05 junio 2014
Perú: A cinco años de la violencia en Bagua y aún sin justicia para las víctimas
Las autoridades peruanas deben asegurar que todos aquellos sospechosos de responsabilidad penal en los trágicos acontecimientos de Bagua sean puestos a disposición de la justicia, ha señalado Amnistía Internacional a propósito del quinto aniversario de este suceso que dejó un saldo de 33 muertos y un desaparecido.

Ese día murieron manifestantes y policías cuando las fuerzas policiales se enfrentaron a un grupo de indígenas que protestaba contra una serie de leyes promulgadas el 2009 que permitían la explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras ancestrales. Durante este violento enfrentamiento murieron 23 policías y 10 civiles.

Asimismo, centenares de civiles resultaron heridos. Hasta el momento solo se han abierto siete procesos judiciales, seis de ellos contra indígenas awajún y wampís y uno contra agentes policiales. "Si las autoridades peruanas están genuinamente comprometidas con la justicia, se debe procesar debidamente a los sospechosos de haber ocasionado esas muertes; no basta con castigar a los manifestantes e ignorar los abusos que puede haber cometido la policía", ha señalado Guadalupe Marengo, Directora del Programa para las Américas de Amnistía Internacional.

La violencia se desató el 5 de junio de 2009 cuando un contingente policial se trasladó a la zona conocida como ‘La curva del Diablo’, en la carretera Fernando Belaúnde Terry, muy cerca de Bagua, en el departamento de Amazonas, Perú. En esa confrontación, doce policías y diez civiles fueron asesinados. Un policía más, el Mayor Felipe Bazán, permanece desaparecido hasta el momento. Asimismo, se reportó 200 heridos, de los cuales 80 recibieron disparos. Al día siguiente fueron asesinados otros once policías que permanecían como rehenes de manifestantes indígenas en una estación petrolera cercana al pueblo de Imacita, también en la provincia de Bagua.

El juicio oral a 53 personas, la gran mayoría perteneciente a las etnias awajún y wampís, se inició el 14 de mayo de este año. Se les acusa de ser responsables de los actos de violencia que resultaron en la muerte de doce policías el 5 de junio de 2009. Este es tan solo uno de varios procesos judiciales abiertos después de estos sucesos de violencia. Tres de esos juicios ya han concluido, pero hasta la fecha poco se hacho para determinar la responsabilidad de los agentes de seguridad del Estado.

Del mismo modo, no ha habido progreso alguno en investigar a las autoridades políticas que ordenaron el operativo policial desde Lima. Los manifestantes actualmente procesados podrían recibir sentencias que van desde los 6 años de cárcel hasta cadena perpetua. No obstante, abogados especialistas en DDHH han señalado que no existe evidencia sólida para inculpar a ninguno de los acusados por los crímenes de los que se les acusa.

"Amnistía Internacional estará observando de cerca el juicio a estas personas. Los responsables por la tragedia de Bagua deben ser entregados a la justicia, pero debe asegurarse, por sobre todas las cosas, que se seguirá el debido proceso. Si las autoridades a cargo no logran presentar evidencia sólida para incriminar a los acusados, estos deben ser puestos en libertad de inmediato. De lo contrario, no se estará haciendo justicia", dijo Guadalupe Marengo. "Las autoridades deben aprender las lecciones de Bagua. Hasta que el Estado no cumpla con su deber de respetar los derechos de los indígenas, el riesgo de que se repita otro incidente como el de Bagua persiste", acotó.

Amnistía Internacional hace un llamado al Estado peruano para que proteja y haga valer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y puedan tener voz y voto debidamente informado en todos los asuntos que les conciernan.