Turquía debe liberar a los defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados
Palabras clave

De Salil Shetty, Secretary General of Amnesty International


En julio de 1998, Amnistía Internacional escribió al gobierno turco pidiendo la liberación del entonces alcalde de Estambul, encarcelado tras leer un poema en una manifestación. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y lanzó una campaña global en su favor. Se llamaba Recep Tayyip Erdoğan.


Diecinueve años después, Recep Tayyip Erdoğan es ahora presidente y dirige las detenciones de algunos de los más destacados activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos del país, entre ellos dos líderes de Amnistía Internacional Turquía.


El miércoles por la mañana, ocho defensores y defensoras de los derechos humanos, incluida la directora de Amnistía Internacional Turquía, İdil Eser, fueron detenidos cuando participaban en un taller junto con dos formadores internacionales. Durante más de 28 horas, ni siquiera sus seres queridos conocían el lugar en el que estaban recluidos. Ahora se ha autorizado su detención durante siete días, y podría ampliarse otros siete sin que tengan que comparecer ante un tribunal.


Sus abogados nos han contado que el grupo se enfrenta a una investigación penal bajo la absurda sospecha de pertenecer a una “organización terrorista armada”. Las acusaciones contra estas personas, con decenios de sólida labor en materia de derechos humanos a sus espaldas, resultarían cómicas si la situación en Turquía no fuese tan extremadamente grave para todas las personas que osan criticar al gobierno.


La detención de İdil se produce menos de un mes después de que se ordenara el ingreso en prisión del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, por cargos infundados. Taner se halla actualmente en prisión en espera del acta de acusación formal y de juicio, acusado de apoyar al movimiento Fethullah Gülen, organización a la que ha criticado abiertamente. Esta situación podría prolongarse durante meses. De ser declarado culpable de pertenencia a dicho movimiento, podría ser condenado a una pena de hasta 15 años de prisión.


Estas detenciones ponen de relieve la precaria situación de los y las activistas de los derechos humanos en Turquía, país donde más de 50.000 personas han sido encarceladas en el marco de la represión que siguió al intento de golpe de Estado ocurrido hace casi exactamente un año.


Desde luego, si alguien dudaba todavía del resultado final de la represión iniciada tras el intento de golpe de Estado de Turquía, no debería hacerlo ya. No va a haber sociedad civil, críticas ni rendición de cuentas en la Turquía de Erdoğan.


Estos ocho defensores y defensoras de los derechos humanos son las víctimas más recientes de la implacable represión arbitraria de cualquier crítica hacia las autoridades en el país. Desde el fallido golpe de Estado, el presidente Erdoğan ha emprendido un ataque a gran escala contra la sociedad civil, que muchos observadores presentes en Turquía consideran sin precedentes.


En la actualidad, unas 150.000 personas están siendo investigadas penalmente. En el último año se han cerrado 160 medios de comunicación y se calcula que 2.500 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación han perdido su empleo. Con más de 130 periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación encarcelados desde el intento golpista, Turquía es ahora el país con más periodistas entre rejas. Un tercio de todos los periodistas encarcelados del mundo están recluidos en prisiones turcas.


Al mismo tiempo, decenas de miles de personas consideradas detractoras del gobierno han sido encarceladas y más de 100.000 empleados y empleadas del sector público han sido despedidos sumariamente de sus puestos.


Tras la detención de İdil y de otras nueve personas, varios gobiernos en todo el mundo han condenado inmediatamente las acciones del gobierno turco. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense ha declarado que Estados Unidos sentía “honda preocupación” y ha hecho hincapié en que “en tiempos difíciles, se necesitan más opiniones, no menos”.


Aunque acogemos con satisfacción estas declaraciones, la respuesta internacional ante las acciones de Erdoğan durante los últimos años ha brillado por su ausencia.


Los últimos dos días han brindado una oportunidad única de rectificar esta situación. Los líderes más poderosos del mundo se han reunido en Hamburgo en la cumbre del G-20, que ha contado con la asistencia del presidente de Turquía.


En la preparación de la cumbre, la canciller alemana Angela Merkel manifestó su deseo de introducir el refuerzo de la sociedad civil como elemento clave en la agenda de la reunión y destacó la importancia de una sociedad civil activa para garantizar que las sociedades sean libres.


Bellas palabras, pero İdil, Taner y las decenas de activistas de los derechos humanos encarcelados necesitan algo más. Si los líderes del mundo reunidos con motivo del G-20 no exigen su inmediata liberación ni salen ahora en defensa de la acosada sociedad civil de Turquía, es muy posible que no quede ya nada de ella cuando se celebre la próxima cumbre.

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