16 marzo 2010
Acción urgente (E.E.U.U.): El gobierno estadounidense vacila respecto al juicio civil del 11-S
Cuatro meses después de que el fiscal general de Estados Unidos anunciara que cinco detenidos de Guantánamo serían procesados en tribunales civiles en Estados Unidos, los cinco hombres permanecen bajo custodia militar en Guantánamo, entre señales de que el gobierno podría dar marcha atrás y utilizar en su lugar comisiones militares.

El 13 de noviembre de 2009, el fiscal general Eric Holder anunció que cinco detenidos recluidos en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba, serían trasladados para ser juzgados ante un tribunal federal en Nueva York por cargos relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001 (véase http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/116/2009/es). Los cinco detenidos -Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi bin al-Shibh, ‘Ali ‘Abd al-‘Aziz y Mustafa al Hawsawi- estuvieron hasta cuatro años recluidos en régimen de incomunicación bajo custodia secreta de Estados Unidos antes de ser trasladados a Guantánamo en 2006. En 2008, el gobierno de Bush los designó para ser juzgados ante comisiones militares.

Desde el anuncio del fiscal general, la cuestión del lugar de celebración del juicio y del uso de tribunales civiles para estos y otros detenidos ha suscitado en Estados Unidos una feroz controversia política; se ha propuesto legislación en el Congreso que busca prohibir los juicios civiles y exigir el uso exclusivo de comisiones militares para estos y otros detenidos (véase la página siguiente). El 5 de marzo, el periódico estadounidense Washington Post informó de que, según fuentes gubernamentales, los asesores del presidente Obama iban a recomendar que el juicio de los cinco hombres se celebrara ante comisiones militares. Tras la publicación de esa noticia, el portavoz de la Casa Blanca dijo que no se ha tomado "ninguna decisión", y se han citado fuentes gubernamentales que dicen que hasta dentro de "semanas" no se tomará una decisión final sobre el lugar donde se juzgará a los cinco hombres.

Amnistía Internacional considera que las comisiones militares, incluso tras la introducción en 2009 de los procedimientos revisados, no cumplen las normas internacionales de justicia procesal. El derecho internacional establece que los juicios deben celebrarse ante tribunales independientes, y las comisiones militares no son independientes. Los juicios de civiles ante tribunales militares es contrario a las normas internacionales, especialmente cuando hay tribunales civiles fácilmente disponibles. La aplicación de salvaguardias judiciales de inferior nivel sobre la base de la nacionalidad -los ciudadanos estadounidenses no pueden ser juzgados por las comisiones militares- violaría el derecho a la igualdad ante la ley. Cualquier ejecución tras uno de estos juicios violaría el derecho a la vida, según el derecho internacional. Asimismo, el derecho internacional establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser juzgada sin demoras indebidas. Estos hombres llevan ya bajo custodia estadounidense hasta siete años y medio. Cualquier detenido de Guantánamo al que Estados Unidos pretenda procesar debe ser acusado sin demora y procesado con las debidas garantías ante un tribunal independiente e imparcial que cumpla las normas de justicia procesal. Todo detenido al que Estados Unidos no tenga intención de procesar debe ser puesto en libertad.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

  • aplaudiendo la decisión tomada el año pasado por el gobierno de procesar a los cinco detenidos ante un tribunal federal estadounidense;

  • expresando preocupación porque aún o se han iniciado los procedimientos judiciales, y por los informes que indican que el gobierno puede estar considerando la posibilidad de devolverlos a las comisiones militares;

  • alegando que las comisiones militares no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos ni otras normas de derechos humanos;

  • señalando que el dar marcha atrás sobre estos juicios se interpretaría como un incumplimiento por parte de Estados Unidos de los principios de derechos humanos;

  • instando al gobierno a mantener su decisión e iniciar sin demora procedimientos judiciales ante tribunales federales.


ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 22 DE ABRIL DE 2010 A:
Presidente
President Barack Obama, The White House

Office of the President, 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500, EE. UU.
Fax: + 1 202 456 2461
Correo-e.: president@whitehouse.gov
Tratamiento: Dear Mr President / Sr. Presidente

The Honorable Eric Holder, Attorney General
US Department of Justice, 950 Pennsylvania Avenue NW

Washington DC 20530 0001, EE. UU.
Fax: + 1 202 514 4507
Correo-e.: AskDOJ@usdoj.gov
Tratamiento: Dear Attorney General / Sr. Fiscal General

