01 febrero 2010
Acción urgente (Estados Unidos): Ejecución inminente por un crimen cometido a los 19 años de edad
Está previsto que Martin Grossman, hombre blanco de 45 años, sea ejecutado en el estado estadounidense de Florida a las 6 de la tarde del 16 de febrero por un crimen cometido a los 19 años de edad. Grossman fue declarado culpable de asesinato en 1985, y lleva en el "corredor de la muerte" casi un cuarto de siglo.

Margaret Park, de 26 años, guarda forestal de la Comisión de Caza y Pesca del estado, murió por un disparo cuando patrullaba en la zona central de la costa occidental de Florida el 13 de diciembre de 1984. Unas dos semanas después, Martin Grossman, de 19 años, y Thayne Taylor, de 17, fueron detenidos (véase página siguiente). Los dos fueron juzgados juntos. Grossman fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Taylor fue declarado culpable de asesinato en tercer grado, un delito no punible con la pena capital.

En la fase de determinación de la pena de Martin Grossman, la defensa presentó cuatro testigos (la madre del acusado, un amigo de la infancia y dos funcionarios de prisiones) en un intento por retratar sus atributos positivos, con el fin de contrarrestar los hechos del crimen en los que se basaba la acusación para obtener una condena de muerte. Sin embargo, el jurado votó a favor de la pena de muerte, y el juez aceptó su recomendación, rechazó la juventud de Grossman como factor atenuante, y determinó que no existían factores atenuantes. Los factores agravantes esgrimidos eran que el asesinato se había cometido para evitar la detención y que había sido un acto especialmente "perverso, malvado, atroz o cruel".

Los tribunales de apelación han rechazado la alegación de que Grossman recibió una asistencia letrada inadecuada en la fase de determinación de la pena. En una declaración jurada, el principal abogado defensor del juicio de Grossman manifestó que él y sus colegas habían realizado un "trabajo muy escaso e inefectivo". Sin embargo, en 2005, un juez federal, al confirmar la condena de muerte, resolvió que esa opinión "se basaba en el beneficio de la visión a posteriori". El segundo abogado de la defensa, contratado para preparar testimonios atenuantes tan sólo dos semanas antes de la fase determinación de la pena, manifestó que deberían haber dicho al juez que no estaban preparados.

La defensa no presentó ningún testimonio de expertos en salud mental después de que el psicólogo designado por el Estado les dijera que su evaluación de Grossman no había desvelado problemas lo suficientemente graves como para que ayudaran a la defensa. Sin embargo, un psicólogo forense contratado por los abogados de Martin Grossman varios años después de dictarse su condena sacó una conclusión diferente tras una evaluación más exhaustiva.

Concluyó que había pruebas relativas a la salud mental suficientes como para poner en duda la noción de que Martin Grossman había actuado con premeditación en el momento del delito o como para servir de circunstancia atenuante. Martin Grossman tenía un "funcionamiento intelectual insuficiente, con probable disfunción cerebral" y un "historial de desarrollo caracterizado por un comportamiento complicado profundo y sin tratar" (resultado, entre otras cosas, de la muerte en 1981 de su padre tras una enfermedad larga y grave durante la cual Martin había actuado como principal cuidador), "un elevado nivel de miedo y depresión, y abandono, desatención y malos tratos parentales".

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

  • explicando que no pretenden disculpar el homicidio de Margaret Park;

  • señalando la juventud de Martin Grossman en el momento del delito, y que ha pasado 24 años en el "corredor de la muerte";

  • expresando preocupación porque el jurado no escuchó ningún testimonio de expertos en salud mental, y subrayando la evaluación realizada tras la condena;

  • pidiendo el indulto para Martin Grossman y la conmutación de su condena de muerte.


ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 DE FEBRERO DE 2010 A:

Gobernador
Governor Charlie Crist

Office of the Governor, The Capitol, 400 S. Monroe St. Tallahassee, FL 32399-0001, EE. UU.
Fax: + 1 850 487 0801
Correo-e.: Charlie.Crist@MyFlorida.com
Tratamiento: Dear Governor Crist / Sr. Gobernador

INFORMACIÓN ADICIONAL
Según las actas del juicio, Martin Grossman y Thayne Taylor habían ido en automóvil hasta una zona boscosa la noche del 13 de diciembre de 1984 para disparar una pistola que Grossman había obtenido recientemente. Margaret Park se acercó a ellos, encontró la pistola y comenzó a llamar por radio a la policía. Martin Grossman, que estaba en libertad condicional tras ser condenado por robo, le suplicó que no lo entregara, ya que eso significaría su vuelta a prisión. Cuando ella se negó a aceptar sus súplicas, él agarró la linterna de Margaret Park y la golpeó repetidamente con ella, mientras Taylor acudió a ayudarle. Margaret Park consiguió sacar su arma y realizar un disparo antes de que Martin Grossman agarrara el arma y disparara un solo tiro que alcanzó a Park en la cabeza.

Unas dos semanas después, Grossman y Taylor fueron detenidos después de que un conocido suyo, Brian Allan, dijera a la policía que habían admitido el crimen. Al parecer, los dos le habían contado también lo sucedido a otro amigo, Brian Hancock, y Martin Grossman relató además, según parece, los detalles del incidente a un compañero de prisión, Charles Brewer. Los dos acusados fueron juzgados juntos, pese a la objeción del abogado de Martin Grossman. La fiscalía presentó el testimonio de Allan, Hancock y Brewer contra Grossman. También presentó contra Thayne Taylor la declaración realizada por el propio Taylor ante la policía. Al jurado se le dieron instrucciones de que sólo podía utilizarla contra Taylor, no contra Grossman. Los tribunales, aunque han resuelto que el aceptar la declaración de Taylor de esa manera fue un error constitucional contra Grossman, han resuelto que el error fue "inofensivo", dados los demás testimonios que señalaban al papel dominante de Grossman en el crimen.

En 1990, Charles Brewer firmó una declaración jurada en la que se retractaba de su testimonio contra Grossman. Según afirmaba, había ayudado a las autoridades porque creía que le ayudarían a él con su propio caso. Manifestó que las autoridades le habían dicho que siguiera hablando con Grossman y le habían dado las preguntas que debía hacerle. Entre otras cosas, Brewer había testificado que Grossman le había dicho que había disparado contra Margaret Park porque no quería ser detenido por una mujer. En su declaración jurada, dijo que la fiscalía le había subrayado "el asunto de la agente femenina" cuando le preparaban para que testificara. Durante el juicio, la fiscalía había subrayado repetidamente la idea de que el género había sido parte del motivo del homicidio. En su declaración jurada, Charles Brewer manifestó que "no puedo decir que Martin me dijera eso" y que "Martin nunca dijo que hubiera disparado contra ella". El 14 de enero de 2010, la Corte Suprema de Florida anuló la condena de muerte de otro recluso, Paul Johnson, tras concluir que la acusación lo había inducido "a realizar declaraciones incriminatorias a un informador encarcelado", y porque la fiscalía había sabido que esas declaraciones se habían "obtenido de forma inadmisible" y, aún así, las había presentado en el juicio, en 1988. El 21 de enero de 2010, un juez de Florida rechazó el argumento de que Grossman debía recibir el mismo trato que Johnson, alegando que no había pruebas de que la acusación supiera que el testimonio de Brewer era falso en el momento del juicio de Grossman. Esta y otras cuestiones están siendo actualmente objeto de apelación ante la Corte Suprema de Florida.

Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena capital. Al poner fin a la pena de muerte se abandona una política pública destructiva, divisiva, que distrae la atención de lo que realmente importa y que no es conforme con los valores generalmente aceptados. La pena capital no sólo entraña el peligro de cometer un error irreparable, sino que además es costosa, tanto para el erario público como en términos sociales y psicológicos. No se ha demostrado que tenga un efecto disuasorio especial. Tiende a aplicarse de forma discriminatoria, según razas, clases sociales y situación económica. Niega la posibilidad de la reconciliación y la rehabilitación. Promueve respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en lugar de buscar explicaciones que sirvan de base a estrategias positivas. Prolonga el sufrimiento de la familia de la víctima, y lo amplía a los seres queridos del condenado. Desvía recursos que podrían utilizarse para trabajar contra la delincuencia violenta y para ayudar a las personas afectadas por ella.

Estados Unidos ha llevado a cabo 1.193 ejecuciones desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977. Florida ha sido responsable de 68 de ellas. En Estados Unidos se han llevado a cabo 5 ejecuciones desde que comenzó el año.