de violencia muestran un incremento alarmante. La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por las 1 100 mujeres reportadas como desaparecidas durante el periodo de aislamiento obligatorio. Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha informado de 33 feminicidios y más de 500 niñas víctimas de violación sexual.
Desde Amnistía Internacional le recordamos que es deber del Estado el disponer de todos los mecanismos y recursos necesarios para prevenir y erradicar la violencia hacia todas las mujeres, incluidas las mujeres refugiadas y migrantes en nuestro país, que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Le invocamos a reforzar las políticas de prevención, la oportuna atención a las sobrevivientes, y continuar la investigación y búsqueda de cientos de mujeres desaparecidas que ahora mismo corren el riesgo de feminicidio, trata de personas, explotación sexual u otras formas de violencia. Las consecuencias de la violencia de género son intergeneracionales, cuestan vidas y generan en las niñas y mujeres (así como en sus hijos e hijas) daños irreparables.
Finalmente, solicitamos que su gobierno inicie el camino para la derogatoria de la Ley de Protección Policial (Nº 31102), aprobada por el Congreso en marzo de este año, por violar el derecho internacional de los derechos humanos y dejar una puerta abierta a la impunidad y al uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Recordamos el rol de las autoridades de garantizar el derecho a la protesta pacífica, y que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la fuerza debe utilizarse en casos estrictamente necesarios, de manera proporcional, con un propósito legítimo y someterse a un proceso de rendición de cuentas, pero la Ley de Protección Policial quiebra este principio.
Amnistía Internacional insta a su gobierno a priorizar una agenda cuyo objetivo sea promover, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en el país, colocando a las personas, y el respeto de su dignidad, en el centro de todas las políticas.