25 mayo 2016
UE: Detengan las transferencias de armas a Egipto para dejar de alimentar muertes y torturas
Casi la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) incumple la suspensión para toda la UE de las transferencias de armas a Egipto, por lo que podrían ser cómplices de una oleada de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y torturas, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

A pesar de la suspensión impuesta tras la muerte de cientos de manifestantes en una demostración de grave uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad en agosto de 2013, 12 de los 28 Estados miembros de la UE siguen figurando entre los principales proveedores de armas y equipo policial de Egipto. Se teme que los Ministerios de Asuntos Exteriores de la UE decidan en breve dar por finalizada la suspensión vigente, ya insuficiente
"Casi tres años después de los homicidios masivos que indujeron a la UE a pedir a sus Estados miembros que dejaran de transferir armas a Egipto, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado", afirmó Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

"La represión interna por parte de las fuerzas de seguridad sigue siendo habitual y no existe prácticamente ninguna rendición de cuentas. El uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias masivas, la tortura y las desapariciones forzadas se han convertido en parte del modus operandi de las fuerzas de seguridad.

"Los Estados de la UE que transfieren armas y equipos policiales a las fuerzas egipcias que cometen desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a escala masiva actúan de forma temeraria y podrían ser cómplices de estas violaciones graves."

La complicidad de la UE en la represión

Solamente en 2014, los Estados de la UE autorizaron 290 licencias para transferir equipos militares a Egipto por un valor total de más de 6.000 millones de euros (6,770 millones de dólares estadounidenses). Los artículos incluyen armas pequeñas, armas ligeras y munición, vehículos blindados, helicópteros militares, armas más pesadas para uso en operaciones antiterroristas y militares, y tecnología de vigilancia.

Los países de la UE que suministran armas a Egipto mediante exportaciones o corretaje desde 2013 son los siguientes: Alemania, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumania.
"Los Estados de la UE que transfieren armas y equipos policiales a las fuerzas egipcias que cometen desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a escala masiva actúan de forma temeraria y podrían ser cómplices de estas violaciones graves."
Magdalena Mughrabi

Según Privacy International, empresas de varios países de la UE, incluidos Alemania, Italia y Reino Unido, han suministrado también a las autoridades egipcias sofisticados equipos o tecnologías destinados a su uso en la vigilancia estatal que Amnistía Internacional teme que podrían emplearse para reprimir la disidencia pacífica y violar el derecho a la intimidad.

La violenta represión de la disidencia en Egipto

En los últimos años, las autoridades egipcias llevan a cabo a cabo una campaña de represión, con el pretexto de restablecer la estabilidad del país tras el derrocamiento por el ejército del presidente Mohammed Morsi en julio de 2013. Las duras medidas, que incluyen el uso de la fuerza arbitraria y excesiva con armas de fuego, vehículos blindados y otros equipos, han causado el homicidio ilegítimo de cientos de manifestantes. Miles de personas más han sido detenidas y se enfrentan a juicios masivos manifiestamente injustos. Los detenidos denuncian habitualmente tortura y otros malos tratos.

Las fuerzas de seguridad han amenazado con usar y han usado la fuerza armada para infundir temor en quienes cuestionan pacíficamente la legitimidad del gobierno o critican abiertamente sus políticas. Mientras tanto, las represivas Ley de Manifestaciones (de noviembre de 2013) y Ley Antiterrorista (de agosto de 2015) sancionan efectivamente el uso excesivo de la fuerza.

Las fuerzas de seguridad egipcias suelen ir armadas con pistolas y rifles. Usan a menudo porras, escopetas, cañones de agua y gas lacrimógeno, con el apoyo de diversos tipos de vehículos blindados, para dispersar protestas y otras reuniones públicas de carácter político. La Ley de Manifestaciones de 2013 permite a las fuerzas de seguridad responder "proporcionalmente" al uso de armas de fuego por los manifestantes a fin de proteger vidas, dinero y propiedades, aunque su interpretación se hace en violación flagrante de las normas internacionales, que sólo permiten que las fuerzas de seguridad usen medios letales en respuesta a un peligro inminente de muerte o lesiones graves.

