12 septiembre 2011
Troy Davis se enfrenta a una ejecución inminente en Georgia
Un juez de Georgia ha firmado una orden de ejecución en el caso de Troy Davis, por la que autoriza al estado a ejecutarlo en la semana del 21 al 28 de septiembre. Persisten las dudas sobre la culpabilidad de Troy Davis respecto al delito por el que fue condenado a muerte hace dos décadas.

El juez del condado firmó la orden de ejecución de Troy Davis el 6 de septiembre. El Departamento de Prisiones de Georgia fijará la fecha y hora de la ejecución. La estrategia habitual del Departamento consiste en fijar la fecha el primer día autorizado por la orden, en este caso el 21 de septiembre.


Troy Davis fue condenado a muerte en 1991 por el asesinato del agente de policía Mark Allen MacPhail, cometido en Savannah, Georgia, en 1989. No existe ninguna prueba material que vincule directamente a Davis con el asesinato, y el arma del crimen nunca se encontró. La acusación contra Troy Davis se basaba principalmente en declaraciones de testigos presenciales. Desde su juicio, siete de los nueve testigos clave se han retractado de su testimonio o lo han modificado, y algunos han denunciado coacción policial.


En 2009, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó una vista probatoria federal para examinar la alegación de inocencia de Troy Davis. En la vista, celebrada en junio de 2010, el juez federal de primera instancia William Moore abordó si Troy Davis podía demostrar "con pruebas claras y convincentes que ningún jurado razonable lo habría declarado culpable a la luz de las nuevas pruebas" surgidas desde su juicio por asesinato en 1991. De acuerdo con esta norma "extraordinariamente elevada", escribió el juez Moore en su opinión de agosto de 2010, "el Sr. Davis no es inocente". Sin embargo, en el resto de su resolución reconoció que las nuevas pruebas presentadas por Troy Davis arrojaban algunas dudas "adicionales, mínimas" sobre su declaración de culpabilidad, y que el caso de la acusación no estaba "blindado". Según el juez Moore, en 1991 el jurado había declarado a Troy Davis culpable "más allá de una duda razonable", "pero no con una certeza matemática".


En 2007, Troy Davis estuvo a menos de 24 horas de ser ejecutado, pero la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia dictó una suspensión. La Junta declaró entonces que no permitiría que se llevara a cabo una ejecución "a menos y hasta que sus miembros estén convencidos de que no cabe duda respecto a la culpabilidad del acusado". Desde entonces, Troy Davis se ha enfrentado a otras dos fechas de ejecución, ambas en 2008, que fueron suspendidas por los tribunales.


ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en su propio idioma:



  • reconociendo la gravedad del delito por el que Troy Davis fue condenado a muerte;

  • señalando que persisten las dudas sobre el caso incluso después de la vista probatoria federal de 2010;

  • señalando que la Junta actúa como mecanismo de seguridad contra el error irreversible, y recordando la declaración que la Junta emitió en 2007 respecto a que no permitiría que se llevara a cabo ninguna ejecución en la que existiera alguna duda sobre la culpabilidad del preso;

  • señalando las pruebas sustanciales sobre la falibilidad del sistema de justicia capital;

  • pidiendo a la Junta que otorgue el indulto a Troy Davis y conmute su condena de muerte.



ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE, Y ANTES DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011, A:

Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado

2 Martin Luther King, Jr. Drive, SE

Suite 458, Balcony Level, East Tower

Atlanta, Georgia 30334-4909, EE. UU.

