22 agosto 2016
Tolerancia cero para los Estados que burlan las obligaciones contraídas en virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas
Los Estados deben garantizar que el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA) cumple su promesa de salvar vidas y proteger los derechos humanos frente a los devastadores efectos del comercio internacional de armas, y para ello deben tomar medidas concretas y transparentes para una implementación más efectiva. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

La segunda Conferencia de los Estados Partes en el TCA se celebra en Ginebra del 22 al 26 de agosto, y a ella asistirán cientos de delegados y delegadas de más de un centenar de países. Es un momento clave para que los Estados Partes se hagan rendir cuentas mutuamente por la implementación del tratado, y para que debatan maneras de reforzarlo.

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"El TCA tiene el potencial de salvar millones de vidas, por lo que resulta especialmente alarmante que los Estados que lo han firmado o incluso ratificado parezcan pensar que pueden seguir suministrando armas a fuerzas de las que se sabe que cometen y facilitan crímenes de guerra, y sigan concediendo licencias de exportación incluso cuando existe un riesgo preponderante de que dichas armas contribuyan a graves violaciones de derechos humanos", ha manifestado Brian Wood, director de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

"Debe haber tolerancia cero para los Estados que creen que pueden limitarse a cumplir de boquilla el TCA. La necesidad de una implementación más efectiva es dolorosamente obvia: desde Yemen hasta Siria, pasando por Sudán del Sur, las bombas matan y mutilan terriblemente a niños y niñas, se amenaza y detiene a civiles a punta de pistola, y los grupos armados cometen abusos con armas fabricadas por países vinculados por el tratado."

Transferencias poco escrupulosas

Estados Unidos, que ha firmado el TCA, y algunos Estados miembros de la UE que lo han ratificado (como Bulgaria, la República Checa, Francia o Italia) han seguido transfiriendo profusión de armas pequeñas, armas ligeras, munición, vehículos blindados y material policial a Egipto, pese a la brutal represión de la disidencia ejercida por las autoridades de ese país, que ha dado lugar al homicidio ilegítimo de cientos de manifestantes, a miles de detenciones y a denuncias de tortura por parte de detenidos desde 2013.

En 2014, por ejemplo, Francia concedió licencias de exportación que volvían a incluir avanzados vehículos blindados Sherpa utilizados por las fuerzas de seguridad para matar a cientos de manifestantes en la sentada de Rabaa al Adawiya tan sólo un año antes.

Las armas proporcionadas por los signatarios del TCA también han seguido alimentando sangrientas guerras civiles. Por ejemplo, en 2014, Ucrania aprobó la exportación de 830 ametralladoras ligeras y 62 ametralladoras pesadas a Sudán del Sur. El 19 de marzo de 2015, seis meses después de firmar el TCA, las autoridades ucranianas concedieron una licencia de exportación para suministrar a Sudán del Sur un número no revelado de helicópteros de ataque Mi-24 operativos. Tres de esos helicópteros de ataque están siendo utilizados actualmente por las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur, que, al parecer, aguardan la entrega de otro más.

"Al firmar el TCA, el gobierno de Ucrania acordó no emprender ninguna acción que minara el objeto y el propósito del tratado, lo cual incluye garantizar que no se transfieren armas si se sabe que pueden ser utilizadas para cometer crímenes de guerra, incluidos ataques contra civiles. Resulta imposible cuadrar las decisiones de Ucrania respecto a la exportación de armas con lo que está sucediendo en Sudán del Sur, donde se ha atacado y matado a civiles que se refugian en hospitales y lugares de culto y viven bajo la protección de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU", ha manifestado Brian Wood.

"Igual de difícil resulta imaginar cómo pueden los Estados de la UE que son partes en el TCA haber presenciado la violenta represión ejercida por el Estado en Egipto y haber concluido que la transferencia de armas a las fuerzas de seguridad interna de ese país cumple las normas del tratado."

Lagunas en la presentación de informes

La constante falta de informes por parte de algunos Estados Partes sobre los detalles de sus importaciones y exportaciones de armas constituye una violación del tratado. El TCA exige a los Estados Partes dos informes específicos: un informe inicial sobre las medidas adoptadas para implementar el tratado, incluidas leyes, normativas y otras medidas administrativas nacionales, que debía haber sido presentado antes de diciembre de 2015; y un informe anual sobre las exportaciones autorizadas o reales de armas, que debía haber sido presentado antes del 31 de mayo de 2016.