INFORMACIÓN ADICIONAL
Los procedimientos ante comisiones militares se suspendieron en enero de 2009 como parte de la orden dada por el presidente Obama a su gobierno de que revisara y resolviera las detenciones de Guantánamo y cerrara el centro de detención en el plazo de un año. No sólo se ha incumplido ese plazo, sin que se haya fijado un plazo nuevo, sino que se han mantenido los juicios ante comisiones militares, que continúan pendientes contra una serie de detenidos. Al parecer, el grupo especial sobre detenidos de Guantánamo, establecido en virtud de la orden ejecutiva emitida por el presidente Obama el 22 de enero de 2009, ha recomendado que se procese a unos 35 de los detenidos en Estados Unidos, ya sea en tribunales federales o ante comisiones militares, y que se mantenga a otros 48 recluidos sin cargos ni juicio. El gobierno ha propuesto comprar el Centro Correccional Thompson, en Illinois, para, entre otras cosas, mantener recluidos indefinidamente bajo custodia militar a estos detenidos, pero el plan requerirá el apoyo del Congreso para obtener financiación y, posiblemente, promulgar legislación nueva. Mientras tanto, las liberaciones de otros detenidos de Guantánamo han sido pocas y lentas, entre otras cosas porque Estados Unidos se niega a liberar en territorio continental estadounidense a detenidos que no pueden ser devueltos a sus países de origen por temor a las violaciones de derechos humanos que sufrirían allí. Véase USA: Still failing human rights in the name of global ‘war’, de enero de 2010, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/006/2010, y USA: Daily injustice, immeasurable damage, 5 de marzo de 2010, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/020/2010.

Durante el último año, las detenciones estadounidenses en el contexto de la lucha antiterrorista -especialmente la cuestión de qué hacer con los detenidos de Guantánamo- ha adquirido una nueva dimensión política nacional que ha servido para anular las obligaciones contraídas por Estados Unidos en materia de derechos humanos. La temperatura política en torno a estas cuestiones ha subido aún más desde un presunto intento de detonar explosivos en un vuelo comercial interno a Detroit el 25 de diciembre de 2009 y desde la decisión del gobierno de proporcionar al sospechoso -ciudadano extranjero- un abogado y acusarlo para que sea juzgado ante un tribunal federal. En enero de 2010, por ejemplo, el presidente del Comité del Senado de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales pidió al gobierno que transfiriera al sospechoso a la custodia militar como "combatiente enemigo no privilegiado", para que fuera interrogado y juzgado ante una comisión militar.

A lo largo del año, el Congreso ha bloqueado de diversas formas los progresos sobre los casos de los detenidos, y tiene pendiente legislación adicional. El 2 de febrero de 2010, por ejemplo, varios senadores estadounidenses presentaron propuestas destinadas a recortar la financiación para los juicios de los cinco detenidos cuyo procesamiento anunció el fiscal general Holder en noviembre de 2009. El proyecto de ley fue descrito por sus promotores como "el primer paso hacia la protección de la seguridad del pueblo estadounidense frente a los juicios inadecuados ante tribunales penales nacionales". El 4 de marzo de 2010, los senadores John McCain y Joe Lieberman presentaron al Senado otro proyecto de ley: la Ley de Interrogatorio, Detención y Procesamiento de Combatientes Enemigos, de 2010. El senador McCain, subrayando su afirmación de que Estados Unidos estaba librando una "guerra" conrea los terroristas, dijo que el proyecto de ley autorizaría las detenciones sin cargos, "mientras duren las hostilidades", de cualquier persona calificada de "combatiente enemigo no privilegiado". Prohibiría que a cualquiera de estas personas se le proporcionara un abogado después de la detención: "no debemos otorgar a los sospechosos de terrorismo el privilegio" de un abogado defensor, dijo el senador McCain. Si finalmente se decidía celebrar un juicio sobre un caso de este tipo, añadió, su proyecto de ley requeriría el uso exclusivo de comisiones militares.

Las comisiones militares de Estados Unidos no son de ningún modo tribunales de necesidad demostrablemente legítima, sino creaciones políticas. Amnistía Internacional se ha opuesto a su uso desde que el presidente George W. Bush firmó en noviembre de 2001 una orden ejecutiva por la que establecía comisiones militares para juzgar a "combatientes enemigos" extranjeros en lo que él denominó "guerra contra el terror". Ese sistema fue anulado por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2006, pero fue sustituido por un sistema ligeramente revisado establecido en virtud de la Ley de Comisiones Militares de 2006. El presidente Obama firmó en octubre de 2009 la entrada en vigor de los procedimientos revisados de las comisiones. Amnistía Internacional sigue estando convencida de que en esos juicios no se hará, ni se verá que se hace, justicia.

Véase Trials in error: Third go at misconceived military commission experiment, julio de 2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/083/2009.