Correo-e.: Clemency_Information@pap.state.ga.us y Webmaster@pap.state.ga.us

Fax: +1 404 651 8502

Tratamiento: Dear Board members / Sres. Miembros de la Junta


http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/028/2011/es



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En los últimos cuatro años, tres estados de Estados Unidos -Nueva Jersey, Nuevo México e Illinois- han promulgado legislación para abolir la pena de muerte. Al firmar la entrada en vigor de estas leyes, los tres gobernadores señalaron el riesgo de un error irreversible en un sistema imperfecto como motivo para respaldar la abolición. En 2007, el gobernador de Nueva Jersey, Jon Corzine, dijo que "el gobierno no puede proporcionar una pena de muerte infalible que excluya la posibilidad de ejecutar a un inocente". En 2009, el gobernador Bill Richardson, de Nuevo México, dijo que, para ejecutar una pena irrevocable, "debemos tener la confianza -yo diría la certeza- absoluta de que el sistema carece de defectos o prejuicios". Este, añadió, "no es evidentemente el caso". En marzo de 2011, el gobernador de Illinois, Pat Quinn, dijo que el sistema de justicia capital adolecía de "defectos inherentes" y que era "imposible diseñar un sistema que sea coherente, que esté libre de discriminación por razón de raza o de circunstancias geográficas o económicas, y que nunca se equivoque". Según dijo, "como estado, no podemos tolerar la ejecución de inocentes, porque esas acciones afectan a la legitimidad misma del gobierno".

Más de 130 personas han sido excarceladas de los "corredores de la muerte" de Estados Unidos desde 1976 tras demostrarse su inocencia. En todos esos casos, los acusados habían sido declarados culpables más allá de una duda razonable. Entre otras cosas, sus casos revelaron la frecuente falta de fiabilidad de las declaraciones de los testigos oculares. En el caso de Troy Davis, la mayoría de los testigos que declararon contra él se han retractado desde entonces o han realizado declaraciones juradas en las que afirman otra cosa. Sin embargo, un condenado que trate de basarse en la declaración revisada de un testigo se enfrenta al gran obstáculo que supone el hecho de que el veredicto del jurado original tiene primacía. En la vista probatoria de junio de 2010 ante el tribunal federal de primera instancia, la fiscal de Georgia alegó que "todos los tribunales de todos los niveles de Estados Unidos han declarado que no son favorables a las retractaciones, las miran con gran escepticismo, son poco fiables". Sobre el caso de Troy Davis, la fiscal concluyó: "Esta era su oportunidad. La norma es sumamente elevada [ …], no la han cumplido".

Uno de los testigos que compareció en la vista fue Benjamin Gordon, quien en 2008 había firmado una declaración en la que aseguraba que un sospechoso alternativo (un familiar suyo por matrimonio) le había dicho que él había disparado al agente MacPhail. En la vista, Benjamin Gordon afirmó por primera vez que, en realidad, él había visto a ese individuo disparar contra el policía. Benjamin Gordon, que en el momento del delito acababa de cumplir 16 años, afirmó de nuevo que la policía lo había coaccionado para que firmara una declaración en la que implicara a Davis. Según dijo, no había declarado antes que había visto quién disparó al agente porque tenía miedo, y finalmente había decidido "venir hoy y simplemente hacer que se sepa la verdad". El juez Moore concluyó que Benjamin Gordon no era "un testigo digno de crédito".

La comunidad internacional ha acordado una serie de salvaguardias para los casos de pena capital en los países que aún mantienen la pena de muerte. Una de estas salvaguardias se refiere a la carga de la prueba en los casos de pena de muerte, y dice: "Sólo se podrá imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos". La carga de la prueba "extraordinariamente elevada" elegida por el juez Moore brinda una protección inferior a esta.

El indulto del ejecutivo está previsto para que actúe como válvula de seguridad cuando los tribunales no hayan querido o no hayan podido actuar. Por ejemplo, en septiembre de 2010, el gobernador de Ohio conmutó la condena de muerte de Kevin Keith por cadena perpetua. El gobernador dijo que, pese a las pruebas circunstanciales que relacionaban a Kevin Keith con el delito, "se han planteado muchas dudas legítimas respecto a las pruebas en las que se basó la condena y respecto a la investigación que condujo a ella" (véase http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/079/2010/es).