Amnistía Internacional ha observado con alarma que, a 17 de agosto, el 27 por ciento de los Estados Partes que tenían informes pendientes no habían presentado el informe inicial de implementación, y el 27 por ciento aún no había presentado su informe anual sobre importaciones y exportaciones de armas.

En la actualidad, a los Estados que se han unido al TCA no se les exige explícitamente que hagan públicos sus informes, y la plantilla provisional de informe sobre importaciones y exportaciones de armas contiene una casilla donde los Estados pueden simplemente señalar si desean que sus informes sean públicos o no. Moldavia y Eslovaquia han elegido que sus informes anuales sobre importaciones y exportaciones de armas sean confidenciales.

"Que los gobiernos puedan aún optar por esconder los datos de cualquiera de sus exportaciones de armas, o todas ellas, hará prácticamente imposible que los parlamentos, los medios de comunicación y la sociedad civil evalúen si se están cumpliendo objetivos clave en materia de derechos humanos", ha manifestado Brian Wood.

"Todos los Estados Partes deben presentar sus informes requeridos cuanto antes, deben hacerlos públicos en Internet y deben explicar los motivos de cualquier demora."

Garantías de uso final por parte de los importadores

Amnistía Internacional pide un requisito crucial: que los exportadores de armas no aprueben ninguna transferencia hasta que los Estados importadores proporcionen garantías legalmente vinculantes que aseguren que los usuarios finales previstos para esas armas respetarán los derechos humanos y el Estado de derecho.

En la actualidad, no se está evaluando adecuadamente el impacto de las transferencias de armas en los derechos humanos, pese a que ese era uno de los objetivos del TCA. Por ejemplo, desde marzo de 2015, el Departamento de Estado estadounidense ha aprobado posibles ventas de material militar y apoyo logístico a Arabia Saudí por valor de más de 24.000 millones de dólares, y entre marzo de 2015 y junio de 2016 Reino Unido aprobó la exportación de armas por valor de 3.400 millones de libras esterlinas a ese mismo país. Estas aprobaciones se concedieron cuando la coalición encabezada por Arabia Saudí estaba llevando a cabo ataques aéreos y terrestres continuos, indiscriminados y desproporcionados -algunos de los cuales pueden constituir crímenes de guerra- contra civiles en Yemen.

"Salvar vidas y respetar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos debe ser una condición de las garantías de uso final", ha manifestado Brian Wood.

"Unas garantías de uso final ineludibles atenuarían además el riesgo de que las armas se transfieran o desvíen a grupos no autorizados o para usos finales ilegales y no deseados que puedan violar el TCA."

Información complementaria

Tras 20 años de trabajo decidido de campaña y captación de apoyos de Amnistía Internacional y otras ONG asociadas, el 2 de abril de 2013 la Asamblea General de la ONU votó de manera decisiva a favor de aprobar el texto del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). El tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, lo que significaba que se convertía oficialmente en derecho internacional para todos los Estados que lo hubieran ratificado o se hubieran adherido a él.

El TCA es un tratado mundial que establece, por primera vez, prohibiciones para detener la transferencia internacional entre Estados de armas, municiones y artículos afines cuando se sabe que se podrían utilizar para cometer o facilitar genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Las disposiciones clave de derechos humanos del tratado están contenidas en el artículo 6, que prohíbe las transferencias cuando existan motivos de preocupación en materia de derechos humanos, y en el artículo 7, que establece la evaluación del riesgo de que las armas exportadas puedan tener "consecuencias negativas" para la paz, la seguridad y los derechos humanos. El tratado no exige un "balance" de los riesgos de la exportación, sino que dice que los Estados Partes deben realizar una evaluación exhaustiva del riesgo de "consecuencias negativas" de cada posible exportación.

En los poco más de dos años transcurridos desde que se adoptó el tratado, lo ha firmado la impresionante cifra de 130 Estados, de los que 43 aún no lo han ratificado. En contra de las expectativas de algunos diplomáticos, hasta el momento han ratificado el tratado un total de 87 Estados, entre ellos cinco de los diez principales exportadores de armas: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. Sin embargo, Rusia y China, que realizan grandes transferencias de armas, no se han unido al tratado, y han suministrado armas a responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Una delegación de Amnistía Internacional compuesta por siete personas asistirá a la segunda Conferencia de los Estados Partes en Ginebra para captar apoyos sobre cuestiones clave y recopilar información sobre la situación de países que aún no han ratificado el tratado ni se han adherido a él.