08 enero 2016
Organizaciones de derechos humanos exigen justicia para las víctimas de Bagua y un juicio justo para los procesados.
En los próximos días, se espera que se dicte sentencia en el juicio denominado "La Curva del Diablo", que se sigue contra 53 personas, incluidos miembros y líderes de comunidades indígenas acusados de la muerte de 12 policías y de las lesiones causadas a otros 18, en 2009, en Bagua, departamento de Amazonas.

Seis años después de los trágicos sucesos de Bagua que llevaron a la muerte de 33 personas, incluidos 23 policías, y a graves violaciones de los derechos humanos, este juicio ofrece al Perú la oportunidad de comenzar a cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a las víctimas y a sus familiares.

Las organizaciones abajo firmantes, que hemos seguido estos sucesos desde 2009, incluyendo el desarrollo de las investigaciones y los procesos judiciales iniciados para esclarecer las responsabilidades de tan lamentables hechos, instamos a las autoridades a que en esta búsqueda de justicia se garantice escrupulosamente el derecho de los acusados al debido proceso. Esta será la única manera de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y una reparación adecuada para las víctimas y sus familiares.

Los familiares de las víctimas, los procesados, y la población en general tienen el derecho de que se haga justicia de forma independiente e imparcial, para lo cual es fundamental que las sentencias contra los 53 procesados se basen únicamente en hechos que hayan sido probados a través de evidencias sólidas e irrefutables. Si el Estado no demuestra su responsabilidad individual en los delitos imputados, estos deben ser liberados inmediata e incondicionalmente.

El garantizar un juicio justo es un requisito fundamental en cualquier proceso judicial, pero aún más vital en este caso, donde entre los acusados se encuentran miembros de poblaciones indígenas que han sido marginalizados por décadas y han visto sus derechos humanos violados. Debe recordarse que cuando los pueblos indígenas bloquearon la vía pública en Bagua fue en defensa de sus derechos y como último recurso ante la total falta de voluntad de las autoridades para escuchar y atender sus legítimos reclamos.

En este sentido, las organizaciones abajo firmantes recuerdan a las autoridades que para garantizar que los acusados reciben un juicio justo, los procesados deben ser tratados igual ante la ley. Para los miembros de poblaciones indígenas esto significa tener en cuenta sus costumbres, sistemas normativos y cosmovisiones.

Es igualmente fundamental, por cuanto este juicio trata únicamente sobre una parte de una tragedia que costó la vida a 33 personas, que el Estado garantice el derecho a la verdad, a la justica y a la reparación de todas las victimas que sufrieron abusos y violaciones como consecuencia de aquel operativo policial y de los enfrentamiento y actos violentos que le siguieron. El juicio de "La Curva del Diablo" debe ser el primer paso para esclarecer todas las responsabilidades de todos los hechos sucedidos en la provincia de Bagua el día 5 de junio y de acuerdo a derecho. Para ellos es imperativo avanzar con los otros procesos y determinar todas las responsabilidades a todos los niveles, incluida la de los miembros de las fuerzas del orden y autoridades gubernamentales.

El Estado tiene asimismo el deber de garantizar que los abusos no se repitan para lo cual es esencial que se continúen tomando medidas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluidos sus derechos al consentimiento previo, libre e informado, a sus tierras ancestrales y medios de subsistencia, poniendo así fin de una vez por todas a la discriminación de que han sido objeto durante generaciones.

 

Información adicional

En 2009 miles de manifestantes indígenas bloquearon una carretera durante más de 50 días en la región amazónica para protestar contra una serie de decretos leyes que, en su opinión, afectaban a su derecho fundamental a la tierra y a los recursos naturales y, por tanto, a sus medios de subsistencia.

El 5 de junio, 33 personas, incluidos 23 agentes de policía, perdieron la vida y al menos 200 manifestantes resultaron heridos al intervenir la policía con el fin de despejar la carretera. La policía hizo uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes, y en su actuación presuntamente hirió y mató a personas no relacionadas con la protesta. Decenas de personas detenidas denunciaron posteriormente malos tratos policiales.

Los manifestantes presuntamente mataron a 11 agentes de policía a los que mantenían como rehenes, y a otros 12 durante la operación policial. Hasta la fecha, sigue sin conocerse el paradero de uno de los policías que habían participado en la operación.

Producto de estos hechos se promovieron siete procesos penales, entre los cuales resaltan el llamado "La Curva del diablo" y "La Estación 6", contra indígenas por la muerte de los 23 policías; y dos procesos más en Bagua chica y Bagua Grande por la muerte de civiles, en los cuales se comprendía a las autoridades políticas de entonces. Estas dos denuncias no han avanzado y en un caso está archivada.