Derechos humanos en riesgo
No al retroceso institucional ni a la impunidad
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Al Congreso: derogar normas contrarias al derecho internacional que favorecen la impunidad.
Al Poder Ejecutivo: garantizar el derecho a la protesta y adecuar los protocolos de uso de la fuerza a estándares internacionales y proteger la libertad de expresión, incluyendo la artística, y garantizar condiciones para la labor de periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Al Ministerio Público: investigar con debida diligencia, independencia y enfoque de derechos humanos, garantizando la identificación de responsabilidades en todos los niveles.
Al Poder Judicial: asegurar el acceso a la justicia oportuno y aplicar estándares internacionales, en particular respecto a la imprescriptibilidad de graves violaciones de derechos humanos.
En el Perú, se ha consolidado un proceso sostenido de debilitamiento de las garantías institucionales para la protección de los derechos humanos. Diversas medidas legislativas y decisiones institucionales han configurado un escenario regresivo para el Estado de derecho, afectando la independencia de las instituciones de justicia y restringiendo el espacio cívico.
Los casos de Inti Sotelo y Bryan Pintado en 2020; las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 —con al menos 50 personas fallecidas y más de 1,400 heridas—; así como la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz en 2025, evidencian un patrón persistente de uso ilegítimo de la fuerza en contextos de protesta.
A pesar de la gravedad de estos hechos, las investigaciones no han avanzado con la debida diligencia. Las víctimas continúan enfrentando obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación.
Este escenario se agrava con la vigencia de normas que promueven la amnistía y la prescripción para graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, en contravención de las obligaciones internacionales del Estado. Estas medidas favorecen la impunidad y debilitan el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.
Asimismo, se ha consolidado un contexto de cierre del espacio cívico, caracterizado por restricciones a la protesta, ataques contra periodistas y limitaciones al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En paralelo, se han registrado prácticas de censura que afectan la libertad de expresión, incluyendo la creación artística, especialmente cuando aborda memoria, protesta y rendición de cuentas.
Estas dinámicas evidencian la consolidación de prácticas autoritarias en el Perú. Además, estas prácticas no solo afectan el esclarecimiento de violaciones pasadas, sino que generan condiciones para su repetición.
La impunidad propicia la repetición.
El Estado peruano tiene la obligación de garantizar investigaciones independientes, juzgar y sancionar a los responsables oportunamente, y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, debe proteger el espacio cívico y garantizar el derecho a la memoria, la verdad y la reparación.
Peticiones
Al Congreso: derogar normas contrarias al derecho internacional que favorecen la impunidad.
Al Poder Ejecutivo: garantizar el derecho a la protesta y adecuar los protocolos de uso de la fuerza a estándares internacionales y proteger la libertad de expresión, incluyendo la artística, y garantizar condiciones para la labor de periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Al Ministerio Público: investigar con debida diligencia, independencia y enfoque de derechos humanos, garantizando la identificación de responsabilidades en todos los niveles.
Al Poder Judicial: asegurar el acceso a la justicia oportuno y aplicar estándares internacionales, en particular respecto a la imprescriptibilidad de graves violaciones de derechos humanos.