26 mayo 2014
Tailandia: Las detenciones por las protestas sientan un peligroso precedente
El nuevo régimen militar de Tailandia ha impuesto fuertes restricciones sobre la libertad de expresión y reunión, que deben ser retiradas de inmediato, ha dicho Amnistía Internacional hoy, tras la disolución por parte del ejército de una protesta pacífica y la detención de al menos tres personas, según los informes.

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La organización también ha pedido al régimen militar que aclare inmediatamente el paradero de decenas de dirigentes políticos, según informes recluidos en lugares desconocidos, y que permita que accedan a asistencia letrada.

Cientos de personas se congregaron hoy en el centro de Bangkok para exigir la vuelta a un régimen civil. Tras varias horas de protesta, el ejército dispersó a los manifestantes a última hora de la tarde hora local. Según los informes, fueron detenidos al menos tres manifestantes.

"Cuando los soldados detienen a personas que protestan pacíficamente, sientan un peligroso precedente, ya que las personas que simplemente expresan su opinión no deben ser penalizadas. Es fundamental que el ejército muestre contención, pues las manifestaciones en demanda de un régimen civil podrían intensificarse", ha dicho Richard Bennett, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. "El mantenimiento del orden público no puede servir de excusa para violar los derechos humanos", enfatizó.

El ejército tailandés ha suspendido la Constitución del país excepto en sus artículos relativos a la monarquía y ha prohibido las reuniones de más de cinco personas. Además, están prohibidas las informaciones en las que se viertan críticas al ejército y la ley marcial, y esta prohibición se extiende a las redes sociales.

Se ha prohibido salir del país a más de 150 importantes personalidades, entre ellas destacados políticos, y en los últimos días, según los informes, se ha detenido y enviado a paradero desconocido a decenas, incluida la primera ministra recientemente derrocada, Yingluck Shinawatra.

"Resulta muy preocupante que el ejército haya decidido detener a dirigentes políticos. El régimen debe aclarar inmediatamente el fundamento jurídico de esta decisión y el paradero de los detenidos. No debe detenerse a nadie por su afiliación u opinión política pacífica", ha dicho Richard Bennett.

"Estas personas deben quedar en libertad, salvo que se las acuse de algún delito común reconocible y un tribunal civil independiente ordene su ingreso en prisión."

Las fuerzas de seguridad deben recibir instrucciones claras de no cometer tortura ni otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, y saber que aquellos de sus miembros sospechosos de cometer tales violaciones serán puestos en manos de la justicia.