OTRA HISTORIA ES POSIBLE
Otra historia es posible para miles de niñas y mujeres embarazadas por violación sexual
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Cambiemos la historia para que miles de mujeres y niñas puedan cambiar la suya: las niñas y mujeres embarazadas víctimas de violación sexual no deben ser forzadas a ser madres.
En Perú más de 12 mil niñas y mujeres son víctimas de violación sexual cada año. Muchas de ellas son forzadas a continuar embarazos producto de la violación, bajo amenaza de denuncia penal, debido a la criminalización del aborto por violación sexual. Esta situación constituye una grave violación de derechos humanos y ha sido señalada por organismos de Naciones Unidas como una forma de trato cruel, inhumano y degradante.
Cada año, más de mil niñas de 14 años o menos se convierten en madres. Esto ocurre, en gran medida, por la falta de acceso efectivo al aborto terapéutico, el único permitido por la ley peruana, incluso en casos de embarazo infantil. El Estado peruano incumple así sus obligaciones internacionales, reiteradas por el Comité CEDAW, el Comité de los Derechos del Niño y la CIDH, que han establecido que negar el aborto en estos casos vulnera los derechos a la vida, la salud, la integridad personal y el interés superior de la niña.
En 2024 se cumplieron 100 años del aborto terapéutico y no se ha avanzado en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres, y de todas las personas con capacidad de gestar. Por el contrario, el contexto se ha vuelto más restrictivo. En los últimos años, se han promovido iniciativas legislativas y políticas regresivas que debilitan las políticas de igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres, en contradicción con el principio de no regresividad del derecho internacional de los derechos humanos.
A ello se suma la reciente eliminación de dos causales de la “Guía de Práctica Clínica: Procedimientos en Obstetricia y Perinatología” del Instituto Nacional Materno Perinatal, que permitían el acceso al aborto terapéutico por razones de salud mental, incluso en casos de violación sexual en niñas y adolescentes. Estas decisiones restringen el acceso a un servicio esencial de salud y profundizan la vulneración de derechos de quienes se encuentran en mayor situación de riesgo y desigualdad.
Mientras se siga criminalizando el aborto infantil y en casos de violación sexual, los derechos humanos de las niñas y mujeres siguen siendo restringidos, condenándolas a un círculo de violencia, discriminación y pobreza.
La normalización de la maternidad forzada y la revictimización de niñas obligadas a maternar son prácticas que constituyen múltiples formas de violencia y que están siendo promovidas o legitimadas actualmente por algunas autoridades del Estado.
Por todo ello, pedimos:
Despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil y de violación sexual, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Garantizar el acceso efectivo, oportuno y sin discriminación al aborto terapéutico en todo el territorio nacional.
Adoptar medidas urgentes para prevenir la maternidad forzada, proteger a las niñas sobrevivientes de violencia sexual y asegurar su derecho a vivir libres de violencia.
Otra historia es posible.
No seas indiferente. Únete.