24 enero 2018
Colombia: Más de 1,000 personas sufren desplazamiento forzado en solo cuatro días

Frente a una ola de desplazamientos forzados en varias partes del país, el Estado colombiano debe garantizar los derechos de las personas desplazadas y brindar protección a varias comunidades que siguen en riesgo, dijo Amnistía Internacional.


Entre el 17 y el 20 de enero, debido a enfrentamientos entre diferentes grupos armados en áreas del Bajo Cauca, Sur de Córdoba y los límites entre Boyacá y Casanare, más de 1,000 personas han debido desplazarse forzadamente y muchas más están en riesgo de desplazamiento.


De acuerdo a un comunicado publicado el 22 de enero por la Defensoría del Pueblo de Colombia, el 17 de enero se produjeron enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Consejo Comunitario La Voz de los Negros, en el departamento de Nariño (municipio de Magüi Payán), lo cual causó el desplazamiento forzado de 172 personas.  En este mismo municipio, el 27 de noviembre pasado, ya se había registrado un enfrentamiento entre grupos armados que ocasionó la muerte de 13 personas. Hasta el momento no se reporta ningún avance en la investigación de estos hechos.


Asimismo, el 18 de enero, Plínio Pulgarín, presidente de la Junta de Acción Comunal del centro poblado San Pedrito (municipio de San José de Uré), en el departamento de Córdoba fue asesinado por un grupo armado ilegal denominado “Caparrapos”, quien también amenazó a la comunidad. Estos hechos generaron el desplazamiento forzado de 375 familias, ese mismo día, según informes de la Defensoría del Pueblo. Esto también generó un riesgo latente de desplazamiento forzado de los habitantes del Resguardo Indígena Dochama, vecino de la zona.


El 19 de enero, en 10 centros poblados en el departamento de Antioquia (municipios de Cáceres y Caucasia), la Defensoría del Pueblo registró el desplazamiento de 383 personas del Pueblo Indígena Zenú y comunidades campesinas. Esto, debido a que hombres armados advirtieron a la comunidad que se enfrentarían con un grupo armado ilegal proveniente de Barro Blanco (municipio de Tarazá). Otras 350 familias residentes en zonas aledañas también se encuentran en riesgo inminente de desplazamiento forzado.


Por otra parte, el 20 de enero en la inspección Morcote (municipio de Paya), en el departamento de Boyacá, se desplazaron forzosamente 3 familias, debido a enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, otras familias de la zona también se encuentran en riesgo de ser desplazadas. Ese mismo día, en el Consejo Comunitario Bajo Calima (municipio de Buenaventura), se registró la presencia de grupos del ELN, lo que generó temor en la población y pone a cinco comunidades en riesgo de desplazamiento forzado.


“En Colombia el conflicto armado no acaba. El Estado Colombiano debe fortalecer los mecanismos para prevenir los desplazamientos forzados ocasionados por enfrentamientos de grupos armados. Es urgente que en el contexto de la finalización de cese al fuego del ELN se respeten los derechos humanos de personas y comunidades que viven en zonas de conflicto,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.


Desde el fin del cese al fuego con el ELN, el 9 de enero de 2018, en muchas regiones de Colombia ha recrudecido el conflicto armado.  Se han registrado decenas de casos de desplazamiento forzado y cifras alarmantes de asesinatos de líderes comunitarios y personas defensoras de derechos humanos en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cauca y Boyacá, como consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN, grupos paramilitares, fuerzas de seguridad del Estado y disidencias de las FARC.


Amnistía Internacional insta al gobierno de Colombia a que garantice el acceso de ayuda humanitaria de emergencia para las personas que se han desplazado forzadamente en estas zonas y asegure que puedan acceder a la ruta de atención integral dispuesta por la Unidad de Víctimas. Así mismo, es importante reiterar que el Estado de Colombia debe proteger a las poblaciones que siguen siendo víctimas del conflicto armado que aún persiste en varias regiones del país.

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