30 mayo 2012
Muertes de campesinos en Espinar: Amnistía Internacional urge adecuar el uso de la fuerza policial a las normas internacionales
Amnistía Internacional lamenta profundamente las muertes de dos campesinos en la provincia de Espinar (Cusco) ocurridas el 28 de mayo debido al uso de la fuerza por parte de la policía.

En los últimos meses, otras ocho personas han muerto por el uso de la fuerza policial en el marco de protestas sociales. El 3 de diciembre, se produjo en Cañete la muerte de Pierre Gonzales, el 14 de marzo fallecieron Carlos Lanci Yumbato, Julio Ticona Medina y Francisco Areque Jipa durante las protestas de los mineros informales en Puerto Maldonado. Dos semanas después, murieron en Sechura, Christian Alvarado Frías y Luis García Guerrero mientras la policía reprimía una protesta de pescadores. A fines de abril, fallecieron en Paita el pescador Robert Castillo Paúcar y el adolescente Carlos Alberto R.C. cuando la policía reprimía otra protesta de los pescadores. Además, muchas personas han quedado heridas debido a la represión policial, siendo el caso más grave el de Elmer Campos, campesino de Celendín que protestaba contra el proyecto Conga y ha quedado parapléjico.

Amnistía Internacional subraya las preocupaciones de la Defensoría del Pueblo en su Informe 156, donde señala el elevado número de muertes producidas por la represión policial en los últimos años. La Defensoría del Pueblo recuerda que muchas víctimas de la intervención policial no tenían relación con las protestas. Esa misma fue la situación de Christian Alvarado en Sechura y del adolescente muerto en Paita.

Amnistía Internacional pide al gobierno peruano, que frente a las protestas sociales que se vienen suscitando en diversas partes del país, instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida, como señalan los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobados por las Naciones Unidas en 1990.