Desde la entrada en vigor de la ley, las fuerzas de seguridad han usado la fuerza excesiva para disolver implacablemente protestas, a menudo con resultados letales. En enero de 2015, al menos 27 personas murieron en incidentes violentos relacionados con protestas, muchas a manos de las fuerzas de seguridad armadas. Una de ellas fue Shaimaa Al Sabbagh, activista política, poeta y joven madre, a quien un policía mató a tiros en el centro de El Cairo. A pesar de que las imágenes del momento de su muerte se hicieron virales y desencadenaron la indignación internacional, el máximo tribunal egipcio anuló la declaración de culpabilidad del miembro de las fuerzas de seguridad hallado originalmente responsable de su muerte, que ahora deberá ser juzgado de nuevo.

Las fuerzas de seguridad armadas también han practicado detenciones masivas de personas que critican al gobierno y de opositores políticos. Según un funcionario del Ministerio del Interior citado en la prensa egipcia, solamente en los primeros 10 meses de 2015 fueron detenidas casi 12.000 personas por presuntos delitos de "terrorismo". En enero de 2016, las fuerzas de seguridad armadas registraron más de 5.000 viviendas del centro de El Cairo en una operación de seguridad con motivo del quinto aniversario del alzamiento de 2011, y detuvieron a numerosos activistas.

El 25 de abril, las fuerzas de seguridad armadas detuvieron a cientos de personas mientras disolvían las protestas, en su mayor parte pacíficas, contra la decisión del gobierno de transferir dos islas del Mar Rojo a Arabia Saudí. Entre los detenidos en la represión desatada en torno a las protestas había defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas.

El 14 de mayo, los tribunales condenaron a más de 150 personas a penas de entre dos y cinco años de prisión por su participación en las protestas.

El año pasado, las fuerzas de seguridad armadas secuestraron a cientos de personas en una oleada de desapariciones forzadas. Las víctimas permanecen recluidas en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, sin acceso a sus familias o abogados, y son torturadas por las fuerzas de seguridad del Estado para hacerlas "confesar" delitos de terrorismo.

No ha habido ninguna rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante y después del alzamiento de 2011. Hasta ahora, las autoridades egipcias no han investigado de forma efectiva, independiente e imparcial los cientos de casos de desaparición forzada, tortura y homicidios ilegítimos documentados por los grupos de derechos humanos.

Operaciones militares en el Sinaí

El ejército egipcio realiza cada vez más operaciones militares contra grupos armados que han lanzado ataques contra la población civil y las fuerzas armadas, sobre todo en el norte de la península del Sinaí. Se sabe que las fuerzas armadas egipcias han usado armas pesadas en estas operaciones, que incluyen vehículos blindados, tanques, helicópteros de combate Apache y aviones de combate F-16.

A Amnistía Internacional le preocupa la total falta de transparencia en las operaciones del ejército contra grupos armados.

Existe un bloqueo informativo sobre las operaciones militares en el Sinaí y los periodistas y las organizaciones independientes de la sociedad civil tienen prohibida la entrada en la zona. Mientras tanto, los Estados de la UE han firmado transferencias de armas pesadas y equipos destinados supuestamente a ayudar a Egipto a combatir el "terrorismo", a pesar de la falta de transparencia y de garantías en materia de derechos humanos sobre su uso. Esto es especialmente inquietante si se tiene en cuenta la total ausencia de rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humanos perpetradas durante el régimen militar que gobernó tras el alzamiento de 2011.

La UE alimenta la represión interna

Mientras los registros muestran que muchos Estados de la UE han hecho caso omiso del llamamiento de 2013 de suspender las transferencias de armas empleadas para la "represión interna" en Egipto, se teme que las próximas conversaciones desemboquen en una mayor suavización de la suspensión o incluso en su levantamiento. Eso se produce tras la decisión de Estados Unidos el año pasado de reanudar el envío de ayuda militar a Egipto por importe de 1.300 millones de dólares anuales.