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. En Estados Unidos, desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977, se han llevado a cabo 1.266 ejecuciones, incluidas 32 en lo que va de año. Ha habido 51 ejecuciones en Georgia, tres este año. Si desean más información sobre el caso de Troy Davis, consulten USA: ‘Unconscionable and unconstitutional’: Troy Davis facing fourth execution date in two years, mayo de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/069/2009/en y USA: Less than ‘ironclad’, less than safe, 27 de agosto de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/077/2010/en

Un juez de Georgia ha firmado una orden de ejecución en el caso de Troy Davis, por la que autoriza al estado a ejecutarlo en la semana del 21 al 28 de septiembre. Persisten las dudas sobre la culpabilidad de Troy Davis respecto al delito por el que fue condenado a muerte hace dos décadas.El juez del condado firmó la orden de ejecución de Troy Davis el 6 de septiembre. El Departamento de Prisiones de Georgia fijará la fecha y hora de la ejecución. La estrategia habitual del Departamento consiste en fijar la fecha el primer día autorizado por la orden, en este caso el 21 de septiembre.Troy Davis fue condenado a muerte en 1991 por el asesinato del agente de policía Mark Allen MacPhail, cometido en Savannah, Georgia, en 1989. No existe ninguna prueba material que vincule directamente a Davis con el asesinato, y el arma del crimen nunca se encontró. La acusación contra Troy Davis se basaba principalmente en declaraciones de testigos presenciales. Desde su juicio, siete de los nueve testigos clave se han retractado de su testimonio o lo han modificado, y algunos han denunciado coacción policial.En 2009, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó una vista probatoria federal para examinar la alegación de inocencia de Troy Davis. En la vista, celebrada en junio de 2010, el juez federal de primera instancia William Moore abordó si Troy Davis podía demostrar "con pruebas claras y convincentes que ningún jurado razonable lo habría declarado culpable a la luz de las nuevas pruebas" surgidas desde su juicio por asesinato en 1991. De acuerdo con esta norma "extraordinariamente elevada", escribió el juez Moore en su opinión de agosto de 2010, "el Sr. Davis no es inocente". Sin embargo, en el resto de su resolución reconoció que las nuevas pruebas presentadas por Troy Davis arrojaban algunas dudas "adicionales, mínimas" sobre su declaración de culpabilidad, y que el caso de la acusación no estaba "blindado". Según el juez Moore, en 1991 el jurado había declarado a Troy Davis culpable "más allá de una duda razonable", "pero no con una certeza matemática". En 2007, Troy Davis estuvo a menos de 24 horas de ser ejecutado, pero la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia dictó una suspensión. La Junta declaró entonces que no permitiría que se llevara a cabo una ejecución "a menos y hasta que sus miembros estén convencidos de que no cabe duda respecto a la culpabilidad del acusado". Desde entonces, Troy Davis se ha enfrentado a otras dos fechas de ejecución, ambas en 2008, que fueron suspendidas por los tribunales. ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en su propio idioma:? reconociendo la gravedad del delito por el que Troy Davis fue condenado a muerte;? señalando que persisten las dudas sobre el caso incluso después de la vista probatoria federal de 2010;? señalando que la Junta actúa como mecanismo de seguridad contra el error irreversible, y recordando la declaración que la Junta emitió en 2007 respecto a que no permitiría que se llevara a cabo ninguna ejecución en la que existiera alguna duda sobre la culpabilidad del preso;? señalando las pruebas sustanciales sobre la falibilidad del sistema de justicia capital;? pidiendo a la Junta que otorgue el indulto a Troy Davis y conmute su condena de muerte.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE, Y ANTES DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011, A:Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado2 Martin Luther King, Jr. Drive, SE Suite 458, Balcony Level, East Tower Atlanta, Georgia 30334-4909, EE. UU.Correo-e.: Clemency_Information@pap.state.ga.us y Webmaster@pap.state.ga.us Fax: +1 404 651 8502Tratamiento: Dear Board members / Sres. Miembros de la Junta
