Muchas gracias a todos los que firmaron la acción urgente por Warren Hill, la misma que remitimos al Gobernador de Georgia, Nathan Deal y a diversas Embajadas de los Estados Unidos. Dos horas antes de la ejecución de Warren Hill, ésta fue suspendida por un problema legal con la droga que se le iba a administrar para matarlo. Esta decisión burocrática de postergar la ejecución hasta una fecha indefinida da más tiempo para hacer gestiones ante las autoridades de Georgia.

(Acción urgente pasada. No se requieren más firmas)

 Las autoridades de Georgia han fijado una nueva fecha para la ejecución de Warren Hill: la han pasado del 18 al 23 de julio. La junta de libertad condicional ha denegado el indulto pese a que el preso sufre una discapacidad intelectual lo suficientemente grave como para arrojar fuertes dudas sobre la constitucionalidad de su ejecución.La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia se reunió el 13 de julio para examinar la petición de indulto de Warren Hill. El 16 de julio anunció que había votado en contra del indulto. Como es práctica habitual en la Junta, no dio detalles sobre su decisión.El 17 de julio, un día antes de la fecha fijada para la ejecución de Warren Hill, el Departamento de Prisiones de Georgia anunció que, con efecto inmediato, las autoridades penitenciarias iban a cambiar el proceso de inyección letal, consistente en la administración de tres sustancias, a un protocolo de una sola sustancia. En las ejecuciones llevadas a cabo según este nuevo protocolo, al preso se le inyectaría una sobredosis del sedante pentobarbital. El anuncio manifestaba que el Departamento de Prisiones había estado utilizando pentobarbital en su proceso de tres sustancias, y que "basándose en la experiencia de otros estados y en testimonios médicos competentes, la sustancia ha demostrado ser efectiva".

Actúa

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Información Adicional

Warren Hill fue condenado a muerte en 1991 por el asesinato, cometido en 1990, de otro preso. En 1996, sus abogados apelaron contra su condena de muerte, alegando que Hill padecía una "discapacidad intelectual". La cámara de representantes de Georgia había aprobado en 1988 una ley que prohibía la imposición de la pena de muerte a personas de las que se concluyera, "más allá de una duda razonable", que sufren discapacidad intelectual. La ley definía esta discapacidad como un "funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media" que dé lugar a "trastornos del comportamiento adaptativo" y que se haya "manifestado durante el periodo de desarrollo". En 2002, un juez estatal de primera instancia concluyó que Warren Hill tenía de hecho un "funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media" pero que no había demostrado, más allá de una duda razonable, su déficit de adaptación.Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos, en Atkins v. Virginia, resolvió que la ejecución de personas con discapacidad intelectual violaba la Constitución de Estados Unidos. Los abogados de Warren Hill pidieron que se reconsiderara su alegación a la luz de la resolución Atkins. Esta vez, el juez de primera instancia decidió que el nivel probatorio para determinar si el acusado sufría discapacidad intelectual debía ser "una preponderancia de la prueba" -no el nivel superior de "más allá de una duda razonable"- y que, de acuerdo con este nivel más bajo, el déficit de Warren Hill constituía efectivamente discapacidad intelectual. Sin embargo, las autoridades estatales apelaron ante la Corte Suprema de Georgia, que en 2003 resolvió por cuatro votos contra tres que el nivel de "más allá de una duda razonable" era aceptable en este contexto. La opinión mayoritaria concluyó que la Corte Suprema de Estados Unidos había dejado en manos de los estados individuales la decisión de cómo aplicar la resolución Atkins, y no había especificado cuál debía ser la carga probatoria para determinar la discapacidad intelectual. El caso de Warren Hill fue devuelto al tribunal inferior, que restauró su resolución original de 2002 según la cual, de acuerdo con el nivel de "más allá de una duda razonable", Hill no sufría discapacidad intelectual.En 2010, un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, corte federal, resolvió, por dos votos a uno, que "puesto que el requisito de Georgia de que el nivel probatorio debe ser superior al de 'más allá de una duda razonable' dará lugar necesariamente a la ejecución de las personas con discapacidad intelectual, la decisión de la Corte Suprema de Georgia es contraria a la norma claramente establecida en la resolución Atkins". Sin embargo, el estado apeló para que se celebrara una vista ante el pleno de la Corte del Undécimo Circuito, y en 2011 el pleno resolvió, por siete votos contra cuatro, que, aunque Georgia, en su decisión, había "alterado el equilibrio de una forma en cierto modo inadecuada", la ley federal impedía que un tribunal federal actuara incluso aunque considerara que la decisión de una Corte Suprema estatal para aplicar esa ley era "incorrecta o desacertada".Ningún otro estado de Estados Unidos exige que se demuestre la discapacidad intelectual más allá de una duda razonable en el contexto de la pena de muerte. De hecho, 22 de los 33 estados que actualmente aplican la pena de muerte, y también el gobierno federal, utilizan el nivel de "preponderancia de la prueba", según el cual el juez de Georgia concluyó que Warren Hill sufría discapacidad intelectual.