La decisión de la Corte Suprema de Brasil de extraditar al coronel uruguayo Luis Cordero Piacentini a la Argentina abre una gran puerta para el esclarecimiento de los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, dijo hoy Amnistía Internacional.
Cordero está acusado de la desaparición de ciudadanos uruguayos y argentinos en el contexto del Plan Cóndor -- incluyendo el secuestro de Adalberto Soba Fernández, quien tenía tan solo 20 días cuando fue ilegalmente apropiado y entregado en adopción en 1976.
"Al decidir enviar a Cordero a la Argentina, la Corte Suprema de Brasil está demostrando que la justicia internacional funciona y enviando el fuerte mensaje de que ningún país debe ser refugio para criminales," dijo Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional.
"Lo que resta aún es que Brasil investigue y haga justicia en los cientos de casos de abusos que se cometieron durante su propio régimen militar," dijo Hugo Relva. "Un primer y fundamental paso para esto es la derogación de la anacrónica Ley de Amnistía."
La decisión de la Corte Suprema del Brasil fue adoptada a raíz del pedido de extradición formulado en marzo de 2005 por la justicia federal argentina, que investiga los crímenes cometidos en el ex centro de detención clandestino conocido como Automotores Orletti, en Buenos Aires. El ex coronel Manuel Cordero es también reclamado por la justicia Uruguaya, que lo sospecha vinculado a la desaparición forzada de ciudadanos uruguayos en Buenos Aires, en el marco del llamado Plan Cóndor.
Amnistía Internacional también recuerda a los Estados su obligación de conceder las extradiciones de personas implicadas en crímenes de derecho internacional. También ha afirmado que, cuando existan razones fundadas que impidieran conceder una extradición - por ejemplo, el riesgo de la aplicación de la pena de muerte o torturas en el estado requirente - todos los estados tienen la obligación, bajo el derecho internacional, de someter el caso al conocimiento de la justicia nacional.
Información general El Plan Cóndor fue la coordinación entre los gobiernos militares del Cono Sur - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay - para eliminar a sus "opositores" en los años 70 y 80. Este plan se llevó a cabo mediante ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de miles de personas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
La gran mayoría de los responsables de esos crímenes aún no han sido identificados ni han comparecido ante la Justicia. En muchos casos continúan gozando de los beneficios otorgados por leyes de amnistía u otras medidas similares. En general ni las víctimas sobrevivientes ni sus familiares han visto respetado su derecho a conocer la verdad de los hechos y a obtener reparaciones integrales.