Instamos a las autoridades:
1. Derogar inmediatamente las leyes 32107 y la ley 32419
2. Que se inapliquen estas normas en todos los procesos
En agosto de 2025 se publicó la ley 32419, que concede amnistía a perpetradores de violaciones de derechos humanos y establece “amnistía humanitaria” para condenados por graves violaciones de derechos humanos mayores de 70 años. Esta nueva norma se suma a la también aprobada Ley 32107 (2024), que establecía la prescripción de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 1 de julio de 2002.
Estas leyes podrían dejar en libertad a condenados en al menos 156 casos, debilitando gravemente el derecho a la justicia y verdad de miles de víctimas y familiares, y dejando un precedente nefasto de impunidad antes graves violaciones de derechos humanos.
En el caso de la amnistía, la norma también cancela investigaciones y juicios en curso, como el de la masacre de Putis (Ayacucho, 1984), donde 123 personas —incluidas niñas y niños— fueron asesinadas.
La comunidad internacional y los compromisos asumidos por el Estado peruano son claros: las graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, no pueden quedar impunes. La vigencia de estas leyes busca borrar lo sucedido, y envía un mensaje de indiferencia frente al dolor de víctimas y familiares que vienen buscando justicia, verdad y reparación por más de 20 años.
Por ello, instamos a las autoridades:
1. Derogar inmediatamente las leyes 32107 y la ley 32419
2. Que se inapliquen estas normas en todos los procesos