"Suministrar armas que probablemente alimentarán esta represión interna en Egipto es contrario al Tratado sobre el Comercio de Armas, en el que son partes todos los Estados de la UE, y viola la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas", declaró Brian Wood, director de Control de Armas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
"La UE y sus estados miembros deben dejar de recompensar el mal comportamiento de la policía y el ejército egipcios con una bonanza de suministro de armas"
Brian Wood, director de la campaña Armas bajo Control y Derechos Humanos, Amnistía Internacional

"La UE debe imponer inmediatamente un embargo a todas las transferencias de los tipos de armas y equipos que se están usando en Egipto para cometer violaciones graves de derechos humanos. La UE y sus Estados miembros deben dejar de recompensar el mal comportamiento de la policía y el ejército egipcios con una bonanza de suministros de armas."

Algunos de los principales proveedores de armas que se podrían usar para la represión interna en Egipto son:

• En 2014, Bulgaria emitió un total de 59 licencias para la exportación a Egipto de equipos militares por valor de 51.643.626 de euros, con más de 11 millones de euros para armas pequeñas/ligeras y munición. Las exportaciones a Egipto incluyeron 10.500 rifles de asalto, 300 ametralladoras ligeras y 21 subametralladoras.

• La República Checa es un proveedor estable de armas pequeñas de Egipto. En 2014 el gobierno checo emitió 26 licencias para exportar artículos militares a Egipto por valor de 19,9 millones de euros, en su mayoría armas pequeñas y munición. Las autoridades checas informaron a la ONU de que entre 2013 y 2015 exportaron a Egipto 80.953 pistolas y revólveres. Además, el Ministerio del Interior egipcio había hecho un pedido de 10 millones de cartuchos de 9 milímetros a empresas de armas checas en febrero de 2014.

Francia emitió licencias de exportación por valor de más de 100 millones de euros en 2014 en la categoría de "bombas, torpedos, cohetes, misiles y otros artefactos explosivos" y "vehículos terrestres y componentes". Las exportaciones han incluido más de 100 camiones Sherpa, que se anuncian para uso por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Italia emitió 21 licencias de equipos militares por un valor total de 33,9 millones de euros en 2014, casi la mitad para armas pequeñas. En 2015, Italia envió armas pequeñas y piezas y accesorios afines por valor de más de 4 millones de euros y ya ha registrado la exportación a Egipto de pistolas o revólveres por valor de 73.391 euros en 2016.

Amnistía Internacional pide a la UE y todos sus Estados miembros que adopten las siguientes medidas:

Imponer y aplicar plenamente un embargo vinculante a las transferencias de equipos de seguridad y policiales a Egipto de los tipos de armas empleadas para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos. No hacerlo podría favorecer la infracción de la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armas, así como la violación de las disposiciones sobre derechos humanos del Tratado sobre el Comercio de Armas.

Imponer una política de "presunción de denegación" a las transferencias de armas destinadas al uso de las fuerzas armadas y la fuerza aérea de Egipto. Los informes sobre algunos ataques aéreos que han causado muertes y heridas graves no se han investigado de forma efectiva, independiente e imparcial. Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas durante el alzamiento de 2011 y durante el año posterior de gobierno militar tampoco se han investigado efectivamente. No deberá autorizarse ninguna posible exportación a Egipto de estos artículos a menos que una valoración exhaustiva de riesgos para los derechos humanos demuestre que las fuerzas armadas egipcias destinatarias usarán el equipo de forma legítima, incluido el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos, y salvo que el Estado exportador acuerde con el gobierno egipcio una garantía vinculante a tal efecto.

Mantener este embargo y la política de "presunción de denegación" hasta que las autoridades egipcias implanten salvaguardias efectivas para prevenir nuevas violaciones graves por parte de las fuerzas de seguridad y realicen investigaciones exhaustivas, inmediatas, independientes e imparciales sobre las violaciones cometidas desde el alzamiento de 2011 con el fin de procesar en juicios justos a los responsables de delitos.