La muerte de al menos cuatro personas, incluido el embajador estadounidense en Libia, J. Christopher Stephens, en un ataque contra las instalaciones del consulado de EE. UU. en Bengasi que se saldó con varios heridos es un acto inexcusable y los perpetradores deben comparecer ante la justicia, ha declarado Amnistía Internacional. Según la información que ha recabado Amnistía Internacional, el ataque contra el consulado estadounidense en Bengasi, en la región oriental de Libia, a manos de un grupo de hombres armados, comenzó la noche del 11 de septiembre y duró alrededor de dos horas.Se cree que los atacantes emplearon granadas propulsadas por cohetes y armas antiaéreas, y que siguieron atacando al personal del consulado cuando éste trataba de huir dirigiéndose a la zona residencial de las instalaciones.El ataque causó la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas el embajador de EE. UU., que estaba de visita en Bengasi. Según informes, la policía y otros agentes de seguridad se vieron desbordados y huyeron del lugar."Condenamos este calculado ataque contra unos civiles que intentaban huir del consulado estadounidense y ponerse a salvo. Este ataque no tiene justificación y los perpetradores deben comparecer ante la justicia", declaró Suzanne Nossel, directora ejecutiva de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional.El Ministerio del Interior libio ha afirmado públicamente que el ataque tiene relación con las protestas que estallaron tras la publicación en Internet de ciertos fragmentos traducidos al árabe de una película realizada por un propagandista antiislámico desde EE. UU.En los fragmentos se representa al profeta Mahoma y a otras figuras veneradas por los musulmanes de un modo insultante, lo que ha ofendido profundamente a muchos musulmanes."Por ofensiva que sea esta película, no excusa en modo alguno estas muertes ni este violento ataque. Aunque la religión y la cultura tienen una importancia fundamental para la vida de muchas personas, no pueden justificar los abusos contra los derechos humanos", afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional."El ataque demuestra una vez más la necesidad de que las autoridades libias pongan freno a los grupos armados y a las milicias que actúan por encima de la ley."En unas declaraciones recientes, el Congreso Nacional General expresó su compromiso con penalizar y castigar los actos de homicidios ilegítimos, tortura y desorden en general.Sin embargo, un año después de que Trípoli cayera en manos de los combatientes revolucionarios, los grupos armados siguen cometiendo violaciones de derechos humanos como homicidios ilegítimos, arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y desplazamientos forzosos. Los perpetradores siguen sin ser castigados.Las autoridades libias deben realizar una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, y hacer que los responsables de los homicidios comparezcan ante la justicia en juicios justos y sin posibilidad de imposición de la pena de muerte.Los Estados deben proteger la vida y la seguridad de todas las personas que están bajo su jurisdicción. Al hacerlo, deben respetar estrictamente las leyes y normas internacionales de derechos humanos, lo que incluye respetar el derecho a la libertad de reunión pacífica, y aplicar medidas proporcionadas para hacer cumplir la ley a fin de mantener el orden público."Los recientes ataques y las violaciones de derechos humanos que siguen cometiendo los grupos armados, así como el hecho de que el Estado no proteja a la población civil ni haga cumplir las leyes nacionales e internacional, ensombrecen el futuro de Libia", concluyó Hassiba Hadj Sahraoui."Existe el riesgo real de que se reproduzcan y consoliden los mismos abusos que inspiraron la 'Revolución del 17 de febrero'."