Envíen también copia a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la primera actualización de AU 110/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/028/2011/es ACCIÓN URGENTETROY DAVIS SE ENFRENTA A UNA EJECUCIÓN INMINENTE EN GEORGIAINFORMACIÓN COMPLEMENTARIAEn los últimos cuatro años, tres estados de Estados Unidos -Nueva Jersey, Nuevo México e Illinois- han promulgado legislación para abolir la pena de muerte. Al firmar la entrada en vigor de estas leyes, los tres gobernadores señalaron el riesgo de un error irreversible en un sistema imperfecto como motivo para respaldar la abolición. En 2007, el gobernador de Nueva Jersey, Jon Corzine, dijo que "el gobierno no puede proporcionar una pena de muerte infalible que excluya la posibilidad de ejecutar a un inocente". En 2009, el gobernador Bill Richardson, de Nuevo México, dijo que, para ejecutar una pena irrevocable, "debemos tener la confianza -yo diría la certeza- absoluta de que el sistema carece de defectos o prejuicios". Este, añadió, "no es evidentemente el caso". En marzo de 2011, el gobernador de Illinois, Pat Quinn, dijo que el sistema de justicia capital adolecía de "defectos inherentes" y que era "imposible diseñar un sistema que sea coherente, que esté libre de discriminación por razón de raza o de circunstancias geográficas o económicas, y que nunca se equivoque". Según dijo, "como estado, no podemos tolerar la ejecución de inocentes, porque esas acciones afectan a la legitimidad misma del gobierno".Más de 130 personas han sido excarceladas de los "corredores de la muerte" de Estados Unidos desde 1976 tras demostrarse su inocencia. En todos esos casos, los acusados habían sido declarados culpables más allá de una duda razonable. Entre otras cosas, sus casos revelaron la frecuente falta de fiabilidad de las declaraciones de los testigos oculares. En el caso de Troy Davis, la mayoría de los testigos que declararon contra él se han retractado desde entonces o han realizado declaraciones juradas en las que afirman otra cosa. Sin embargo, un condenado que trate de basarse en la declaración revisada de un testigo se enfrenta al gran obstáculo que supone el hecho de que el veredicto del jurado original tiene primacía. En la vista probatoria de junio de 2010 ante el tribunal federal de primera instancia, la fiscal de Georgia alegó que "todos los tribunales de todos los niveles de Estados Unidos han declarado que no son favorables a las retractaciones, las miran con gran escepticismo, son poco fiables". Sobre el caso de Troy Davis, la fiscal concluyó: "Esta era su oportunidad. La norma es sumamente elevada [ …], no la han cumplido". Uno de los testigos que compareció en la vista fue Benjamin Gordon, quien en 2008 había firmado una declaración en la que aseguraba que un sospechoso alternativo (un familiar suyo por matrimonio) le había dicho que él había disparado al agente MacPhail. En la vista, Benjamin Gordon afirmó por primera vez que, en realidad, él había visto a ese individuo disparar contra el policía. Benjamin Gordon, que en el momento del delito acababa de cumplir 16 años, afirmó de nuevo que la policía lo había coaccionado para que firmara una declaración en la que implicara a Davis. Según dijo, no había declarado antes que había visto quién disparó al agente porque tenía miedo, y finalmente había decidido "venir hoy y simplemente hacer que se sepa la verdad". El juez Moore concluyó que Benjamin Gordon no era "un testigo digno de crédito". La comunidad internacional ha acordado una serie de salvaguardias para los casos de pena capital en los países que aún mantienen la pena de muerte. Una de estas salvaguardias se refiere a la carga de la prueba en los casos de pena de muerte, y dice: "Sólo se podrá imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos". La carga de la prueba "extraordinariamente elevada" elegida por el juez Moore brinda una protección inferior a esta. El indulto del ejecutivo está previsto para que actúe como válvula de seguridad cuando los tribunales no hayan querido o no hayan podido actuar. Por ejemplo, en septiembre de 2010, el gobernador de Ohio conmutó la condena de muerte de Kevin Keith por cadena perpetua. El gobernador dijo que, pese a las pruebas circunstanciales que relacionaban a Kevin Keith con el delito, "se han planteado muchas dudas legítimas respecto a las pruebas en las que se basó la condena y respecto a la investigación que condujo a ella" (véase http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/079/2010/es).Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. En Estados Unidos, desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977, se han llevado a cabo 1.266 ejecuciones, incluidas 32 en lo que va de año. Ha habido 51 ejecuciones en Georgia, tres este año. Si desean más información sobre el caso de Troy Davis, consulten USA: ‘Unconscionable and unconstitutional’: Troy Davis facing fourth execution date in two years, mayo de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/069/2009/en y USA: Less than ‘ironclad’, less than safe, 27 de agosto de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/077/2010/en