12 noviembre 2014
Las viviendas palestinas como objetivo
al Bayoumi family house

Por Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional

Han pasado casi tres meses desde el final del último conflicto, pero las montañas de escombros y los esqueletos vacíos de las viviendas familiares en Gaza recuerdan dolorosamente la muerte y la destrucción provocadas por la última operación militar de Israel que azotó la zona en julio y agosto de este año.

Los tres nietos de Mohammad Akram al-Hallaq estaban viendo dibujos animados en el cuarto de la televisión el 20 de julio cuando impactaron contra la casa tres misiles. Las paredes se derrumbaron en una avalancha de escombros, y el techo y el suelo de la habitación se deshicieron, convirtiéndose en montones de polvo y piedras. Ninguno de los niños sobrevivió. Ocho personas, todas civiles, entre ellas otros cuatro niños de otra familia que vivía en el edificio, también murieron.

En toda Gaza se repitieron escenas similares. Al menos 18.000 viviendas quedaron destruidas o sufrieron daños irreparables, y más de 1.500 civiles palestinos murieron durante la Operación "Margen Protector". En Israel, murieron al menos seis civiles, uno de ellos menor, a causa del lanzamiento indiscriminado de cohetes al otro lado de la frontera por grupos armados palestinos.

En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional desvela los detalles de una serie de ataques israelíes en Gaza contra viviendas de familias palestinas. Muchas de las viviendas atacadas estaban abarrotadas de personas que se habían refugiado en casa de sus familiares tras huir de otras zonas de Gaza asoladas por la guerra.

Con estos indicios, ahora podemos decir con certeza que las fuerzas de Israel mostraron un terrible desprecio por las vidas de la población civil, arrasando edificios enteros en los que se alojaban decenas de residentes en varios ataques gravemente desproporcionados llevados a cabo sin aviso previo. Los indicios apuntan claramente a que algunos de estos ataques ilícitos son crímenes de guerra.

Un total de al menos 104 civiles, incluidos 62 niños, murieron en ataques injustificados contra ocho viviendas. Tales muertes podrían y deberían haberse evitado. A la población civil no se le dio aviso alguno ni tuvo ocasión de huir. Las leyes de la guerra (el derecho internacional humanitario) prohíben estrictamente los ataques deliberados contra la población civil. Y disponen que se tomarán todas las precauciones factibles, incluido dar aviso, para reducir al mínimo el peligro para la población civil.

Los ataques que se prevé que causarán gran número de víctimas civiles es probable que sean desproporcionados y deben cancelarse. Pero hubo varios casos en los que se pasaron por alto estas obligaciones fundamentales.

Las autoridades israelíes no han respondido a los difíciles interrogantes que plantean estos ataques. De hecho, ni siquiera han reconocido su responsabilidad en ellos. Israel tiene la capacidad técnica necesaria para llevar a cabo ataques precisos contra objetivos concretos causando mucha menos devastación: ¿por qué en cambio sus fuerzas optan una y otra vez por arrasar edificios enteros llenos de civiles? ¿Qué objetivos se pretendía alcanzar? ¿Por qué no se avisó de forma efectiva?

Estos incidentes no fueron aislados, se inscribieron en una pauta de ataques contra viviendas habitadas que se desarrolló a lo largo de toda la operación, con indiferencia hacia el sufrimiento de la población civil palestina y desprecio hacia las obligaciones de Israel con arreglo al derecho internacional humanitario.

En los decenios de conflicto, ambas partes han demostrado escasa consideración por la población civil. Los grupos armados palestinos han lanzado indiscriminadamente cohetes contra Israel, han almacenado armas en escuelas y han lanzado cohetes cerca de viviendas civiles. Hasta ahora, nada indica que las violaciones perpetradas por ninguna de las partes hayan traído seguridad a su población.

La guerra de este año ha sido el tercer gran conflicto que se desarrolla en Gaza desde 2008. El mundo se ha acostumbrado demasiado a las imágenes de cadáveres de gazatíes recuperados entre los escombros y de civiles israelíes corriendo hacia los refugios.

Cuando parece que empiezan a cerrarse las heridas, estalla una nueva oleada de combates.

Pero ni las autoridades palestinas ni Israel han llevado a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las denuncias de crímenes de guerra durante las anteriores hostilidades.

Para acabar con esta devastación y esta destrucción cada vez mayores es necesario poner fin al círculo vicioso de la impunidad. Es preciso investigar de manera independiente e imparcial las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y poner en manos de la justicia a los responsables de crímenes.

Israel debe levantar el sitio de Gaza y garantizar que nunca vuelve a adoptar tácticas que violan los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Y Hamás y los grupos armados palestinos, por su parte, deben terminar con los ataques indiscriminados y las agresiones deliberadas contra la población civil.

Actualmente no parece haber muchas probabilidades de que se haga justicia. Israel ha anunciado una serie de investigaciones que no se ajustan a las normas internacionales, y no hay perspectivas de que garantice justicia y reparación para las víctimas. Tampoco es probable que Hamás o las autoridades palestinas hagan mucho más. Israel se ha negado intencionadamente a cooperar con la Comisión de Investigación de la ONU en la investigación de presuntos abusos contra los derechos humanos perpetrados en el último conflicto, y ha seguido negando el acceso a Gaza a Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

La Corte Penal Internacional (CPI) es fundamental para que los responsables de crímenes de derecho internacional perpetrados en éste y en anteriores conflictos palestino-israelíes comparezcan ante la justicia. Tanto las autoridades israelíes y palestinas como la comunidad internacional deben tomar todas las medidas a su alcance para dar a la fiscal de la CPI la potestad necesaria para hacer lo que las autoridades nacionales no han hecho: investigar de forma independiente e imparcial los crímenes cometidos por todas las partes.

No debemos permitir que la comunidad internacional vuelva a fallarles a las víctimas de violaciones. Quienes ordenaron o cometieron crímenes de guerra deben comparecer ante la justicia o de lo contrario la población civil probablemente pagará un precio aún más alto en la próxima oleada de combates.

Sigue a Salil Shetty en Twitter @salilshetty

Artículo de opinión publicado originalmente en Al-Jazeera.com